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EL TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

Ya es hora de que el Ministerio del Transporte, en cumplimiento de sus funciones, controle las empresas que explotan el servicio intermunicipal en los diferentes municipios del departamento.

La competencia desleal, la violación de los topes de vehículos afiliados, los cambios de ruta y la pésima atención al usuario, entre otros factores, ya han ocasionado movimientos de protesta general como el ocurrido recientemente en Facatativá, que, por fortuna, no dejó consecuencias que lamentar.
Los propios transportadores, víctimas de su invento, se quejan de la proliferación de vehículos. Afirman que la empresa de colectivos a esa ciudad presta el servicio con mayor número de automotores a los legalmente autorizados y que, por lo tanto, afecta los intereses de la competencia. Agregan que ello ha dado lugar a la presencia de piratas que, sin control legal ni responsabilidad alguna, transportan a los pasajeros.
Sin embargo, todo indica que en la falta de control y de políticas coherentes para la asignación de rutas radica gran parte del problema. Los hechos sucedidos dan pie para pensar que el Ministerio del Transporte las asigna sin tener un estudio técnico actualizado sobre las necesidades reales de las poblaciones cundinamarquesas. Tampoco vigila su funcionamiento ni el cumplimiento de las normas legales para la prestación del servicio.
Por otra parte, las políticas utilizadas por las empresas son bastante discutibles. Derivan sus ingresos de los dineros que cobran al propietario del automotor como afiliación. El llamado cupo que, como en los taxis de la capital, se ha convertido en jugoso negocio. Paralelamente, el dueño del automotor cobra al conductor una cifra determinada que se debe consignar al terminar cada recorrido que realice. En consecuencia, entre más vehículos, mayores ingresos para las empresas.
Mientras tanto, y sin importar lo recaudado en el recorrido, los conductores deben asumir los costos de mantenimiento y combustibles del automotor, factores que, sin duda, inciden notablemente en la denominada guerra del centavo que, en perjuicio del usuario, se presenta cotidianamente en las carreteras cundinamarquesas.
Bien distinto sería si se aplicaran adecuadamente las normas existentes. Que a cada una de las empresas se asignara el cupo de vehículos necesarios para atender satisfactoriamente la demanda existente y se incrementara a medida de los requerimientos.
Si las empresas fijaran cuotas razonables por concepto de rodamiento y se ejerciera una permanente vigilancia y control, más placentero sería el viaje de los cundinamarqueses a sus destinos.
Se debe obligar a las empresas a cumplir las rutas asignadas y evitar, como en el caso de los colectivos de Cajicá-Bogotá, que en el perímetro de la capital se conviertan en urbanos, o como La Valvanera que únicamente presta el servicio cuando le conviene, cambia de ruta, no cumple los recorridos asignados y deja, en muchos casos, abandonados a los pasajeros.
La vigilancia debe ser estricta para evitar casos como el ocurrido el pasado primero de marzo, cuando el conductor de la camioneta Van de placas SWD-910 con número interno de orden 318 y afiliada a la empresa Autoservicio Chía, inició su recorrido a pesar de que el vehículo presentaba graves fallas mecánicas que le impedía mantenerse estable en la vía.
Es el usuario, en definitiva, el soporte económico de los transportadores y por ello merece la atención y el servicio eficiente por el cual paga. Necesita que se le garantice su integridad y no que pongan el peligro su vida por la lucha interna de los explotadores del transporte por lograr mejores ingresos.
Muchas son las normas que regulan este servicio. Sin embargo, el Ministerio del Transporte, como ente rector del sistema, poco es lo que hace por su aplicación que, de de efectuarse correctamente, evitaría el malestar y los problemas que se presentan en las vías de nuestro departamento.
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