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ELECCIÓN POPULAR DE GOBERNADORES II

Si a los departamentos se les asignan funciones políticas, se impone la elección popular de sus gobernadores. Por el contrario, si han de cumplir funciones eminentemente administrativas, son varias las soluciones posibles. Algunos sostenemos, por ejemplo, que los gobernadores deberían ser elegidos por los alcaldes del respectivo departamento para período igual al de estos. Con esta fórmula se logran los propósitos de la elección popular: que la comunidad intervenga en la escogencia de sus autoridades más cercanas, que no las debe seguir designando el poder central. También se cumplen otros objetivos esenciales: se articulan departamento y municipio y se muestra a los gobernadores el origen de su poder y el destino de la gestión que deben cumplir. La relación que de esa manera se establece es bien importante porque, hoy en día, la función básica de los departamentos no puede ser otra que la de promover el desarrollo local mediante la prestación a los municipios de la asistencia técnica,

Si no se formula de esa manera global, con la elección popular de gobernadores nos puede ocurrir lo mismo que nos sucedió con la elección popular de alcaldes: durante décadas la propusimos sin ninguna viabilidad porque la presentamos de manera desvertebrada, sin conexión alguna con los demás aspectos de la vida político-administrativa de los municipios. En cambio, fue viable y las Cámaras la tramitaron y aprobaron, cuando se entendió como parte de una estrategia global de consolidación y fortalecimiento de los municipios. De ahí que los partidarios de la elección popular de gobernadores tengan la obligación de presentarla como parte de la reforma integral que demandan los departamentos, sobre cuyos otros aspectos importantes no pueden guardar silencio.

También deben advertir que la elección popular de gobernadores exige que a los departamentos se les asignen funciones políticas, es decir, atribuciones constituyentes y legislativas, porque no se puede elegir popularmente a un ciudadano, revestirlo de un gran poder político, de un apreciable grado de representatividad democrática, y pedirle luego que se dedique al cumplimiento de funciones meramente administrativas. Esa figura era posible en el caso de los alcaldes, y lo ha sido en países distintos de Colombia, porque su poder y autoridad políticos son mucho menores de los que ostentaría un gobernador elegido popularmente.

Y como la asignación de funciones políticas a los departamentos constituiría prueba elemental de haber adoptado el régimen federal, el asunto debe entonces plantearse en sus términos exactos: necesita el país organizar y estructuar federalmente el poder del Estado? O mediante audaz y coherente estatuto de amplia descentralización puede otorgarle a sus entidades territoriales el grado de autonomía que requieren? Sin reservas de ninguna clase, soy partidario de la segunda fórmula. El federalismo pasó de moda. Respondió a necesidades y preocupaciones de otras épocas. Ahora, por un imperativo histórico, las que se están ensayando con éxito son las propuestas que configuran la llamada autonomía regional y local.

La elección popular de gobernadores también conduciría a una nueva forma de centralismo: el de las capitales y otras pocas ciudades en contra de los demás municipios del respectivo departamento, o sea en contra de la provincia. Esa nueva forma de concentración del poder político que refuerza el centralismo administrativo y económico ya existente sería tan injusta e inconveniente como la que desde 1886 ejerce la Nación. Así ocurriría porque los gobernadores, fácilmente, serían impuestos y elegidos con los votos de las capitales y ciudades que reúnan la mayoría de los habitantes de cada región.

El censo de 1985 muestra, en efecto, que más del 50 por ciento de la población departamental reside en pocas localidades. Tal situación permite, numéricamente, que los gobernadores sean elegidos con la votación de contados municipios. En Antioquia, la de cinco sobre un total de 124. En Atlántico, la de uno (Barranquilla) sobre 23. En Bolívar, la de dos (Cartagena y Magangué) sobre 32. En Boyacá, que tiene una población más dispersa, la de 22 sobre 122. En Caldas, la de cuatro sobre 25. En Caquetá, la de tres por 15. En Cauca, la de ocho sobre 37. En Cesar, la de cuatro sobre 24. En Córdoba, la de cinco sobre 26. En Cundinamarca si Bogotá no interviene en la elección de gobernadorla de 22 sobre 114. En Chocó, la de tres sobre 20. En Huila, la de cuatro sobre 37. En la Guajira, la de dos (Riohacha y Maicao) sobre 10. En Magdalena, la de tres sobre 21. En Meta, la de dos (Villavo y Granada) sobre 26. En Nariño, la de seis sobre 56. En Norte de Santander, la de 2 (Cúcuta y Ocaña) sobre 37. En Quindío, la de una (Armenia) sobre 12. En Risaralda, la de uno (Pereira con pequeña ayuda de Dos Quebradas) sobre 14. En Santander, la de cinco sobre 86. En Sucre, la de cinco sobre 24. En Tolima, la de siete sobre 46. En el Valle, la de 1 (Cali con ayuda de Palmira) sobre 42. En Arauca, la de 2 (Arauca y Saravena) sobre siete. En Casanare, la de cinco sobre 19. Y en Putumayo, la de tres sobre 10.

Claro que el cuadro anterior debe completarse con otras variables (participación electoral, tendencias políticas, movimientos cívicos, coaliciones, rivalidades regionales, etc.). De todas maneras, para cualquier hipótesis, conviene señalar que el número de habitantes y, por tanto, de electores tiene peso determinante.

Por último, no sobra decir que la elección popular de gobernadores lesionaría el proceso de reforma municipal en marcha. Primero, porque en el federalismo lo que importa es la autonomía de los Estados Federados, de las partes que celebran el pacto para unirse o para no disgregarse. El Estado central, o sea el Estado Federal, define sus relaciones con los Estados federados y deja que estos decidan, en sus propias constituciones, lo que a bien tengan en relación con las demás entidades territoriales (provincias, cantones o municipios) que de ellos hagan parte. Y luego, porque nuestros municipios solo empiezan a recuperarse del deterioro, del abandono en que los tuvimos durante décadas enteras, y a ganar algo de autonomía política frente a las autoridades seccionales y nacionales. Ese proceso de fortalecimiento de la vida local abortaría si antes de que se consolidara, organizamos una instancia superior la departamental políticamente más fuerte y representativa que la municipal y cuyo nuevo poder necesariamente se ejercería, ante todo, frente a los que considera sus subordinados los municipios y no frente al poder central, contra el que es más difícil luchar.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
12 de abril de 1991
Autor
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