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ESTADO NO PAGA POR DAÑOS DE LA GUERRILLA

El primero de noviembre de 1992, día de los difuntos, una columna guerrillera de más de un centenar de hombres arrasó por completo dos fincas de un ganadero de Córdoba, para vengar, precisamente, a uno de sus muertos.

Los subversivos se tomaron por la fuerza las haciendas Bellavista y Santa Fe, de propiedad de Luis Miguel Fernández, destruyeron edificios y maquinarias, mataron varios animales, quemaron pastos y cultivos y se llevaron vacas y gallinas.
Todo esto en represalia por la muerte de uno de sus líderes, el Comandante Felix , en combates con el Ejército que se produjeron justamente en los terrenos de propiedad de Fernández.
El afectado pidió al Estado que lo indemnizara por los daños producidos por la acción de la subversión en sus propiedades. El Tribunal Administrativo de Córdoba le dio la razón y ordenó darle una millonaria indemnización en compensación por los perjuicios.
Ahora, sin embargo, el Consejo de Estado determinó que las pérdidas ocasionadas por la toma guerrillera, calculadas en 350 millones de pesos, tendrán que ser asumidas por el hacendado, porque el Estado no tiene que pagar por los daños cometidos por la guerrilla.
Quién paga?
En la sentencia, el Consejo hizo un análisis de los casos en los cuales el Estado tiene que responder por los daños provocados por ataques guerrilleros.
Según la corporación, sólo debe hacerlo cuando la Fuerza Pública haya participado activamente en el hecho o haya dejado de cumplir con sus funciones de modo que haya permitido la acción de los grupos delictivos (ver recuadro).
Con estos argumentos, los consejeros encontraron que en el caso bajo su estudio esa responsabilidad no se había producido, por lo cual revocaron el fallo del Tribunal Administrativo de Córdoba que otorgó a Fernández una indemnización superior a los 100 millones de pesos.
El demandante alegaba que aunque a raíz de la muerte del comandante guerrillero en su predio, las Farc comenzaron una campaña de intimidación en su contra, el Ejército no le brindó la protección que pedía.
Según él, aunque las tropas patrullaron la zona, de amplia actividad guerrillera, después de unos días dejaron de hacerlo y no tomaron ninguna otra medida especial de seguridad.
No pedir imposibles
Sin embargo, el Consejo, con ponencia del magistrado Jesús María Carrillo, determinó que sí se patrulló la zona y que a la tropa le era prácticamente imposible instalar de manera permanentemente cuarteles o puestos de vigilancia en los predios del demandante .
De acuerdo con la corporación, no se podía exigir al Ejército cumplir con su deber de proteger a los ciudadanos, más allá de lo que razonablemente le es posible hacerlo.
Mientras el Estado debe velar por todos en todo lugar y en toda hora, partiendo de la prevención, por principio, la actividad delictiva se manifiesta subrepticiamente y con el propósito inmediato y directo de destruir bienes y atentar contra la seguridad de personas en concreto , dijo el Consejo.
De esta manera, aunque el Estado está obligado a velar por los colombianos, hay unos límites en esa exigencia.
El mandato que impone la Carta Política a las autoridades de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación , concluyó la corporación.
Según el catedrático universitario Juan Ca rlos Henao: La jurisprudencia está indicando que los costos de los daños producidos por la guerrilla no van a ser asumidos por el Estado y que en teoría lo que les correspondería realizar a las víctimas sería accionar contra los directamente responsables. Es decir, las personas que componen la guerrilla, con lo cual la garantía del Estado quedaría reducida a nada .
Ataques a las propiedades
La quema y destrucción de propiedades ha sido, desde los tiempos del cartel de Medellín, una de las armas más utilizadas por los grupos violentos para vengarse de sus enemigos y sembrar el terror en la población.
La más encarnizada estrategia de los últimos años, la protagonizaron desde febrero de 1993, el llamado grupo de Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), que en el transcurso de tres meses ejecutaron 14 ataques contra las propiedades del extinto narcotraficante del cartel de Medellín.
La organización, liderada por Fidel Castaño Gil, destruyó dos residencias, una galería de arte, una colección de 11 autos Rolls Royce, Mercedes Benz y Porshe; la discoteca Cama Suelta y el edificio Dallas, en el Area Metropolitana de Medellín.
Además, en el oriente, sur y suroeste antioqueño dinamitaron o incendiaron ocho fincas campestres de propiedad de familiares y allegados a Escobar. Los daños alcanzaron los veinte mil millones de pesos.
La guerrilla, por su parte, no se ha quedado atrás. Dentro de su lucha armada, ha destruido las propiedades de hacendados, ganaderos o dirigentes políticos a los que acusa de ser colaboradores de los paramilitares, o que simplemente se niegan a pagar la vacuna .
En 1996, por ejemplo, los subversivos atacaron en Córdoba y Sucre, 13 fincas y amenazaron con destruir hasta 300. En agosto de 1997, destruyeron una finca de Santiago Uribe Vélez, hermano del ex gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez, y varias propiedades de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura).
Recientemente, según informaciones de inteligencia, han enfilado sus baterías contra el esmeraldero Víctor Carranza y el presunto narcotraficante Leonidas Vargas, con quienes al parecer tienen disputas. En los últimos meses, han dinamitado varias de sus propiedades en Puerto Gaitán (Meta).
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