EL DERRUMBE DE GUSTAVO DE GREIFF

EL DERRUMBE DE GUSTAVO DE GREIFF

Entre marzo de 1992 y finales de 1993 Gustavo De Greiff se constituyó quizá en el colombiano más popular y respetado del país. No obstante, a partir de allí y en razón de distintos episodios, su prestigio cayó en forma vertiginosa. La cancelación de su visa por parte del Gobierno de los Estados Unidos es el epílogo del dramático descenso en la imagen de De Greiff.

30 de junio de 1996, 05:00 am

Al hombre que en junio de 1992, 11 días después de haberse posesionado como primer Fiscal General, evitó la excarcelación de 1.306 narcotraficantes y terroristas, lo han marcado para siempre la publicitada carta en el caso de Dandennis Muñoz, La Quica , las peleas con Janet Reno frente a la legalización de las drogas; las negociaciones con el cartel de Cali y hasta antecedentes de fortuitas sociedades con Gilberto Rodríguez y Joaquín Builles.

Del Fiscal De Greiff, que literalmente obtuvo las confesiones de los enlaces de Pablo Escobar Gaviria y redujo a prisión a los terroristas sobrevivientes del cartel, el país pasó al funcionario que, en razón de sus pronunciamientos y decisiones, se hacía acreedor a múltiples cuestionamientos.

Las certificaciones que exigían narcos no procesados para moverse como pez en el agua ; el prematuro cierre de la investigación de los narcocasetes, las visitas del actualmente detenido Rodrigo Garavito a México y la aceptación de una embajada que le otorgaba el mismo Presidente al que indirectamente investigó y absolvió, minaron severamente la imagen de De Greiff.

Hay varias etapas en el derrumbe de De Greiff. La última, quizá la más crítica, es la que el país conoció hace unas horas. Aduciendo la existencia de leyes internas que excluyen de visa a extranjeros sobre los cuales existen indicios de posibles vínculos con el narcotráfico, la administración del presidente Bill Clinton determinó cancelar la visa a De Greiff.

El pasado Hace exactamente cuatro años Gustavo De Greiff instaló oficialmente la Fiscalía General de la Nación y, desde la antigua sede de los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, instó a 10.485 empleados públicos a defender con heroísmo la causa de la Justicia.

De Greiff sostuvo ese día que la Fiscalía era la última esperanza que le quedaba a Colombia para poner fin a la impunidad y demostrar que el delito no era rentable .

De hecho, entró pisando fuerte. Tan sólo 11 días después de su posesión, el primer Fiscal General de la Nación alertó al entonces presidente César Gaviria sobre un mico del Código de Procedimiento Penal que habilitaría la salida de 1.306 narcotraficantes y terroristas. A través de un decreto de Conmoción Interior y de varias circulares a fiscales y jueces en todo el país, abortó entonces una excarcelación masiva.

Una semana después, De Greiff reveló al Presidente actividades delictivas de Pablo Escobar desde prisión. Y, aún contra las reservas del alto Gobierno, advirtió que ordenaría el traslado del capo a una guarnición militar. Más tarde, vino la libertad de Hubiz Hasbum y otros cuatro acusados en el caso Galán.

Esta serie de golpes a la mafia y otras actuaciones de la Fiscalía permitieron que De Greiff culminara 1992 como el personaje del año en Colombia a criterio de EL TIEMPO y la revista Semana. Por lo demás, con una popularidad superior al 75 por ciento.

Sin embargo, ese panorama empezó a cambiar dramáticamente en 1993, cuando las fricciones entre el Gobierno de Estados Unidos y De Greiff comenzaron a ser repetitivas.

De Greiff vs. Reno La controversia, que se tradujo después en descalificación del entonces Fiscal y en suspensión de la cooperación judicial con Colombia, llegó a su clímax en un seminario realizado en Baltimore (Estados Unidos), en donde De Greiff se mostró partidario de la legalización de la droga.

Para 1994 De Greiff comenzó a enredarse aún más, en virtud de las negociaciones secretas con representantes del cartel de Cali para buscar el sometimiento a la justicia de los jefes de la mafia.

Abogados de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela empezaron a frecuentar la Fiscalía, a pesar de la enérgica oposición de la administración Gaviria que advertía como peligroso el proceso de negociación para la entrega de los capos.

Al desconcierto por la obsesión de De Greiff con ese proceso de negociación, se sumó el otorgamiento de salvoconductos a tres narcotraficantes que argumentaban la inexistencia de procesos judiciales en su contra. Entre ellos, Hélmer Pacho Herrera y Juan Carlos Ramírez Abadía, hoy pedidos en extradición por Estados Unidos.

Luego vino el episodio de la carta que De Greiff dirigió al juez que procesaba a Dandennis Muñoz, La Quica . En ésta, el Fiscal decía no poseer evidencia, a esa fecha, de que La Quica hubiese participado en el atentado al avión de Avianca, ocurrido en noviembre de 1989, con saldo de un centenar de víctimas mortales.

Las autoridades estadounidenses interpretaron la carta como una indebida intromisión del De Greiff en favor de La Quica y literalmente, desde entonces, le acusaron de obstrucción a la justicia.

Así comenzó un duro enfrentamiento entre De Greiff y su homóloga, la fiscal estadounidense Janet Reno. Reno anunció que Estados Unidos no enviaría más pruebas contra los narcos a Colombia porque, a instancias de De Greiff, había perdido la confianza al sistema de justicia colombiano y porque consideraba que los jueces colombianos se mostraban benignos (indulgentes) con los narcotraficantes, especialmente los del cartel de Cali.

Los narcocasetes Otro episodio en el proceso de desgaste de De Greiff fue el que tuvo que ver con los narcocasetes, divulgados un día después de la elección del presidente Ernesto Samper.

En criterio de diversos sectores, la evolución del Expediente 8.000 demostraría que De Greiff archivó en forma prematura la investigación a pesar de que el Bloque de Búsqueda ya había hallado los primeros indicios de pagos del cartel a varios políticos y de que la Fiscalía había tenido en su poder al contador Guillermo Pallomari.

De Greiff, que adujo la ilegalidad de los narcocasetes y la imposibilidad de utilizarlos como evidencia, aceptó después de cerrar el caso la embajada en México, en un acto que creó reservas sobre su actuación.

Más tarde surgió la evidencia, en la contabilidad de Miguel Rodríguez, de un viaje del representante liberal Rodrigo Garavito a México y luego la versión de que Estados Unidos habría considerado seriamente el procesar a De Greiff por obstrucción a la justicia.

En octubre del año pasado, fuentes judiciales en los Estados Unidos revelaron a el periódico El Nuevo Herald la existencia de testigos que acusaron a De Greiff de haberse dejado chantajear por el sindicado narcotraficante Joaquín Builles, con quien había coincidido 15 año atrás en una sociedad para explotar un mina de oro.

En la misma publicación se indicó que funcionarios policiacos de los Estados Unidos comentaron, en su momento, que tenían evidencias de que De Greiff se reunió en secreto con uno de los jefes fugitivos del cartel de Cali, en un intento por negociar su rendición.

A ello se sumó el episodio familiar de Exposal y Mónica De Greiff, que el senador Jessi Helms amenazó con llevar al Congreso de los Estados Unidos como prueba de los nexos de los De Greiff con el cartel de Cali y la revelación de que en 1981, Gilberto Rodríguez apareció comprando acciones de una empresa de la que De Greiff había sido socio.

Ahora, aun cuando el Gobierno ha sostenido que mantendrá a De Greiff en su cargo pues no existe investigación alguna en su contra, lo cierto es que, de algún modo, el superfiscal ha pasado de héroe a villano.