A pesar de que el DAS está moribundo, aún siguen surgiendo investigaciones sobre sus actividades. EL TIEMPO conoció que la Sala Penal de la Corte Suprema le acaba de pedir a la fiscal general, Viviane Morales, que investigue a empresas y funcionarios que habrían financiado o participado en los asesinatos del sociólogo barranquillero Alfredo Correa de Andréis y de 10 sindicalistas adscritos al Fondo de Empleados del Sena (FES) en la Costa Atlántica. Los hechos ocurrieron entre el 2002 y el 2008.

En denuncias de estos hechos se asegura que la llamada 'lista negra' de ejecuciones que el ex director del DAS Jorge Noguera les habría pasado a los paramilitares fue alimentada por funcionarios de la Superintendencia de Economía Solidaría, entre ellos liquidadores de varias cooperativas de la Costa, y también se menciona a empleados de la regional del Sena.

Lo concreto es que la lista terminó en manos de grupos 'paras' vinculados a los asesinatos de los sindicalistas Pedro Pérez, Zuly Codina, Jesús Caballero, Miguel Espinosa, Nelson Cotes, Tomás Rubén Serge, Elías Enrique Durán Rico, Luis José Torres Pérez, Carlos Peralta y Hugo Palacios.

De hecho, Jorge Noguera ya fue condenado por el alto tribunal, en septiembre del año pasado, a 25 años de cárcel por sus nexos con las autodefensas y el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andréis.

EL TIEMPO estableció que la coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía ya ordenó a los fiscales que han investigado estos crímenes que indaguen la información enviada por la Corte Suprema de Justicia para que decidan si hay mérito de abrir un capítulo independiente u ordenen los actos de investigación pertinentes