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INICIAN INVESTIGACIÓN FISCAL CONTRA EL MINHACIENDA

Una investigación fiscal por la venta irregular de la central Termoeléctrica de Tasajero inició la Contraloría General de la República contra el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

En rueda de prensa el contralor David Turbay Turbay afirmó que existen varias irregularidades en este proceso de privatización. La más sobresaliente es el hecho de que el precio base que fijó el Gobierno para la venta de la planta energética fue de 30 millones de dólares (avalúo realizado por la firma Union Temporal C.S. First Boston Inverlink-Schroders) menos de la mitad del avalúo realizado con el consorcio Salomon Brothers-Kleinwort Benson-Invercor que ascendió a 104 millones de dólares.
Si existía una diferencia tan cuantiosa entre los dos avalúos porqué no se solicitó un tercer avalúo? preguntó el funcionario quien dijo que no comprende porqué el ministro rehusó bajar el canon de arrendamiento solicitado por Centrales Eléctricas del Norte de Santander, mostrando como argumento el avalúo mayor.
El Gobierno, según la Contraloría, no aceptó ninguna de las intenciones de las Centrales Eléctrica a pesar a que presentaron ofertas por 70 y 80 millones de dólares, superiores a la valoración realizada por First Boston.
Sobre este particular el ministro de Hacienda respondió que el contralor está actuando según su criterio y aseguró que no tiene temor ya que el proceso fue totalmente transparente y el valor máximo de venta fue aprobado por el Consejo de ministros.
En torno a la diferencia entre los avalúos aclaró lo siguiente:
En 1995 se contrató una asesoría con la firma Salomon Brothers-Kleinwort Benson- Invercor para diseñar una estrategia de venta de varios activos de la Nación y revisar el marco regulatorio para permitir la vinculación de operadores privados al sector. La asesoría debía indicar la magnitud del efecto de dichos cambios sobre el valor de las empresas, razón por la cual se fijó un rango de valores preliminares.
Este rango de valores fluctuaba desde -36.000 millones de pesos (un valor mínimo negativo) bajo el supuesto de que se mantenían el esquema regulatorio y las características reales de operación de la planta.
El valor máximo era de 104.700 millones de pesos , que se basaba en un escenario que suponía costos administrativos y operativos de máxima eficiencia.
Posteriormente, para el proceso de venta, se contrató a la Unión Temporal CS First Boston con el fin de llevar a cabo una valoración comercial para la venta con todas las condiciones de mercado vigentes. El resultado fue un rango sugerido por los asesores de 25 a 30 millones de dólares y el Gobierno optó por este último monto.
Sobre el canon de arrendamiento de la planta el ministro dijo que este se definió con base en el avalúo de Salomon Brothers ya que a la fecha no existía aún el resultado del estudio realizado por los asesores contratados para la valoración comercial.
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