Exactamente la mitad de los Alcaldes del país nada menos que quinientos veinte están siendo actualmente investigados por la Fiscalía General de la Nación. Y los cargos se relacionan precisamente con los delitos de peculado, celebración indebida de contratos y prevaricato. Se trata de una situación poco menos que impresionante, por no decir que escandalosa.
Mas no es un verdadero secreto inexplicable. Esa posición de los numerosos alcaldes delincuentes contra el fisco se desprende acaso del error consagrado constitucionalmente que estableció la elección popular de los alcaldes. Los países, se sabe desde los tiempos de Perogrullo, pueden constituirse como centralistas o como federales, según la voluntad de la mayoría de sus pobladores. Lo que no es posible, ni lógico, es organizarlos como una mezcla de los dos sistemas, porque de ello surge una contradicción interna.
Con la elección popular de los alcaldes, y naturalmente con las excepciones de rigor, se abrió la puerta para la llegada de los gamonales a las alcaldías. Y como ya no dependen de los gobernadores, se consideran poco menos que amos o propietarios exclusivos de sus feudos, con facultad para disponer a su acomodo de los fondos públicos. No es de extrañar que proliferen las investigaciones de que se ha informado, en esas condiciones.
