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Plan piloto

La inseguridad es el problema más grave que aqueja a Cali. A partir de esta semana, el Gobierno y la Policía Nacional despliegan una rápida intervención para intentar reducir los abultados índices de violencia de la capital del Valle del Cauca. Desde el pasado lunes, los primeros 80 efectivos de un total de 700 nuevos uniformados patrullan las calles de la ciudad donde se produce el mayor número de delitos. En el transcurso de este año, la situación en La Sultana desbordó ya los límites de la percepción. Hasta finales de mayo, la cantidad de homicidios había subido a 750, cinco diarios en promedio. Los robos de celulares, carros y motos vienen incrementándose, mientras se recrudece la violencia ejercida por los delincuentes en los 'fleteos' y 'paseos millonarios'. Mes tras mes, los caleños se encuentran con trágicas historias de inocentes que mueren acribillados por sicarios, por balas perdidas o, de manera absurda, por el hurto de un teléfono móvil. La ciudadanía vallecaucana está hastiada. En una reciente encuesta del diario local El País, ocho de cada diez entrevistados califican a Cali como "muy insegura". Además, el 83 por ciento está a favor de la militarización urbana como último recurso contra la zozobra colectiva. Casi la mitad de los encuestados (el 48 por ciento) no cree en la Justicia para resolver los problemas.

La inseguridad en la tercera metrópolis del país es un fenómeno de vieja data.

De acuerdo con el programa 'Cali, cómo vamos' -una iniciativa de esta Casa Editorial y otros socios-, se han registrado, en promedio, unos 1.700 homicidios anuales durante los últimos 15 años. Los propulsores de esta violencia han estado, asimismo, estructuralmente presentes en el tejido urbano: las bandas del narcotráfico, las pandillas juveniles y la guerra por los territorios para la venta de drogas. En síntesis, un peligroso coctel que mantiene a la ciudad al borde de una intolerable tasa de 78 homicidios por cada 100.000 habitantes.

La capital vallecaucana constituye la mejor apuesta de la Casa de Nariño para probar el grado de efectividad de su política de seguridad ciudadana. En el aumento del pie de fuerza policial y en los nuevos instrumentos de la recién aprobada ley cifra el Gobierno sus esperanzas para combatir la delincuencia urbana. Con penas más severas contra el porte de armas y los delincuentes menores de edad, así como con las medidas contra el robo de celulares, las autoridades locales aspiran a que Cali se sume a la tendencia a la baja de muertes violentas en el resto del país.

No obstante, la tarea no es sencilla. A pesar de los 18.000 millones de pesos anunciados para seguridad, los recursos destinados a sostener este esfuerzo institucional son insuficientes. A lo anterior se añaden los cuellos de botella en el aparato de Justicia para el juzgamiento de los criminales. El programa de policías por cuadrantes, si bien útil para atacar unos delitos específicos, debe ser acompañado de mayor inteligencia e investigación para el desmonte de las bandas emergentes de narcos y las 'oficinas de cobros'. En vez de lanzar decenas de medidas, como sucedió a finales de abril, es mejor garantizar su ejecución paso a paso. Lo prioritario ahora es la ejecución sincronizada de las iniciativas nacionales con los esfuerzos locales. Como, por ejemplo, la 'toma de las localidades', ayer, en cinco municipios vallecaucanos, que dejó diez sospechosos de homicidios tras las rejas. En este plan piloto que arranca descansa la esperanza de los caleños para vivir más tranquilos en su terruño.

Así como la del resto de ciudades colombianas para reproducir los aciertos de la nueva política.

El Gobierno desplegará en Cali los instrumentos de su nueva estrategia de seguridad ciudadana. Del éxito en esta capital dependerá su aplicación en el resto del país

Publicación
eltiempo.com
Sección
Opinión
Fecha de publicación
8 de junio de 2011
Autor
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