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CREADO CONSEJO DE POLÍTICA CRIMINAL

En un plazo no mayor de cuatro meses, el Consejo Superior de Política Criminal, creado ayer por el Gobierno, deberá entregarle al presidente, Ernesto Samper Pizano, un completo análisis de las causas de la criminalidad en Colombia.

Así lo estableció al expedir el Decreto 2026 por medio del cual creó el organismo que asesorará al Presidente en la formulación de una política criminal coherente del Estado.

El objetivo es adoptar las medidas necesarias para la protección eficaz de la sociedad y la prevención y la represión de los delitos.

Asimismo, a un mes de haber sido presentado ante el Congreso un estudio de la justicia regional o sin rostro, el decreto contempla la entrega de otra evaluación sobre los problemas que afronta.

El pasado primero de noviembre el ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez Neira, presentó al Congreso un informe evaluativo de 500 páginas que adelantó su despacho para analizar la situación actual de esa jurisdicción que investiga a narcotraficantes, terroristas, autores de masacres y otros delitos atroces.

En el informe, Martínez reconoció que pese a que la justicia sin rostro sólo ha fallado el cinco por ciento de los 66.000 casos que ha conocido desde 1992, cuando fue creada, se opuso a que ésta sea abolida, como se ha planteado en tres iniciativas estudiadas en las cámaras legislativas.

El Consejo lo integrarán el Ministro de Justicia, quien lo presidirá; el Fiscal General de la Nación, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los directores del DAS, del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario (Inpec), de la Policía Nacional.

Igualmente, el Comisionado Nacional para la Policía, un senador de la Comisión Primera de ese órgano legislativo y el director del programa presidencial para la lucha contra el delito del secuestro.

La asistencia a las deliberaciones del organismo son indelegables, precisa el decreto.

El informe Según el decreto reglamentario, el primer informe que se le entregará al Presidente deberá contener, además, propuestas sobre la estrategia que debe adoptar el Estado para atacar, neutralizar y reducir las causas de la criminalidad y un estudio sobre los costos y procedimientos para ponerlas en marcha.

También, una evaluación sobre la situación actual de las instituciones encargadas de combatir el crimen y los mecanismos para fortalecerlas, los elementos básicos para reformar y readecuar el ordenamiento jurídico a la realidad de criminalidad que afronta el país y recomendaciones para agilizar las investigaciones.

Además, debe contener una evaluación de los problemas que afronta la administración de justicia en materia penal.

La creación del organismo surge como respuesta a las constantes críticas sobre la falta de claridad del Estado en materia criminal, la falta de coherencia en la política encaminada a prevenir y combatir los alarmantes índices delincuenciales, la improvisación en materia de aplicación de penas y la debilidad de la política de re socialización de la delincuencia.

El Consejo se encargará, además de estudiar proyectos de ley relacionados con política criminal, de coordinar a todas las autoridades y organismos de seguridad encargados de garantizar la seguridad y la protección de los derechos de los ciudadanos.

El Gobierno dejó la puerta abierta para que el Consejo pueda convocar a funcionarios de otras entidades del Estado, ciudadanos, voceros de los gremios, de organizaciones no gubernamentales, de los medios de comunicación o funcionarios que sean requeridos para ilustrar al organismo sobre diferentes temas en los que se deban formular propuestas y soluciones.

El Ministerio de Justicia será el encargado de asumir la responsabilidad por el funcionamiento de las secretarías Técnica y Administrativa del nuevo órgano.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
30 de noviembre de 1995
Autor
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