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LA IRA DESBORDADA DE FACATATIVÁ

Viva el ejército! Abajo la policía! , gritaba un joven, con el brazo en alto y la cara roja. Era la expresión de triunfo de una población que quería ver muy lejos a la policía. La culpaban de todo el tropel que había roto la paz tradicional de esta población de 60.000 habitantes.

La gente de Los Molinos y Brasilia, dos barrios al sur de Faca, gritaba a pesar de los ojos rojos y la resequedad en la garganta que le dejaron las bombas lacrimógenas lanzadas por los uniformados para repeler el ataque.

Era cerca de la una de la tarde y habían pasado dos horas de disturbios intermitentes en los alrededores de la salida a Villeta.

Allí viven cientos de personas que han recibido cuentas de cobro de la Empresa de Energía Eléctrica de Cundinamarca (EEC) por cinco o más veces el valor que acostumbraban pagar.

La ira de los manifestantes fue tal que hacia las seis de la tarde de ayer la sede de la EEC fue apedreada y luego incendiada. El edificio, que estaba ubicado frente a la plaza de mercado, había sido inaugurado hace menos de un año.

Los reclamos de los habitantes de Faca resonaban desde temprano. Nosotros apenas ganamos el mínimo cultivando flores. Cómo vamos a pagar 80 mil pesos por la luz? , dijo Amalia, una señora rubia que estaba indignada no solo por eso, sino porque en la madrugada la policía había lanzado bombas de gas a los techos de las casas donde se encontraban niños y mujeres.

El personero de Facatativá, Antonio Acosta, confirmó la denuncia de la gente: es otro de los atropellos de la fuerza pública, que atacó sitios donde había mujeres y niños .

La Policía negó esos cargos y su director, el General Rosso José Serrano Cadena, expresó que el país tiene que entender que la Fuerza Pública debe defenderse de la agresión. Un miembro de esta institución resultó herido de bala en una pierna y tal como lo vimos anoche los uniformados fueron atacados con bombas incendiarias. Además, tenemos que recordar que estamos para restablecer el orden donde los infiltrados de la guerrilla intentan acabar con todo .

Una batalla campal A pesar de los duros enfrentamientos, a las once de la mañana había una calma tensa. La gente echaba madrazos a los uniformados apertrechados en sus tanquetas, mientras estos esperaban sin bajar la guardia.

De pronto, de la tanqueta salieron dos hombres que habían sido detenidos por la policía en los disturbios de la madrugada y se perdieron en medio de la multitud que los vitoreaba. Parecía el principio del retiro final de los uniformados.

Sin embargo, dos minutos más tarde, desde una de las azoteas lanzaron varias piedras a los uniformados, a lo cual estos respondieron con la misma arma y gases que pronto inundaron el lugar e hicieron que la gente se refugiara en sus casas o corriera por las calles y potreros aledaños.

Las tanquetas se dispersaron para enfrentar a los manifestantes. Hubo piedra y humo a lo largo de por lo menos siete cuadras en la barricada sur. En el escenario había dos bombas de gasolina y una doble fila de decenas de camiones y carrotanques, muchos de ellos cargados con combustibles y otras sustancias inflamables.

A los lados de las tanquetas empezaron a caer bombas molotov, hechas con un poco de gasolina, arena y mecha.

Hacia el medio día, cayó un helicóptero de la Policía cuando cumplía un vuelo de observación sobre Facatativá. El general Rosso José Serrano aclaró que el incidente del helicóptero obedeció a fallas técnicas y no a ataques por parte de los participantes en el paro cívico.

La aeronave debió aterrizar de emergencia a escasos metros de la Estación de Carabineros. Los ocupantes, entre los que se encontraba el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Ernesto Jiménez, resultaron ilesos.

La orden del general Euclides Sánchez, comandante de la XIII Brigada fue terminante: traten de despejar la vía pero no les respondan a los manifestantes, no tiren piedra .

Poco a poco, los soldados empezaron a tomar control de la situación y todo volvió a la calma tensa. La policía se retiró y el ejercito asumió el manejo de la situación.

Por lo menos son quinientos millones de pesos en perdidas , dijo el alcalde (e) Hernando Sánchez, antes de que se presentara el incendio de la sede de la electrificadora. En las oficinas todo era un espectáculo de vidrios rotos, documentos quemados y computadores dañados.

Un panorama más desolador mostraba el almacén Tía, donde todo estaba por el suelo y los vidrios de la entrada estaban rotos, pues muchos manifestantes hicieron su agosto en el septiembre negro de esta población.

La culpa de todo es del gobierno, que no aceptó la nueva estratificación, después de ocho meses de haber sido expedida. Entre otras cosas, el procedimiento legal ya se subsanó, porque el decreto correspondiente a la nueva estratificación fue publicado en un periódico de amplia circulación nacional, como lo dictan las normas, el pasado 14 de Septiembre , dijo Sánchez desde el escritorio de su despacho destruido.

El alcalde acudió a una reunión en Bogotá, acompañado de monseñor Gabriel Romero, obispo de Facatativá, algunos voceros del paro y miembros del gobierno municipal.

Como carta de presentación llevaban un acuerdo en el que se determinaba el retiro de la fuerza pública, la eliminación de las alzas en el servicio del acueducto y el compromiso de levantar el paro cuando una comisión del gobierno nacional se hiciera presente en la población y llegara a un acuerdo con ellos.

Este compromiso estaba pactado ayer cuando se presentaron los disturbios más graves, que dejaron 17 heridos y un muerto.

Según Olegario González, gerente del hospital San Rafael de Facatativá, sólo ayer hubo más de cuarenta heridos entre ellos ocho policías y un soldado la mayoría por heridas menores, golpes con objetos contundentes, caídas e intoxicación con gases lacrimógenos. En su mayoría, han sido dados de alta pero hay dos personas graves: una con trauma craneoencefálico y otra con problemas respiratorios debido a los gases.

González desmintió la versión de que un niño habría muerto a causa de la asfixia producida por los gases lacrimógenos. Añadió que aún no se ha determinado la causa de la muerte de la única víctima.

Al cierre de esta edición, se rumoraba sobre ataques al supermercado Cafam y a las casas de los ex alcaldes, Alvaro Bernal y Licerio Villalba, a quienes la población considera responsables de la mala estratificación que creó el problema.

Términos del acuerdo Facatativá tendrá una nueva estratificación dentro de veinte días, según lo pactado por el comité de paro y autoridades municipales y nacionales.

Con esto se espera dar solución al problema de las tarifas de energía eléctrica de manera que el noventa por ciento de los facatativeños queden catalogados entre los estratos 1 y 3.

El anuncio fue hecho por los secretarios de Gobierno, Nelson Villarraga; de Planeación, José María Micán; y de Hacienda, Alvaro Avendaño.

La declaratoria de toque de queda dependía anoche de la evolución que tuviera la situación de orden público después del arreglo logrado.

La gente chifló al Alcalde cuando este anunció el acuerdo a través de la radio local y aún se mantenía la expectativa de nuevos enfrentamientos al cierre de la edición.

La administración municipal espera, sin embargo. un pronto regreso a la normalidad que permita abrir las puertas del comercio hoy mismo.

Por su parte, el ministro del Interior, Horacio Serpa, dijo ayer que le pidió al fiscal Alfonso Valdivieso designar un fiscal especial para que investigue los hechos relacionados con la protesta social que se presentó en Facatativá, al considerar que la manifestación degeneró en abruptos desmanes .

Afirmó que el Gobierno no discutirá con los manifestantes ninguna solución a los asuntos que causan inconformidad mientras estos persistan en las vías de hecho para hacer sus reclamos.

No es pacífico bloquear las carreteras y así se lo he hecho saber a los voceros de los manifestantes que estuvieron reunidos hoy (ayer) conmigo , señaló.

Dudas en la población Los habitantes de Facatativá dijeron que esperaban que se concretara un acuerdo de verdad antes de levantar el paro. El concejal Raúl Heráclito Martínez afirmó que los reclamos de la población estaban justificados porque algunos barrios de vivienda de interés social, como La Arboleda y otros, pagaban tarifas de estrato 4.

A pesar del acuerdo logrado entre el gobierno nacional y las autoridades de Facatativá, el ánimo seguía caliente en los pobladores del municipio, a quienes no les gustó mucho la decisión de sus representantes y todavía cargaban piedras en la mano.

Desde Bogotá, las autoridades enviaron cinco tanques con el propósito de levantar las barricadas y despejar las vías. El ministro del Interior, Horacio Serpa, fue enfático al señalar que el Gobierno no dará un solo paso para atender las reclamaciones que se presentan equivocadamente, desbordando la autoridad .

Indicó, además, que quienes tienen a su encargo la vigilancia del orden público tienen claro que hay que perseguir a los que sancionan la ley para castigarlos.

Protestas por doquier En lo que va corrido de este año, la periferia de Bogotá ha sido escenario de paros y protestas. Las razones van desde el rechazo a la presencia de recicladores y peajes hasta la carencia de servicios públicos: Bosa y Soacha (al sur de Bogotá), 11 de febrero. Sus habitantes bloquearon el paso de la Autopista Sur como protesta por el traslado a ese sector de 160 recicladores que viven en el corredor férreo conocido como Los Comuneros. Por allí pasará la línea principal del metrobús y debido a esto deben ser reubicados.

Suba, 15 de febrero. En rechazo a la reubicación de los mismos recicladores, los residentes de este sector (ubicado al norte de Bogotá) bloquearon las principales vías de la zona con llantas y fogatas, y protagonizaron enfrentamientos con la Policía.

El resultado final de esta manifestación fue la detención de 250 personas y la decisión de la alcaldesa de Suba, Martha Rocío Pinzón, de decretar ley seca durante cuatro días.

Usme, 22 de junio. Sus habitantes bloquearon con buses los cruces de la avenida Boyacá con la vía a Villavicencio y de la carrera 33 con calle 91 sur, para protestar por el corte en el suministro de agua. En estos disturbios hubo 23 detenidos, entre ellos 13 menores de edad.

La Calera, primero de agosto. Los habitantes de las veredas El Hato, Líbano y El Verjón rechazaron la instalación de un peaje a la altura de la zona conocida como Los Patios.

La manifestación duró diez horas y el bloqueo de Bogotá hacia los municipios de Guasca, Gachetá y Ubalá fue apoyado por un grupo de transportadores que se vieron afectados, pues en lo que va del año han tenido que responder por otros incrementos decretados por el Gobierno.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
19 de septiembre de 1996
Autor
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