LOS 14 EMBATES CONTRA ETB

LOS 14 EMBATES CONTRA ETB

Desde el mismo momento en que se aprobó su privatización, en 1998, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) empezó a librar una batalla jurídica en los tribunales. Tres años después, la empresa ha invertido más de 600 millones de pesos en la defensa de una venta que paradójicamente no se pudo lograr.

22 de julio de 2001, 05:00 am

Desde el mismo momento en que se aprobó su privatización, en 1998, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) empezó a librar una batalla jurídica en los tribunales. Tres años después, la empresa ha invertido más de 600 millones de pesos en la defensa de una venta que paradójicamente no se pudo lograr.

Con esa suma, la Secretaría de Educación fácilmente habría podido financiar el estudio de 500 niños durante todo un año. Incluso el IDU podría pagar buena parte de la construcción de un puente peatonal y hasta la misma ETB habría podido darles un mejor uso a esos recursos si no hubiera sido por las 14 demandas que llegaron a los estrados.

De diversos sectores salieron apoderados dispuestos a tumbar el proceso, pero hasta el momento los fallos emitidos lo han favorecido.

Hubo cuatro acciones de nulidad contra el acuerdo 07 del Concejo que autorizó la privatización y tres acciones populares que ponían en tela de juicio la legalidad de su venta. De las primeras, dos ya están falladas y de las últimas, todas ya están en firme.

Posteriormente aparecieron más acciones de nulidad: dos contra el decreto 787 de la Alcaldía que determinó el plan para transferir el domino de las acciones (enajenación) y otra para suspender el acuerdo entre el Distrito y la ETB que ponía en marcha la venta. Lo último que llegó a manos de los magistrados fueron cuatro acciones más que pretenden tumbar igual número de adendos (modificaciones) del reglamento de venta. Estos aún están pendientes de fallo.

De las 14 demandas, hay fallos de 8 y hasta ahora ninguno ha sido adverso a la empresa. Digamos que en los tribunales se ha conseguido un respaldo legal importante así la venta no se haya dado , dijo el vicepresidente jurídico de la ETB, Germán González.

Tiberio Trespalacios y José Cipriano León están entre los primeros demandantes.

En el 98, cada uno por su cuenta pretendía que se declarara nulo el acuerdo del Concejo que dio el visto bueno para privatizar. Consideraban violados la Constitución, las leyes de privatizaciones y de servicios públicos, el Estatuto Orgánico de Bogotá y hasta el reglamento del Concejo.

Ambos procesos se acumularon y sobre ellos el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó, en febrero del 2000, que no hubo ninguna violación a las normas.

Aun están pendientes de fallo otras dos acciones de nulidad en el mismo sentido y que fueron presentadas por el Sindicato de la ETB y por Francisco Pareja.

Las acciones populares.

Y mientras por un lado la Administración buscaba compradores en el exterior, por el otro los abogados seguían dando la pelea en los tribunales. Esta vez por cuenta de las acciones populares.

En noviembre de 1999, la Red de Veedurías Ciudadanas (Red Ver) interpuso una acción contra la venta de la ETB para proteger los derechos colectivos, la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y de los usuarios.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó, en septiembre del año pasado, las peticiones. No halló violación de ningún derecho.

La Red consideró que los magistrados fallaron sin los suficientes elementos de juicio y sin practicar pruebas. Por eso el caso llegó al Consejo de Estado que el 6 de julio pasado confirmó la decisión.

De poco sirvió para la Red que se incluyera en el expediente el informe que, en septiembre pasado, el entonces Procurador Jaime Bernal Cuéllar entregó denunciando graves irregularidades y que causaron gran revuelo en el Distrito. En ese momento, la Procuraduría habló de indebida utilización de la delegación contractual, posible detrimento patrimonial, desconocimiento de los principios de legalidad y publicidad, posible violación al principio de igualdad y hasta improvisación jurídica.

Los consejeros concluyeron que la ETB cumplió con la ley de privatizaciones y que siguió la metodología de la Contraloría General para la valoración que fijó el precio de venta en 2,7 billones de pesos. Sobre ella agregó, además, que tuvo en cuenta las inversiones que la empresa tiene en Comcel, larga distancia y hasta su good will.

En las otras dos acciones populares que presentaron Heriberto Villamil y Carlos Bula Camacho, el Tribunal terminó los procesos luego de que se suspendiera la privatización por falta de oferentes interesados. Es decir, al desaparecer el posible daño que se pretendía erradicar.

Decretos y adendos.

Los magistrados tampoco consideraron viable una demanda presentada por Sandra Elena Abreu que pretendía anular el decreto 787 de 1999 con el que el Alcalde autorizó la enajenación de acciones de la ETB.

Todos los cargos que se alegaban, tanto de forma como de fondo, no prosperaron. Y además, según la sentencia, la demandante no presentó alegatos de conclusión. Por eso, aunque el fallo aún es de primera instancia, los abogados de la empresa esperan que la decisión quede en firme en esta semana.

El concepto que dio el Ministerio Público en este caso es que ninguno de las pretensiones estaba llamada a prosperar.

Tampoco tuvo eco la acción de nulidad que pidió Néstor Raúl Correa contra el acuerdo interinstitucional que firmaron el Distrito y la ETB para ejecutar la enajenación de acciones, en julio de 1998.

A este mismo demandante el Consejo de Estado le solucionó otra petición, el 12 de julio pasado, esta vez para que se suspendieran los efectos de un parágrafo del decreto 787.

El demandante no estaba de acuerdo con el hecho de que el Alcalde hubiese transferido al Presidente de la ETB las facultades para modificar o aclarar mediante adendos el reglamento de venta. El Tribunal le dio la razón al demandante, pero el Consejo de Estado revocó la decisión.

Así, solo se esperan los resultados de las cuatro acciones de nulidad contra los adendos del reglamento de venta que en su mayoría postergaban las fechas para realizar la subasta final. Este fallo del Consejo de Estado, según el vicepresidente jurídico de la empresa, va a ser decisivo en las acciones que aún están pendientes.

Y ahora, cuando empieza a salir de sus embates jurídicos, la ETB da inició a otra pelea. Ya no es en los estrados judiciales sino en las curules del Concejo donde pretende que le aprueben un cupo de endeudamiento de 500 millones de dólares para modernizarse y hacerse competitiva, porque la tan enjuiciada privatización, por ahora está descartada.

Fotos:.

1. La valoración de la empresa fue tema de algunas de las demandas. Se cuestionaba, por ejemplo, que no existiera un inventario detallado de las líneas telefónicas de la ciudad.

Archivo EL TIEMPO.

2. La empresa quiere modernizarse en vista de que la privatización quedó descartada.

Archivo EL TIEMPO