La Corte Suprema de Justicia ordenó la nulidad del proceso de demanda que, de manera ilegal, instauró un abogado en el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, para reclamar más de 400 millones de pesos en el llamado 'carrusel' de la educación a través de poderes falsos, supuestamente otorgados por los profesores pensionados y a punto de jubilarse.

La decisión de la Corte está amparada en una tutela que instauraron los maestros, tras conocer que en noviembre del año pasado el Juzgado de Lorica había concedido la razón al abogado Jaime Agámez Pineda para que reclamara la millonaria suma.

El alto tribunal encontró varias irregularidades en el proceso de demanda, como la falta de autorizaciones de los entes involucrados y la falsificación de las firmas de los interesados. El problema es que parte del dinero exigido ya fue cobrado ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sin que haya ido a parar a los bolsillos de los maestros supuestamente afectados.

Por ello, la Corte Suprema ordenó notificar de tal situación a la Fiscalía General de la Nación, para que adelante la investigación correspondiente al supuesto fraude en contra del Magisterio.

Ya el ente acusador adelanta varias investigaciones en contra de un grupo de abogados cordobeses, tras conocer el millonario desfalco.

Uno de los casos involucra precisamente al litigante Jaime Agámez Pineda, quien fue denunciado por 13 profesores que negaron haberle otorgado poder alguno para que adelantara reclamaciones pensionales en su nombre.

De acuerdo con las demandas, Agámez, habría recibido los dineros una vez el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, le concedió la razón y ordenó el pago de las jubilaciones.

Alejandro Enrique Triana, quien aparece como uno de los reclamantes, instauró la denuncia en la Fiscalía, alegando no conocer a Agámez y no haber recibido el dinero que reclamó a su nombre.

A esto se suman las amenazas que ha recibido luego de iniciar las reclamaciones por lo que considera una estafa en su contra.

"El mismo día que instauré la demanda por la estafa en mi contra, dos hombres en moto lanzaron una granada en la casa de mi hermano, que queda al lado de la mía, eso me hace pensar que es una retaliación en mi contra por atreverme a defender lo que me corresponde", dijo Triana.

El docente, quien reside en el corregimiento Mateo Gómez de Cereté, en Córdoba, lidera el proceso de reclamación de los derechos de más de 200 profesores que niegan haber otorgado poder alguno.

También piden ser alejados de las sindicaciones en el sonado escándalo que pretendía desfalcar al Estado en unos 100.000 millones de pesos con demandas en juzgados de Lorica, Planeta Rica, San Antero y Chinú, todos en el departamento de Córdoba