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PIDEN INDEMNIZACIÓN POR ATAQUE DEL ELN EN VENEZUELA

El 26 de febrero de 1995, más de 120 guerrilleros del Eln atacaron el puesto fluvial venezolano de Cararabo, ubicado en el estado de Apure, y dieron muerte a ocho infantes de marina de Venezuela; 12 más quedaron heridos. Los subversivos robaron armas y uniformes de las Fuerzas Militares de ese país. Luego huyeron en lanchas voladoras por el río Meta.

Cuatro días después, el canciller venezolano, Miguel Angel Burelli, advirtió que los familiares de las víctimas de la matanza de Cararabo tenían derecho a una indemnización por parte de Colombia. Es una oportunidad de oro para que Colombia presente la intención de responder por los hechos , dijo.

Las palabras del canciller Burelli no quedaron en el aire. La familia de uno de los militares venezolanos muertos las retomó y planteó, por primera vez, una demanda al Estado colombiano para que responda económicamente por los ataques del Eln.

Doña Virgilia Eugenia Silva Colmenares quiere que el Estado colombiano le pague una millonaria indemnización por los perjuicios morales y materiales derivados de la muerte de su hijo Félix Ramón Guarenas Silva a manos de la guerrilla colombiana.

Reclamo La indemnización, dijo la demandante, debe resarcir económicamente también a Jimmy Joel Guarenas Silva y Emperatriz Castro Silva, hermanos menores de Félix Ramón, el infante de marina, víctima en el ataque del Eln al puesto naval Manuel Echeverría en Cararabo, al frente del río Meta.

Doña Virgilia Eugenia Silva le dio poder al abogado Jorge Tolosa Cañas para reclamar a Colombia los perjuicios por la muerte de su hijo, los cuales estima en más de 300 millones de pesos. Tolosa argumenta que dos son los hechos que comprometen, incluso en el ámbito internacional, la responsabilidad del Estado colombiano en el ataque del Eln: falta de vigilancia en la frontera y la agresión de tropas irregulares colombianas a puestos militares venezolanos.

El caso llegó al Tribunal de Cundinamarca. Allí los magistrados dijeron que no tenían competencia para analizar el pleito y lo remitieron al Consejo de Estado.

La demanda desató un diferendo jurídico en el Consejo de Estado que hoy tiene al máximo tribunal contencioso del país sopesando los efectos que tendrá para las relaciones de los países la decisión que tome.

El dilema de los consejeros está en aceptar o no la demanda, con las consecuencias políticas que ello entraña o remitirla a tribunales extranjeros internacionalizando, de alguna manera, el conflicto como lo ha pretendido el Eln.

El caso es complejo. Los magistrados para resolver tendrán que repasar asuntos tan vitales como la competencia del Consejo de Estado, los límites de su jurisdicción, el alcance de la responsabilidad del Estado colombiano frente a sus vecinos, la eficacia de las Fuerzas Militares en la contención de la guerrilla, los derechos humanos de los extranjeros frente a las autoridades nacionales y la responsabilidad extracontractual del Estado por incidentes fronterizos, entre otros.

Los consejeros no han tomado aún una decisión y, por el contrario, evalúan las consecuencias jurídicas que podría traer una determinación sobre si se acepta o no la demanda de la familia venezolana.

Debe el Estado colombiano responder económicamente por los daños generados por la guerrilla en otros países? El Estado debe garantizar que la subversión respetará las fronteras y la soberanía de otras naciones? Es posible aceptar la demanda? Si se acoge, vendrían más reclamos por otras acciones guerrilleras?, son algunos de los interrogantes que plantea el pleito.

El debate ya está abierto. Los cinco consejeros que integran la Sección Tercera, encargada de definir, entre otros, el pago de las condenas por torturas, secuestros, muertes y excesos protagonizados por agentes del Estado en el territorio colombiano, prefirieron consultar el tema con sus colegas.

El presidente del Consejo de Estado, Juan de Dios Montes, uno de los integrantes de esa sección, explicó a EL TIEMPO que el asunto lo llevó a la Sala Plena por importancia jurídica. Es más, el pleito será analizado en la sesión de mañana, en la cual se reunirán los 23 consejeros.

Lo cierto es que independientemente de su trascendencia jurídica, el pleito también tiene un trasfondo político y militar, tanto por las relaciones de Colombia y Venezuela como por los mecanismos y acciones acordados para perseguir a los guerrilleros que delincan y traspasen las fronteras.

El Consejo de Estado debatirá mañana qué hacer frente al reclamo de una familia venezolana que pide a Colombia responder por el ataque del Eln a la base de Cararabo.

JUAN DE DIOS MONTES, presidente del Consejo de Estado Las reacciones El ataque del Eln en 1995 al puesto fluvial fronterizo de Cararabo, a 700 kilómetros al suroeste de Caracas, sobre el río Meta, provocó las más diversas reacciones.

Los gobiernos de Colombia y Venezuela lamentaron en ese entonces la acción de la guerrilla y anunciaron que no permitirán que estos hechos afecten las buenas relaciones que existen entre los dos países.

El canciller venezolano Miguel Angel Burelli dijo en su momento que el gobierno del presidente Ernesto Samper no tiene responsabilidad, pues es difícil cubrir metro a metro una frontera tan extensa (2.220 Km) y porque la subversión tiene a su favor el factor sorpresa. Una semana después del ataque, el presidente de Venezuela, Rafael Caldera, aseguró: No se puede dar a la guerrilla colombiana la satisfacción de cortar relaciones comerciales entre dos países que tienen que estar intercambiándose .

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
21 de julio de 1997
Autor
JOHN GUTIERREZ Redactor de EL TIEMPO

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