La caída del muro de Berlín a finales de la década pasada logró distensionar las relaciones entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Como resultado de ello, se estima que la tendencia a reducir el gasto militar a nivel mundial se acentuó, ubicándose hoy en cerca del 3,4 por ciento del PIB, frente al 6,0 por ciento de los años sesenta.

El mundo occidental viene desde entonces agilizando procedimientos para entrar a cobrar los dividendos de la paz , consistentes en redireccionar el gasto público allí liberado hacia la educación y la seguridad social.

En Colombia, por el contrario, a lo largo de esta década se ha consolidado la tendencia a incrementar el gasto de la fuerza pública (incluyendo la Policía que realiza tareas de tipo militar). El gasto correspondiente ha crecido a una tasa cercana al 15 por ciento real por año en el período 1992-96, tasa que prácticamente triplica la de nuestras posibilidades de crecimiento económico.

El número de efectivos ha crecido al 4,5 por ciento anual en una década, más que el doble del ritmo de expansión de la población. Obviamente esta tendencia no obedece a un capricho, sino a la dura realidad de tener que enfrentar, en uno de los países más violentos del mundo, a la guerrilla más antigua del mundo, aliada en ciertas zonas con los narcotraficantes más poderosos del planeta.

Sin embargo, el gasto destinado a la fuerza pública parece estar desbordado al alcanzar hoy cerca del 3,5 por ciento del PIB, del cual el 90 por ciento va con cargo al presupuesto nacional. En efecto, tal como lo anotó la Comisión de Racionalización del Gasto Público, estos recursos se habían mantenido alrededor del 2,4 por ciento del PIB a mediados de la década pasada, pero apoyados en las contribuciones especiales se ha consolidado una peligrosa tendencia.

La opinión pública ha sido sorprendida nuevamente con el anuncio de un proyecto de ley que intenta extender la vigencia de esas contribuciones especiales o, en su defecto, generar un nuevo impuesto que permita recaudar cerca de 500.000 millones de pesos (equivalentes a 9,5 por ciento del PIB). Llama la atención que no se hayan evaluado las fuentes y usos que se le dieron a dichas contribuciones especiales.

En el cuadro adjunto se presentan las fuentes de dichas contribuciones especiales durante el período 1992-96. Inicialmente correspondían al llamado dólar petrolero de la Ley 6/92, que llegó a reportar el 0,25 por ciento del PIB en 1995 (200 mil millones de pesos de 1996).

Para los años 1993-96, entraron en vigencia contribuciones adicionales, como los bonos de seguridad (BDSI) y la sobretasa del 25 por ciento sobre el impuesto de renta. La suma de estas fuentes pasaron de 0,12 por ciento del PIB en 1992 a 0,82 por ciento del PIB en 1994 y se estima que en 1996 puede bordear 0,70 por ciento del PIB, o el equivalente a 600 mil millones (pesos de 1996). Cuánto de estos recursos se entregaron efectivamente a la fuerza pública? Cómo se aplicaron estos recursos? Sabemos que responder las anteriores inquietudes no es fácil tanto por la existencia del principio de unidad de caja como por la falta de seguimiento del gasto de la fuerza pública. Una forma indirecta de evaluar la aplicación marginal de estos recursos es calcular el incremento de gasto año por año durante este período en los rubros principales.

En efecto, los gastos relacionados con la nómina y las pensiones se incrementaron entre un 0,46-0,69 por ciento del PIB durante el período 1992-96, equivalentes a 330.000-550.000 millones (pesos de 1996) anuales.

Como es sabido, este incremento corresponde al mandato de la Ley 4/92, que ordenó un reajuste salarial promedio equivalente al 70 por ciento real durante dicho lapso. Sin embargo, los gastos en dotación y similares solo se incrementaron entre 0,13-0,24 por ciento del PIB. Pero lo más paradójico es que no quedaran recursos para incrementar la inversión. A pesar de haberse generado fuentes de ingresos adicionales, el incremento del gasto las superó, teniéndose que restar recursos de otros sectores.

Así las cosas, la imposición de nuevas cargas tributarias sobre el sector privado sería una torpe medida y no una solución, sería más de lo mismo . Los colombianos no podremos cobrar nuestros dividendos de paz , si no evaluamos los costos de la guerra y de la ineficiencia del Estado en tareas tan prioritarias.

(*) Asesor de la Comisión del Gasto Público.