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NO HABRÁ CÁRCEL POR NO CONSIGNAR LA RETENCIÓN

La Corte Constitucional dejó ayer sin vigencia la norma del Estatuto Tributario que permitía llevar a la cárcel a quienes no consignaran los dineros derivados de la retención en la fuente.

No obstante, basada en la ley penal, la administración podrá pedirle a la Fiscalía General de la Nación investigar la conducta de aquellos que no cumplan con el respectivo depósito de los recursos a las arcas oficiales.

En criterio de la Corte, el Gobierno excedió sus facultades al consagrar en el Estatuto Tributario el pago de multas y penas entre dos a 10 años de prisión por no consignar las retenciones en la fuente sobre renta, ventas o timbre.

A juicio de la Corte, el Gobierno no determinó el plazo dentro del cual debía producirse la correspondiente consignación.

En opinión de los magistrados, se trata de una omisión que viola, incluso, la libertad de los ciudadanos.

Así lo dijo al declarar la inexequibilidad del artículo 665 del Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989).

Las sanciones En el caso de la consignación de las retenciones, la disposición consagraba las mismas sanciones previstas en la ley penal para los empleados públicos que incurran en apropiación indebida de fondos del Tesoro Público.

Esto es, según el Código Penal, entre otros, prisión de dos a 10 años, multa de un mil a un millón de pesos e interdicción de derechos y funciones públicas de uno a cinco años.

El artículo 665 del Decreto 624, declarado inexequible, decía: Responsabilidad penal por no consignar las retenciones. Los retenedores que no consignen las sumas retenidas, quedan sometidos a las mismas sanciones previstas en la ley penal para los empleados públicos que incurran en apropiación indebida de fondos del Tesoro Público. Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de las obligaciones.

Para tal efecto, las empresas deberán informar a la respectiva Administración o Recaudación la identidad de la persona que tiene la autonomía suficiente para realizar tal encargo. De no hacerlo, las sanciones recaerán sobre el representante legal de la entidad. En la información debe constar la aceptación del empleo señalado .

En la sentencia, proyectada por el magistrado Carlos Gaviria Díaz, la Corte llamó la atención del Congreso para reemplazar la norma (artículo 665) y determinar, de manera clara, los elementos que configuran el tipo delictivo.

Consultado sobre los efectos de la providencia, el abogado tributarista Eduardo Laverde indicó que la norma tenía una eficacia simbólica en la medida en que los retenedores en la fuente, de cualquier manera, tenían en la mente el espectro de un juicio penal.

En criterio de Laverde, la ley tributaria sí fija los términos dentro de los cuales el retenedor debe entregar las sumas correspondientes al fisco nacional.

Me parece terrible que se haya privado al Estado del más importante instrumento, más que de represión, de disuasión para que quien recaude dineros por cuenta del Estado se abstenga de entregarlos con la precisión y puntualidad que la ley manda , dijo.

Dijo que el Estado dispone de dos herramientas legales para actuar cuando no se produzca la respectiva consignación: Uno, Las acciones por las vías administrativas-tributarias (intereses, embargos, etc.), y dos, la petición del fisco a la Fiscalía General para que, en cada caso, proceda a averiguar si se infringió la ley.

Extorsión En otra providencia, la Corte avaló las penas de dos a 10 años de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas para los empleados oficiales que obstruyan la lucha contra el secuestro y la extorsión.

Las sanciones, consagradas en el artículo 33 de la Ley Antisecuestro, Ley 40 de 1993, están estipuladas para los servidores que omitan, rehúsen, retarden o denieguen un acto propio de sus funciones en relación con la prevención, investigación o juzgamiento de una extorsión o secuestro.

El pronunciamiento se produjo al negar una demanda que pedía excluir de la norma la sanción por el delito de extorsión.

Según el demandante, no existe relación entre el secuestro y la extorsión. La Corte no acogió el argumento e indicó que ambos delitos atentan contra la libertad y el patrimonio de los ciudadanos.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
28 de junio de 1996
Autor
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