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LA FINALIDAD SOCIAL DEL ESTADO

El constituyente de 1991 tuvo el gran acierto de dedicarle un capítulo especial a la finalidad social del Estado y a los servicios públicos, asegurando que estos sean inherentes a aquella finalidad social.

Los servicios públicos en general y los servicios públicos domiciliarios, están indisolublemente ligados a la mayor o menor calidad de vida de las personas, en cualquier sociedad. Estos a sus vez constituyen indicadores claros del grado de desarrollo de un país, la convivencia social y el bienestar general de la población tienen mucho que ver con la calidad, cobertura y eficiencia con que se presten dichos servicios públicos. Los indicadores sociales relacionados con el desarrollo están supeditados, necesariamente con la buena o mala prestación de los servicios públicos.

Los servicios públicos comportan en si mismos el carácter del Estado y la formalización de su organización; la democratización de los mismos debe corresponder a una forma moderna de Estado: El Estado social de derecho.

La importancia estratégica, en términos de la estabilidad social y el equilibrio, es lo que hace que la cuestión de los servicios públicos domiciliarios adquiera resonancia política cuando se presentan situaciones de conflicto, originadas en la falta de cumplimiento del Estado frente a sus responsabilidades.

Se puede afimar que por primera vez en la historia republicana del país, se aboca la reglamentación de un régimen integral de los servicios públicos domicilirios con la ley 142 de 1994 y el decreto 1429 de 1995; siendo con base en estos fundamentos legales que debemos exigir servicios con calidad y continuidad, una óptima cobertura, tarifas razonables y la debida participación ciudadana. Ya está bien de dispculpas, improvisaciones y politiquería en las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios, la ciudadanía solicita resultados, que además de un buen nivel garanticen un desarrollo sostenible fundamentado en lo técnico y en lo científico. En este orden de ideas llamo la atención de los comités de desarrollo y control social para que cumplan con sus funciones legales, a la Personería Municipal, a las Juntas Administradoras Locales y Juntas de Acción Comunal para que sean solidarias con las comunidades que representan.

*Ex secretario privado de la Alcaldía de Ibagu

Publicación
eltiempo.com
Sección
Opinión
Fecha de publicación
31 de diciembre de 1996
Autor
Oscar Hernández Arana

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