Las fuerzas armadas estadounidenses desechan la forma tradicional de combatir el terrorismo, descartan el recurso de la invasión masiva y la prolongada ocupación de países y optan por un nuevo tipo de estrategia sustentada en el uso de tecnologías avanzadas que les permiten operar con un reducido número de comandos de 'Operaciones Especiales' y un arsenal de robots voladores de todos tamaños para cazar al "enemigo", dondequiera que este se encuentre.

Gracias a las nuevas tecnologías, la CIA pudo localizar el escondite de Osama Bin Laden en Pakistán y enviar a un comando de 'Operaciones Especiales' de la Marina a ejecutarlo mientras veía televisión en su domicilio. Así mismo, Estados Unidos ha podido lanzar más de 280 ataques con robots voladores 'drones', con los que, según informes no oficiales, han matado a más de 1.900 insurgentes y a algunos civiles en Pakistán.

"Estados Unidos se reserva el derecho de atacar en cualquier parte del mundo a todo aquel que determinemos que representa una amenaza directa a nuestra seguridad nacional", ha dicho la secretaria de Estado, Hillary Clinton. La nueva doctrina, sin embargo, ha generado inquietudes entre los grupos defensores de los derechos humanos. "Es difícil valorar las implicaciones de las ejecuciones sumarias en términos de derechos humanos", me dice Andrea Prasow, de Human Rights Watch, "porque si bien la administración de Obama admite que el programa de la CIA existe, hasta ahora se ha rehusado a clarificar el racional legal en el que se sustenta. Nos preocupa que EE. UU.

adopte esta visión expansiva del conflicto armado ordenando ejecuciones sumarias y utilizando 'drones', por más que el gobierno insista que estos asuntos caen en el ámbito de la seguridad nacional".

La ley estadounidense establece una curiosa distinción entre los asesinatos ordenados por el gobierno, que considera ilegales, y las ejecuciones sumarias, a las que considera actos de autodefensa. El grave peligro, sin embargo, es que, como señala Francis Fukuyama en un artículo reciente, "la tecnología sigue su marcha y pronto se podrán fabricar 'drones' del tamaño de una mosca que podrán introducirse a un domicilio por debajo de la puerta para grabar conversaciones, tomar fotografías o para inyectarle a un individuo una toxina fatal". Y no solo eso, dice Fukuyama, "¿Cómo reaccionaremos cuando el uso de los 'drones' se extienda por el mundo y Estados Unidos deje de ser el único país que los tenga? ¿Qué haremos si nuestros enemigos empiezan a utilizarlos para atacar a ciudadanos estadounidenses en Florida o Nueva York? ¿Cómo podremos detener esos ataques si no podemos determinar la procedencia de los 'drones' y, por ende, se hace imposible implantar medidas disuasivas?". Para el analista chileno Jorge Heine, del Centro para la Innovación en la Gobernanza Internacional (CIGI) en Ontario (Canadá), las implicaciones de este nuevo enfoque hacia la seguridad nacional son "espeluznantes". A su juicio, "evidencian un craso divorcio entre las normas democráticas y la conducción de la guerra. Si la decisión de declarar una guerra es sustraída del ámbito público y limitada al poder ejecutivo, entramos en territorio desconocido. Es más, al abrir la puerta al asesinato de líderes políticos y/o científicos dedicados a actividades consideradas políticamente incorrectas, todo puede suceder.

En los setenta, el régimen de Augusto Pinochet patentó la técnica de colocar bombas en los autos de sus adversarios en el extranjero, hasta en Washington D.

C., y volarlos por los aires. Es inquietante ver a los Estados Unidos e Israel seguir ese camino, abandonando toda pretensión de liderazgo moral dada su condición de "Estados democráticos"