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COLOMBIA, REPÚBLICA UNITARIA

Porque la ley debe interpretarse de manera que produzca efectos -fue lo que me enseñaron mis maestros- máxime si esa ley es la Constitución, el título de la presente nota, inspirado en el expreso mandato que en tal preciso sentido hace el Artículo 1o. de la Carta.

Unitario querría decir, entonces, que teniendo una historia común, nos convoca o debe convocarnos un futuro que es, que debe se de todos. Que teniendo unos principios que nos identifican, una es nuestra normatividad, bajo cuya égida debemos comportarnos todos en sociedad.

Por ello, lo que es delito conforme a la ley, lo será en Titiribí, Antioquia; en Firavitoba, Boyacá; en Iles, Nariño y en Uribia, Guajira. No puede ser de otra manera. Es principio y fin de la nacionalidad. Es lo que nos cohesiona y hace que seamos una justamente, República Unitaria.

Ahora bien: de cara a la aplicación de la ley, existe un principio de Derecho conforme al cual Donde existen los mismos supuestos de hecho, deben obrar las mismas reglas y principios de Derecho , lo cual significa, ni más, ni menos, que si dos ciudadanos, por más encopetado sea uno de ellos y por más humilde sea el otro, infringen con su comportamiento (supuesto de hecho) la regla que les prohíbe transitar en contravía, uno como el otro habrán de hacerse acreedores a la misma sanción (regla de Derecho).

Así, para que amemos la misma madre (la Patria) para que unidos luchemos con ahínco por su honor y su buen vivir, si usted y yo, amable lector, ganamos la misma renta o hacemos el mismo esfuerzo, debemos, de la misma manera, pagar el mismo impuesto.

Por ello no se concibe una disposición que, como el inciso final del Artículo 84 de la Ponencia sobre Racionalización Tributaria cursa en el Congreso, pretende, contra toda regla de lógica elemental, además, que una cosa sea y no sea, al mismo tiempo.

En efecto propone la disposición que el valor de los bienes raíces sea uno para los fines del Impuesto a la Renta, pero otro, por ejemplo, para los propósitos del Impuesto Predial, lo cual en buen romance significa que el valor de mi predio sea uno si de enriquecerme se trata y otro, seguramente inferior si lo es de favorecer los intereses de la comunidad que me vio nacer. Algo así como delito en la capital, pero contravención en la comarca.

Por ello, si los Honorables Congresistas guardan algún sentido de responsabilidad y de solidaridad con el terruño donde vieron su primera luz (y donde además los eligieron) deberían aprovechar la feliz oportunidad de extenderle la mano al municipio, expidiendo una norma que precisamente diga lo contrario de lo propuesto: el valor de un predio es el mismo en todo el territorio nacional para los fines impositivos. Cuánto se los agradecerían los fiscos territoriales; cuánto sus compañeros de aventuras de la infancia; cuánto la unidad de la República! Una digresión (gracias Doctor Abella) pertinente: Por qué el Gobierno no le cuenta al Congreso y al país, con cifras verificables en la mano, cuánto representa para el erario el mayor ingreso tributario resultante de la aplicación del sistema de ajustes por inflación, pero también cuánto le cuesta, en términos de recursos fiscales, la deducción teórica dentro del mismo sistema? Ello, claro, para no hablar del costo que para el país productivo y para los funcionarios que supuestamente administran la tributación, representa la gestión de un incomprensible, inexplicable y sobre todo un inútil sistema.

Por qué , Honorables Congresistas, no se toman el trabajo de escrutar el sentir y la opinión del empresario productivo, como la del funcionario que tiene a su cargo el control de los pomposos ajustes por inflación? El país no puede detenerse ante el costo que pueda significar el corregir un error, por alto que aquél sea, pues nunca será superior al de mantenerse tozudamente en él: El sistema de ajustes por inflación debe ser abolido.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
30 de octubre de 1995
Autor
Eduardo Laverde Toscano. Especial para EL TIEMPO

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