Para el ex ministro y embajador en Washington, Juan Carlos Esguerra, muchos de los actos de terrorismo y de los factores de violencia que se realizan en el país se desarrollan con el ropaje de delincuencia política.

El mencionado proyecto de ley que adopta disposiciones para la protección de la población civil y de las víctimas en conflictos armados fue presentado al Congreso por Esguerra, cuando se desempeñaba como Ministro de Defensa.

Esguerra concedió a EL TIEMPO la siguiente entrevista sobre los alcances de la iniciativa.

Qué llevó al Gobierno, en su oportunidad, a presentar ese proyecto de ley? Varias cosas, pero fundamentalmente dos. La preocupación creciente que teníamos en relación con el nivel de impunidad con el que queda la mayoría de los crímenes cometidos por los subversivos en Colombia y, en segundo lugar, el deseo de buscar mecanismos propios del estado de derecho para buscar proteger de manera eficaz a las víctimas inocentes del conflicto armado.

Con mucha frecuencia se encuentra con la queja de los colombianos que dicen cómo hacemos para que todos estos actos delictivos de la guerrilla no terminen simplemente con un esquema de puerta giratoria, en donde por una u otra razón, por complicaciones procedimentales, propias de nuestra tramitologia, los culpables de muchos de estos crímenes terminan pagando por ellos penas irrisorias que conducen a que la justicia se convierta en un rey de burlas.

Por qué crear un tribunal y designar jueces especiales para conocer de los delitos contra el régimen constitucional. Eso no es darle rango de ilícitos comunes a los delitos políticos? En Colombia, muchos de los actos de terrorismo y de los factores de violencia se desarrollan con el ropaje de delincuencia política, cuando en realidad se trata de delincuencia común de altísima peligrosidad para la convivencia social. Colombia es un país donde los guerrilleros son reciclables.

Por los alcances del proyecto parece que se reviviera en parte el polémico estatuto de seguridad de la época del gobierno del presidente Turbay. Es así? No, de ninguna manera, porque en el proyecto comienza a decirse con toda claridad que la reforma planteada tiene que estar siempre encausada dentro del marco de las garantías fundamentales en materia penal. Me refiero a la presunción de inocencia, al debido proceso y al derecho de defensa.

De lo que se trata es de dar un enfoque a estas normas que tenga en cuenta y relieve los derechos fundamentales de la población civil que están en juego y que poco hemos tenido en cuenta.

Una prueba de ello no podría ser el hecho de que se le dé atribuciones especiales a la Fuerza Pública para la retención de personas y realizar allanamientos sin orden judicial?.

Se trata de que esto pueda tener lugar en circunstancias absolutamente excepcionales y por razones que ha venido señalando repetidamente la experiencia. No se trata de escapar del ordenamiento jurídico, sino de permitirle operar.