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DISPARADO GASTO MILITAR

a subversión y la delincuencia común, no guardan relación con el aumento del presupuesto con destino a la fuerza pública, que en el último año alcanzó un 3.1% del PIB, es decir 3,1 billones de pesos, superando el promedio de 2.3 por ciento que presentan las naciones latinoamericanas.

Se trata de una empresa tan poderosa que por sus ingresos se ubica en el tercer puesto en tamaño, después del Sindicato Antioqueño y del Grupo Santo Domingo.\ Según información recogida por la Comisión de racionalización del gasto, el ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, el presupuesto destinado únicamente a sueldos y salarios de la fuerza pública asciende a 1,3 billones de pesos, es decir 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto de la nación, y representa el 53 por ciento de la nómina del gobierno central.\ El pasivo pensional es el más alto de institución alguna en Colombia. Según datos oficiales, en 1996 ascendía a 15.000 millones de dólares, o sea cerca del 15 por ciento del PIB. Este pasivo se tiene contraído con cerca de 360.000 personas, incluidos 90.000 pensionados y retirados.\ A este pasivo pensional con la fuerza pública es necesario agregarle el que tiene el Estado con cerca de 1.1 millones de trabajadores del sector público (incluyendo 180.000 pensionados), que suma 18.000 millones de dólares, faltando por contabilizar el de Ecopetrol y el magisterio.\ Cabe recordar que la fuerza pública fue excluida dela reforma pensional contenida en la ley 100 de 1993. Por lo tanto, mantiene el antiguo régimen de retroactividad a las cesantías.\ Se calcula que la nivelación salarial ocasionó al finalizar el último año gastos adicionales por concepto de retroactividad de las cesantías por la suma de 115.000 millones de pesos, en el caso de los militares y de 110.000 millones en el de la policía.\ Estas cuantiosas obligaciones se ven agravadas si se tiene en cuenta que en un proyecto de ley que se discute en el Congreso y por la cual se modifica el Estatuto de la carrera de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, se han introducido artículos que aumentan subsidios y primas que no se relacionan con los cuerpos de inteligencia y que representarían presiones adicionales sobre el gasto público por el equivalente a 45.000 millones de pesos anuales.\ Un factor que preocupa a analistas de este tema como Francisco Leal y el ex ministro Rodrigo Llorente es la velocidad con que se ha incrementado el gasto asignado a la fuerza pública, ya que ha pasado de un crecimiento promedio anual de 4,5 por ciento real durante el período 1985 - 1992, al 14,7 por ciento real en el período 1993 - 1996.\ Gasto excesivo\ Frente al total del gasto del gobierno la asignación presupuestal destinada a la fuerza pública ha representado en los últimos años cerca del 20 por ciento. Si se excluye el gasto de intereses de la administración y las transferencias territoriales, el gasto de dicha fuerza absorbe una tercera parte del presupuesto a nivel central.\ Los gastos de inversión con respecto a los de funcionamiento han fluctuado en los últimos años entre un diez y un veinte por ciento. Este bajo porcentaje se ha visto agravado por la compra de equipos que en ocasiones no han resultado los más indicados para afrontar el conflicto interno, factor que explica en gran parte los precarios resultados obtenidos en la lucha contra la delincuencia.\ En otras palabras, mientras los gastos generales del gobierno central se han mantenido alrededor de 0,61 por ciento del PIB, los gastos de funcionamiento de la defensa y seguridad se han incrementado notablemente hasta llegar a representar el 2,8 por ciento, cayendo la porción que se destina a la dotación y a la adquisición de equipos.\ Este hecho es significativo si se tiene en cuenta que la dotación de la fuerza pública sigue siendo deficiente, a pesar de algunas mejoras introducidas en los implementos de intendencia y similares. Además, debido a la expansión de los frentes delictivos, debería ampliarse la capacidad logística, pero este propósito se ha visto obstaculizado precisamente por el desequilibrio existente en la asignación de gastos entre inversión y funcionamiento.\ Efectivos\ Vale la pena destacar también que los efectivos de la fuerza pública pasaron de cerca de 155.000 en 1985 a aproximadamente 260.000 en 1966. La tasa de crecimiento duplica la de la población colombiana que se estima en cerca del 2 por ciento anual.\ Si se tienen en cuenta los 170.000 efectivos militares que posee actualmente el país, sumados a los 90.000 de la policía, se concluye que la cifra total de los 260.000 equivale a un poco más del 0,70 por ciento de la población. De acuerdo con parámetros internacionales no salimos favorecidos, toda vez que en Francia, por ejemplo, donde ha habido una reducción importante del pie de fuerza en los últimos años dicha relación es de sólo 0,27 por ciento respecto a la población.\ En relación con el pie de fuerza estrictamente de la policía, los 90.000 efectivos representan 0.25 por ciento de la población, ligeramente inferior a la norma internacional de 0,30 por ciento.\ Gigantismo\ De otra parte, el sector descentralizado de la defensa está compuesto por cerca de 18 entidades, entre las que se destacan dos del área de salud, dos cajas de retiro, cuatro fondos rotatorios, dos cajas de vivienda militar, Indumil, Satena, la universidad y el Club Militar.\ Estas instituciones enfrentarán en breve serias dificultades, según la comisión del gasto. Por ejemplo, en el campo de la salud las 132 unidades prestadoras de servicios están en proceso de reestructuración y aún así no tendrán la capacidad física y económica suficiente para atender por lo menos 500.000 personas contabilizados afiliados y beneficiarios.\ A propósito de la salud, el problema administrativo del hospital Militar es grave, ya que solo operan 130 camas de las 720 que deberían estar disponibles. En ese centro tampoco existe ninguna planeación en la adquisición de equipos. Inversiones realizadas por más de 3.000 millones de pesos no han entrado a operar por fallas elementales de ejecución.\ Aún bajo el supuesto de que todos los efectivos y familiares fueron trasladados al régimen de la ley 100, el aporte del 12 por ciento (8 por ciento a cargo del empleador y 4 por ciento del afiliado) no alcanzarían para cubrir las necesidades de todos los pacientes, por lo que sería necesario que el Fondo de Solidaridad y Garantía tuviera que realizar desembolsos para cubrir el faltante.\ Los fondos rotatorios muestran un comportamiento deficiente en labores que desarrollan en los campos de la salud y el bienestar, al tiempo que la Caja de Sueldos de Retiro realiza una serie de inversiones de baja rentabilidad y poca conveniencia para el sistema de seguridad social de las fuerzas militares.\ Remuneración\ De otra parte, los oficiales de alta y media graduación obtienen hoy ingresos competitivos con cargos equivalentes en los sectores público y privado. En relación con este punto, vale la pena destacar que desde que se promulgó la ley cuarta de 1992, la situación salarial para los militares se modificó favorablemente, pues gracias a las primas de diferente tipo y pagos en especie (manutención, transporte y vivienda), los miembros de las FFMM consiguen multiplicar su ingreso mensual entre 2,2 y 3,4 veces,según el rango.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
19 de noviembre de 1997
Autor
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