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SERVICIOS PÚBLICOS Y DESCENTRALIZACIÓN

En los últimos días se viene ventilando un debate de vital trascendencia para los intereses generales de la comunidad, no solamente a nivel de la ciudad de Cali, sino también en todo el país. El tema es la transformación jurídica de las Empresas Municipales de Cali (Emcali): bien sea, en una Empresa de Servicios Públicos (EEPP), es decir, en sociedades por acciones cuyo objeto sea la prestación se servicios públicos esenciales (acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas, combustible, telefonía pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural), o que las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial (departamentos, distritos especiales, municipios, territorios indígenas, artículo 286 C.N.), cuyos propietarios no deseen que su capital esté representado en acciones, deberán adoptar la forma de empresa industrial y comercial del Estado, en razón al mandato legal del artículo 17 de la ley 142 de 1.994.

Ahora bien, de acuerdo con nuestra estructura administrativa, los municipios son entidades descentralizadas del orden territorial y los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, son también órganos descentralizados, pero calificados como funcionales o por servicios. Esta última tipología, fue adoptada por el sistema colombiano, después de la reforma constitucional de 1968, bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Es de advertir que la mayoría de las empresas de servicios públicos, en Colombia tienen una naturaleza jurídica de establecimientos públicos.

No cabe duda sobre el avance que en los últimos años ha tenido el proceso de modernización de los servicios públicos. Este avance se ha fincado en la especialización de funciones, estableciendo para cada tipo de servicios la escala óptima y la estructura adecuada para su administración y financiamiento.

De esta manera, se ha propiciado la descentralización de los servicios públicos con características eminentemente locales, cuya modernización está asociada a la descentralización administrativa del país, y la consolidación de una estructura nacional cuando la naturaleza interconectada del sector exige una administración integrada.

Es menester señalar además, que conforme el Artículo 1o. de la Constitución Política, Colombia es un estado social de Derecho organizado como república unitaria, esto significa que el fenómeno de la descentralización administrativa no es absoluta, ya que la ley 60 de 1993, desvirtúa este concepto autonómico de las entidades territoriales.

En efecto, bajo esta concepción los servicios públicos de carácter local que eran atendidos por la nación han sido transferidos a la responsabilidad municipal, las entidades ejecutoras centrales o nacionales que antes afectaban la autonomía local han desaparecido y los entes nacionales que concurrían desarticuladamente en la atención de algunos aspectos propios de la prestación de dichos servicios se han reestructurado y coordinado bajo pautas unificadas. El Gobierno central ha hecho un notable esfuerzo para lograr el saneamiento de las empresas transferidas y frente a ellas se ha constituido un instrumento de planificación, apoyo técnico y cofinanciación.

La decisión política de repensar la estructura del municipio, o mejor de los establecimientos públicos, como entidades encargadas de la prestación de los servicios públicos a partir de un enfoque descentralizado, supone también una predisposición para mirar la realidad social desde perspectivas inesperadas. Es obvio, entonces, que la nueva conciencia política solo puede avanzar apoyada en posturas francamente autocríticas .

La ruptura total en la credibilidad de las entidades del Estado va mucho más allá de una pura obsolescencia de las estructuras formales del Gobierno. Tampoco representa un simple agotamiento ideológico frente al cual resulten viables nuevas abstracciones jurídicas estériles. Las empresas de servicios públicos, es la máxima expresión de las formas de provincialismo político que sirvió como el mejor soporte a la concepción clientelista del Estado.

Nadie podría negar, desde luego, que el paso de la modernidad estuvo jalonado por las nuevas estructuras de poder que la Constitución Política ha establecido y en especial al cumplimiento de sus fines: la solución de las necesidades básicas insatisfechas; y que solo se logra con la efectiva prestación de los servicios públicos esenciales.

Pero a pesar de las críticas que podamos enrostrarle a las distintas administraciones que han tenido a su cargo el manejo de las Empresas Públicas, debemos advertir, que la ley 142 de 1994, obliga a los municipios a crear o a transformar las entidades ya existentes en sociedades por acciones o en empresas industriales y comerciales del Estado. Esa mutación jurídica implica no solamente adoptar la medida administrativa más conveniente a los intereses generales de la comunidad, sino la de introducir unos cambios estructurales a la Empresa.

Es decir, comprenderá no solo aspectos jurídicos, sino también laborales y prestacionales, toda vez que en los actuales momentos Emcali, como las demás empresas de servicios públicos tienen una naturaleza jurídica de establecimientos públicos, donde el capital es totalmente público, y las personas que laboran que son la mayoría son empleados públicos (unos de libre nombramiento y remoción) como los cargos de dirección, manejo o de confianza y los demás de carrera administrativa; el resto que es la excepción son calificadas por la Ley como trabajadores oficiales que se vinculan mediante contrato de trabajo, y sus funciones no tienen nada que ver con el objeto social de la empresa pero que su actividad coadyuva para su adecuado funcionamiento administrativo.

En consecuencia, la forma más conveniente, que debe adoptar estas entidades es la de convertirse en empresa industrial o comercial del Estado, toda vez que la ley aún no ha regulado jurídicamente las sociedades por acciones, cuando el capital de la entidad sea totalmente público.

Ahora, el plazo para la formación de empresas nuevas, se vence el junio del año de 1996. Y, la competencia constitucional y legal para hacerlo, corresponde al Alcalde, mediante la presentación de un proyecto de acuerdo, para ser aprobado por el Concejo municipal.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Opinión
Fecha de publicación
10 de noviembre de 1995
Autor
JAIRO RAMOS ACEVEDO

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