LA COSTA ATLÁNTICA TIENE SED

En la región, de acuerdo con los informes actualizados del Consejo de Planificación de la Costa (Corpes), el agua llega al 63.42 por ciento de los habitantes de las áreas urbanas y al 23.74 en la rural.

Pero de la calidad, ni hablar. Si el Ministerio de Salud fuera riguroso en los controles, la mayoría de las poblaciones de la Costa perderían los exámenes , señaló el jefe de la División de Planificación Global del Corpes, Alberto Elías Gutiérrez.

La meta es que para 1994 los niveles de atención sean del 89 por ciento en los centros urbanos y del 45 por ciento en las zonas rurales. El reto es enorme e involucra a las administraciones de los 162 municipios costeños, a las gobernaciones y a la nación. Se trata de convertir en eficientes unos sistemas y unas empresas que la burocracia, la poca idoneidad en su manejo y la falta de recursos han convertido en inoperantes, con graves consecuencias para la salud.

El asunto del agua potable en la Costa requiere tratamiento prioritario. Y, como lo manifestó el ministro de Salud, Antonio Navarro Wolff, la situación amerita acciones de excepción, única forma de darle salida al problema.

Exceptuando a Valledupar, las demás capitales padecen serias dificultades, en casos verdaderamente dramáticos. En la capital de Cesar el agua llega a todos los sectores, tiene una fuente adecuada por lo abundante y limpia, el río Guatapurí, y existen procesos de descontaminación de aguas servidas antes de que estas sean vertidas nuevamente al río. Años de mala calidad

Pero Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Montería, aparte de que los acueductos no funcionan adecuadamente, tienen como fuente a ríos altamente contaminados Magdalena, Sinú y Manzanares, lo que hace siete veces más costoso el tratamiento respecto de ciudades como Medellín y Bogotá, por ejemplo.

En Sincelejo, el sistema de pozos de Corozal es completamente insuficiente. Más de la mitad de la ciudad carece de agua, por lo que el suministro debe hacerse de manera antihigiénica a través de carrotanques. Así llevan 35 años.

Y, aunque no hay agua sí hay chorros de denuncias ante los jueces y la Procuraduría General de la Nación por irregularidades en el proceso de desmonte de la Empresa de Acueductos de Sucre (Emposucre), que comprometen, inclusive, al liquidador Pedro Perna.

Por su lado, Riohacha nunca ha tenido agua potable. Recientemente se construyó el acueducto que resultó todo un fiasco, sin que nadie responda por las deficiencias de la obra. Su fuente es el río Tapias, ubicado a unos cuarenta kilómetros, lo que aprovechan los finqueros para conectarse fraudulentamente a la tubería con el fin de regar sus cultivos y los negociantes para instalar estanques de donde sacan el agua que venden a la población, lo que disminuye el suministro, que solo alcanza para el treinta por ciento de la población.

En Barranquilla, unas 300.000 personas no reciben servicio del acueducto y otras cien mil cuentan con él dos horas semanales, mientras que por diversos motivos se pierde el 52 por ciento del agua tratada. La ciudad se conoce, entre otras cosas, por las famosas fugas de agua , fenómeno que convierte las calles en ríos permanentes.

El problema se ha agudizado en los últimos tiempos por constantes fallas daños en la tubería, en las plantas de tratamiento, paros laborales y falta de químicos, lo que obliga a drásticos racionamientos.

La entidad responsable del servicio, las Empresas Públicas Municipales (EPM), ha servido más de instrumento politiquero que para prestar servicio a la comunidad. Tal es su estado de postración que los gremios piden su liquidación y los políticos la refinanciación.

El agua en Cartagena llega a toda la ciudad, pero a cuentagotas: un día llega a un sector y el otro no; y a quien le llega de día no la tiene en la noche. El acueducto resulta insuficiente porque dejó de ampliarse desde hace diez años y la tubería, por vieja, se rompe con frecuencia.

Igual ocurre en Montería, donde el acueducto, por el deterioro de las plantas de tratamiento y la falta de redes en extensos sectores copó su capacidad hace dos años. Allí los refugiados de la violencia (cerca de setenta mil personas), que han construido sus precarias viviendas en los alrededores de la ciudad, carecen totalmente de agua.

En Santa Marta, los racionamientos alcanzan a un 35 por ciento. Tiene problemas en la fuente, en las plantas y en la conducción, pero la situación está en vías de arreglo gracias a una inversión de 1.000 millones de pesos. Si por allá no llueve...

Como se anotó, el panorama es más dramático en la medida en que el problema se enfoca hacia las ciudades intermedias y pequeñas o en las comunidades rurales. Por ejemplo, los 200.000 habitantes de Soledad, un municipio con 400 años de historia y que tiene asiento en las goteras de Barranquilla, duran hasta veinte días sin agua. En El Banco, a orillas del Magdalena uno de los ríos más contaminados del mundo pasa igual.

Tanto la Asociación de Ingeniería Sanitaria (Acodal) como el Corpes señalan que la municipalización de los acueductos ha permitido avances en lo institucional como en calidad y cobertura. Sinembargo, varios factores, aparte de la pobreza fiscal, se conjugaron para que los resultados no sean los esperados. Los alcaldes no estaban preparados para asumir la responsabilidad, además de que sus períodos no alcanzan para identificar la solución, buscar financiación y ejecutarla. CIFRAS CONCRETAS Los recursos para financiar los acueductos se originan en los presupuestos municipales, de acuerdo con las leyes de descentralización fiscal y administrativa. La Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) estudia actualmente solicitudes por 31.500 millones de pesos a municipios para acueducto y alcantarillado. Las corporaciones de desarrollo regional invierten cerca de 10.000 millones en sus jurisdicciones que provienen de regalías. Los departamentos aportaron en 1990 las siguientes partidas para acueductos: Bolívar, 2.000 millones; Cesar, 1.500 millones; Atlántico, 2.000 millones; Guajira, 2.000 millones, y Magdalena 1.500 millones. Córdoba y Sucre se encuentran en incapacidad fiscal. A través de un convenio entre Holanda y Colombia se están construyendo diez acueductos, cinco en Sucre, por valor de 315 millones de pesos; y cinco en Magdalena, por 275 millones. En Cartagena, el nuevo acueducto vale veinte mil millones y se construiría en dos años. En Sincelejo, la solución provisional en marcha vale 500 millones. La definitiva supera los seis mil millones. En Montería, optimizar la planta y construir una nueva de 120 litros por segundo vale mil millones. En marcha hay obras por 350 millones. En Riohacha, las obras de emergencia valen mil millones y las definitivas seis mil millones. En Santa Marta, el Plan Maestro cuesta hoy en día unos 15.000 millones. Los trabajos en marcha, mil millones. En Barranquilla, llevarle agua al sur vale siete mil millones; una nueva planta, 1.500 millones; eliminar las fugas, tres mil millones, y optimizar las plantas, dos mil millones.