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DERECHOS DE NIÑOS Y MUJERES, LOS MÁS VULNERADOS

Terminó 1996 y con él el período de Samuel Márquez Ovalle como defensor para los derechos humanos en Cundinamarca. A pesar de los esfuerzos de la Defensoría del Pueblo, el panorama sigue siendo triste. Según el balance a diciembre, el mes de la alegría y la unión familiar, en Cundinamarca los derechos más violados son los de los niños y las mujeres.

Así lo revelan las más de 400 quejas que en 1996 la Defensoría Regional de Cundinamarca tramitó. La mayoría, referentes a maltrato infantil y violencia intrafamiliar. Además, legalización de barrios de invasión, prestación de servicios públicos y estratificación.
Este dato fue corroborado en la reunión que tuvo la semana pasada la junta directiva de la Asociación de Personeros de Cundinamarca (Apercundi), donde los representantes de las provincias de Gualivá, Sumapaz, Alto Guavio y Sabana Centro dejaron en claro que los problemas más graves se presentan por la violencia que hay en el núcleo familiar.
Según Pedro Rodríguez, personero de Fusagasugá, el maltrato al menor, la violencia intrafamiliar y los casos de delincuencia común son las causas principales de la violación de derechos humanos en su municipio. Otra de las quejas que recibe con frecuencia es la de los padres de familia que no encuentran cupo para el estudio de sus hijos.
Fusa no tiene la infraestructura para atender la demanda estudiantil y actualmente hay un déficit del 15 por ciento a este nivel , dijo Rodríguez.
Un diagnóstico similar dio la personera de Quipile, Rocío Barrera, que ve vulnerado el derecho a la educación con la ausencia de profesores.
Aquí no tenemos profesores, y los pocos que llegan piden traslados. Las vacantes siempre quedan vacías .
En Tocancipá y Manta, el maltrato al menor y a la mujer ocupan buena parte de los libros de quejas. Carlos Villanueva, personero de Tocancipá, recibió en 1996 150 denuncias por estos abusos, que se convierten en el común denominador de los municipios del departamento.
Trabajo en equipo
Pero la Defensoría regional de Cundinamarca no trabaja sola. La actividad se desarrolló a través de los personeros municipales, que son los defensores del pueblo en los municipios. Ellos atienden las quejas de toda la población y están agremiados en la Apercundi.
Cuando se habla de derechos humanos es muy difícil dar cifras. El gran triunfo este año fue que se trataron temas de interés general, como el de la estratificación, y que se identificaron otro tipo de problemas que antes no se habían tocado a profundidad como el de la educación , explicó Márquez Ovalle.
El medio ambiente también jugó un papel protagónico durante 1996. Los casos más sobresalientes, en los que la regional intervino, fueron los deslizamientos de tierra en la provincia del Guavio y la explotación de los cerros de El Chuscal en La Vega por la siderúrgica de Paz del Río. Además, la contaminación de las riveras de los ríos.
En cuanto a orden público, la Defensoría Regional se encargó de recibir las quejas de las Fuerzas Militares por las acciones guerrilleras que atentan contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Eso llevó al organismo a contactar a la Cruz Roja Internacional para recorrer las zonas de conflicto y divulgar los principios del DIH.
Fueron alentadores los resultados en Fosca, Gutiérrez, Quetame, Paime, Caparrapí, Sueva y Pasca, donde la presencia de grupos armados había despertado un clima de tensión. Con satisfacción podemos decir que la presencia de la Defensoría ha disminuido la zozobra en la población , aseguró el ex defensor.
La situación actual de las cárceles del circuito también fue una preocupación durante este año. En l0 de las 13 cárceles que existen en el departamento hay hacinamiento por el traslado de internos de La Picota, y La Modelo de Bogotá, a los establecimientos municipales.
Por otra parte, la estratificación es ahora la piedra en el zapato en todo el departamento. Hasta ahora los municipios más afectados son Chía, Sopó, Funza, Fusagasugá y Facatativá, en donde la personería recibió 15.000 quejas al respecto.
La pasada gestión logró que el Departamento de Planeación revisara el proceso de estratificación, en el que según Márquez Ovalle, tomó datos errados.
El defensor regional entrante, Alvaro Bernal Parra, será quien trabaje ahora sobre la problemática de derechos humanos en el departamento. Labor que, según él, estará determinada por las políticas del Defensor del Pueblo, José Fernando Castro Caycedo.
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