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URGEN POR DESCONGESTIÓN CARCELARIA

Rebajar a 40 años la duración máxima de la pena de prisión y a sesenta meses el arresto, la interdicción de derechos y la suspensión de la patria potestad y que el Instituto de los Seguros Sociales (ISS) preste sus servicios médicos, hospitalarios y de seguridad social a todos los reclusos.

Así lo propusieron centenares de presos del país que solicitaron al Congreso de la República proseguir con el debate del proyecto de ley que busca descongestionar las cárceles y que se encuentra para estudio de las plenarias de Senado y Cámara de Representantes.

En una carta que dirigieron a los presidentes de esas dos corporaciones, Amylkar Acosta y Carlos Ardila, respectivamente, los reclusos indican que la aprobación de esa iniciativa es un paso en la solución del problema penitenciario y carcelario, aplazada por decenios, pero que ha hecho metástasis. Cualquier tropiezo en el trámite final del proyecto sería una nueva frustración .

Afirman en la misiva que como el Congreso de la República es el foro natural de la democracia, no dudamos en invocar su concurso definitivo para que, frente a las asechanzas de los personeros de la guerra, el odio y la intolerancia, que pugnan por el hundimiento del proyecto, sea aprobado por las cámaras legislativas .

Según los reclusos, el proyecto fue analizado por mesas de trabajo, de las cuales hicieron parte internos de los diferentes centros penitenciarios y carcelarios del país, de las cuales salió como documento final un pliego de modificaciones que presentaron a consideración del Congreso.

El documento, conocido por EL TIEMPO, es acompañado por cerca de 340 páginas, distribuidas en siete libros, en las que aparecen las firmas de centenares de detenidos y de sus familiares. La población carcelaria del país está estimada en 45 mil reclusos.

La carta de los presos está también dirigida a los presidentes de las comisiones primeras de Senado y Cámara, en su orden, Héctor Elí Rojas y William Vélez, y a los ponentes del proyecto, congresistas Carlos Espinosa, Jesús Ignacio García y Roberto Camacho.

El documento producido por las citadas mesas de trabajo está siendo estudiado por especialistas del Ministerio de Justicia.

El proyecto de descongestión carcelaria o de alternatividad penal algunos de cuyos artículos fueron criticados en su momento por la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación sigue vivo en el Congreso, así se hubiese suspendido su estudio en el Consejo de Política Criminal, en espera del análisis y redacción de proyectos que conduzcan a la recopilación de códigos únicos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y Carcelario.

Conforme a las normas legales, el Gobierno no podría retirar del Congreso, por su propia iniciativa, el mencionado proyecto. Para ello necesita el visto bueno de la plenaria de la respectiva corporación. La iniciativa fue aprobada el pasado 20 de junio por las comisiones primeras.

Precisamente, el artículo 115 del Reglamento Interno del Congreso o Ley 5a de 1992 dispone: Un proyecto de ley podrá ser retirado por su autor, siempre que no se haya presentado ponencia para primer debate y sea de iniciativa congresional. En los demás eventos se requerirá la aceptación de la comisión o Cámara respectiva .

Ajustes a 22 artículos En el pliego de modificaciones, en el que los reclusos recomiendan reformas o ajustes a 22 artículos del proyecto, proponen que la duración máxima de la pena de prisión pase de 60 años a 40, tras considerar que el promedio de vida del colombiano no es superior a los sesenta años. Nuestro sistema de derecho penal consideró siempre como máxima una pena de prisión de cuarenta años, que es más de la mitad de la vida de una persona .

Luego recomiendan que la pena máxima para el arresto, la interdicción de derechos y la patria potestad sea hasta por cinco años. En la actualidad esas penas oscilan entre 8 y 15 años.

Piden derogar la frase que dice: prohibición del ejercicio de un arte, profesión u oficio industria o comercio hasta por cinco años y que se suspenda la detención preventiva para los mayores de 60 años. Hoy, esa decisión se toma para los mayores de 65 años.

También solicitan la eliminación del parágrafo transitorio del artículo 1 del proyecto de alternatividad penal, por considerar que es contrario al principio de igualdad de todas las personas ante la ley .

Ese parágrafo dispone que la aplicación de las normas contenidas en la iniciativa de descongestión carcelaria o de alternatividad penal sólo podrá aplicarse después de un año de entrada en vigencia la norma, para las personas que se encuentran privadas de la libertad bajo la detención preventiva o por haber sido condenadas por delitos de competencia de la justicia regional, como el narcotráfico, el secuestro, el terrorismo y el enriquecimiento ilícito, entre otros.

Respecto a la detención domiciliaria, los reclusos piden que ésta tenga el carácter de medida de aseguramiento sustitutiva de la detención preventiva, en los eventos en que el delito por el cual se procede tenga prevista una pena privativa de la libertad que no exceda de seis años. Proponen suprimir la frase del proyecto que dice: ...no presente antecedentes penales...

En manos de las plenarias del Senado y Cámara de Representantes quedan las peticiones de los cerca de 45 mil reclusos del país, que recomiendan que se les solucionen sus problemas.

Principales recomendaciones En su pliego de modificaciones al proyecto de ley sobre descongestión carcelaria o alternatividad penal, los reclusos del país proponen, entre otros, los siguientes ajustes: La dirección del Inpec estará siempre a cargo de un civil con especialidad en ciencias penales y penitenciarias.

La interna que tuviere hijos menores de cinco años podrá retenerlos consigo.

Los establecimientos carcelarios deberán contar con un médico y un penalista especializado en criminología.

La detención preventiva procederá cuando el delito por el cual se investiga al sindicado tenga señalada pena privativa de la libertad, cuyo mínimo sea o exceda de cinco años. El proyecto aprobado por las comisiones primeras del Congreso propone tres años.

Abonar un día de reclusión, por cada día de trabajo, estudio o enseñanza. La iniciativa propone dos días de detención por tres de trabajo...

Mantener el estímulo de rebaja de penas por la elaboración de libros. Este beneficio fue eliminado del proyecto aprobado.

Establecer para todos los delitos cometidos con anterioridad a la vigencia de la citada ley, retroactividad una reducción de pena equivalente a 80 días de rebaja por cada año de detención. Esa propuesta también fue suprimida del proyecto.

Conceder la detención domiciliaria como sustitutiva de la ejecución de las penas privativas de la libertad, cuando el condenado cumpla 60 años de edad.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Política
Fecha de publicación
11 de agosto de 1997
Autor
ORLANDO HENRIQUEZ Redactor de EL TIEMPO

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