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VALOR AGREGADO DEL ENTORNO ECONÓMICO

Conceptos como rentabilidad, eficiencia, sistematización, imagen, servicio, o reingeniería entre otros, son principios a evaluar, cuando de invertir se trata. Ahora bien, no obstante tener un valor agregado que se traduce en confiabilidad, es poca la importancia que se atribuye al dictamen a los estados financieros que emite el Revisor Fiscal.

En efecto, el deficiente papel del Revisor Fiscal en momentos de crisis como la financiera acaecida en 1982, o, para contemporizar, la ausencia oportuna de una denuncia sobre la circulación de capitales de dudosa procedencia tanto en el sector financiero como incluso en la política, lejos de fortalecer la credibilidad y solidez del entorno económico, terminaron por dejar otrora a miles de ahorradores en la calle, y hoy, una crisis institucional y macroeconómica sin antecedentes.

Sin querer presentar un panorama apocalíptico, es menester advertir que los Contadores Públicos deben hacer un alto en el camino y tomar conciencia que en desarrollo de la gestión que les ha sido encomendada, están llamados a brindar confiabilidad y certeza respecto de la situación financiera y económica de los entes que auditan.

Para ello cuentan con un instrumento que la ley da y obliga, cual es el dictamen a los estados financieros, que permite expresar una opinión calificada sobre la razonabilidad de las cifras reflejadas en los mismos, así como plasmar su visión sobre las políticas de la administración y las medidas de control interno implementadas, todo lo cual permitiría al máximo órgano de administración, indicar u ordenar a los ejecutores, la adopción en tiempo, de los correctivos requeridos.

Ahora bien, no obstante disponer de una herramienta de tanta utilidad hoy, como en la crisis de 1982, los Revisores Fiscales se caracterizan en su gran mayoría por ser limpios, lo que traducido en términos coloquiales, significa un... señores, aquí no pasa nada , otorgándose de esta manera una patente de corso a los administradores corruptos, incapaces o inexpertos, quienes provocaron o simplemente afianzaron el descalabro de ayer y la incertidumbre de hoy.

Teniendo en cuenta lo anterior y al ser interrogados por diferentes estamentos de control, incluyendo su propio Tribunal Etico- Disciplinario, sobre las razones por las cuales oportunamente no emitieron dictámenes con salvedades, esto es, con advertencias o discrepancias sobre cifras o manejos administrativos non liquiet, se limitaron sin rubor a responder que no habían advertido la presencia del tigre o en su defecto, que no obstante conocedores de tan significativa circunstancia, denunciarlo les habría implicado perder, en algunos casos el puesto, o en otros, el cliente.

Si se hubiese contado con Revisores Fiscales conscientes de la urgencia de emitir un oportuno dictamen adverso o negativo, entendido éste como un tercer y más drástico nivel de opinión que se torna en denuncia sobre evidentes irregularidades o inocultable crisis, quizás entonces la economía colombiana y hoy buena parte de sus instituciones, no afrontaría las dificultades que siguen padeciendo y, de paso, habría contribuido a fortalecer la imagen de la Contaduría Pública en general y de la institución de la Revisoría Fiscal en especial, la cual es blanco de serias e incuestionables críticas.

Un dictamen, objetivo, profesional, oportuno y si se quiere, valientemente emitido, constituye una indispensable voz de alarma, una prenda de garantía, un replicar de campanas que invita a ilustrar sobre como están las finanzas públicas o privadas en las que todos tenemos menor o mayor interés.

Desde esta óptica, Colombia no puede permitirse más convocatorias a Asambleas o Juntas de Socios dentro del primer trimestre de cada año que comienza, escenario que accionistas, socios o asociados, suelen abandonar omnubilados por unas cifras y resultados de ejercicios contables espléndidos, los cuales, como por arte magia y en muy corto tiempo, se traducen en concordatos, intervenciones o liquidaciones forzadas.

Los Contadores Públicos entonces, deben responder al llamado ciudadano que reclama su legítimo derecho a una información oportuna y veraz, que necesariamente se traduce en valor agregado del entorno económico.

*Presidente de CONFECOP.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Opinión
Fecha de publicación
3 de abril de 1998
Autor
Evelio Benitez*

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