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ENDURECEN DELITOS ECONÓMICOS

La ampliación del concepto del delito de pánico económico, la modificación de la medición de la tasa de usura, la configuración como delito de la manipulación del precio de las acciones y la cárcel para quien robe energía son las principales novedades del Código Penal que entra en vigencia el 24 de julio.

La ampliación del concepto del delito de pánico económico, la modificación de la medición de la tasa de usura, la configuración como delito de la manipulación del precio de las acciones y la cárcel para quien robe energía son las principales novedades del Código Penal que entra en vigencia el 24 de julio.

Y es que los delitos económicos que hoy se castigan, en algunos casos, tienen sanciones que empiezan desde los 1.000 pesos.

Por eso era necesario ampliar los conceptos de delitos junto con un incremento de las penas que figuran en el actual Código Penal, que data de 1980, tanto en materia de sanciones económicas como las de prisión para la mayoría de los casos.

Juristas consideran que la actualización y ampliación de penas eran necesarias dentro del ordenamiento jurídico colombiano, sin embargo algunos dudan que con un aumento de los castigos mejore el sistema judicial o baje la impunidad.

Así mismo, se agrupa una legislación que se encontraba dispersa en diferentes normas. De todas maneras, el Código Penal también brinda soluciones reales para diferente tipo de conflictos.

No obstante consideran que tanto el Código Penal como el de Procedimiento Penal fueron redactados a las carreras y en el caso del segundo, errores de procedimiento en su trámite hizo que ante la Corte Constitucional se presentaran más de 20 demandas que precisamente se fallarán esta semana.

Para el abogado penalista, Jaime Granados, asesor de la Corporación Excelencia en la Justicia, el nuevo Código Penal no tiene más de dos o tres temas nuevos y amplía las sanciones y penas.

Sin embargo, para el jurista hay un tema clave sobre el que ni el gobierno ni el Congreso se ha pronunciado y tiene que ver con el lavado de dinero.

El artículo 325 del nuevo Código Penal relacionado con la omisión de control de operaciones sospechosas contiene un elemento jurídico-técnico que impedirá que las autoridades y el sistema financiero realicen los reportes sobre las presuntas operaciones de lavado, pues la propia norma indica que el Congreso deberá reglamentar la materia, cosa que no ha sucedido.

De esta manera, para Granados, a partir del día de entrada en vigencia del Código se puede comenzar a presentar impunidad al dejar de castigarse el delito y más cuando ni siquiera hay un proyecto de ley para regular el tema, tal y como lo ha advertido desde hace meses.

El nuevo Código Penal contempla sanciones económicas hasta de 14.300 millones de pesos y prisión hasta de 28 años para delitos como el secuestro extorsivo.

Sin embargo, los delitos económicos tienen penas privativas de la libertad hasta de 15 años.

Pánico económico.

El artículo 302 del Código Penal amplía el concepto de pánico económico, contemplado en la normatividad vigente para hacerla más dura y poder aplicarla de manera más efectiva en el caso de que se configure.

Así, se establece que quien divulgue en público o reproduzca en un medio o en un sistema de comunicación público información falsa e inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una institución vigilada o controlada por la Superintendencia Bancaria o por la Superintendencia de Valores o en un fondo de valores, o cualquier otro esquema de inversión puede recibir una pena de prisión de dos a ocho años.

Adicionalmente, sobre este delito se contemplan multas en dinero desde 14 hasta 143 millones de pesos.

Sin embargo, este delito también incluye a quienes con sus informaciones provoquen o estimulen el retiro del país de inversión extranjera o nacional o la desvinculación de personal de empresas industriales, agropecuarias o de servicios.

De todas maneras el Código Penal contempla un aumento de la pena hasta en la mitad si como consecuencia de las conductas delictivas se produce los resultados previstos.

Sistema financiero.

La modificación del cálculo de la tasa de usura es el principal aspecto contemplado dentro de la nueva reglamentación del Código Penal.

La actual norma sobre la materia indica que el que reciba o cobre directa o indirectamente a cambio de préstamo de dinero, utilidad o ventaja que exceda la mitad del interés que para el período correspondiente estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación incurrirá en prisión de hasta tres años y multa máxima de 50.000 pesos.

La norma que entre en vigor el 24 de julio menciona que quien exceda en la mitad del interés bancario corriente incurrirá en el delito de usura y la pena de prisión será hasta de cinco años y la multa puede ascender a los 57 millones de pesos.

El artículo 316 igualmente establece penas de dos a seis años y multas de 14 a 14.000 millones de pesos para quienes realicen captación masiva y habitual de dineros sin autorización.

Juristas explican que la configuración de este delito se cumple cuando la captación se realiza por lo menos a 20 personas e implica la creación de un mercado paralelo al regulado por las autoridades.

Así mismo, el que con destino a actividades fomentadas por el estado obtenga un crédito oficialmente regulado y no le dé aplicación a la que está destinado podría ir a la cárcel hasta tres años.

El tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda no tiene en el actual Código Penal sanción, sin embargo con la nueva norma hay prisión hasta de seis años.

La falsificación y tráfico de moneda, la emisión ilegal o la circulación ilegal de moneda también aumentó su pena hasta en 10 años.

Por su parte, los servidores públicos involucrados en estos hechos pueden quedar inhabilitados para ejercer funciones en el Estado por el mismo período de la pena privativa de la libertad.

Comercio.

El acaparamiento y la especulación de artículos de primera necesidad tendrá una pena de tres a seis años y multa de 20 a 200 salarios mínimos (57 millones de pesos).

La alteración o modificación de la calidad o cantidad de un producto dará hasta tres años de cárcel y una multa de hasta 286 millones de pesos.

El ofrecimiento engañoso de productos y servicios de manera masiva únicamente recibirá una multa, mientras que la práctica del agiotaje, es decir quien realice una maniobra fraudulenta con el fin de procurar alteración en el precio de artículos de primera necesidad tendrá prisión hasta de ocho años y una multa de hasta 143 millones de pesos.

El artículo 303 del nuevo Código Penal establece que la persona que comercialice bienes de distribución gratuita tendrá cárcel hasta por cuatro años y tendría que pagar hasta 57 millones de pesos.

También se penalizará a quienes comercialicen artículos obtenidos de entidades públicas o privadas.

Otro de los puntos que aumenta las penas y sanciones en el Código de hasta ocho años de prisión y hasta 143 millones, es el que provoque una alteración de las condiciones del mercado destruyendo, inutilizando o deteriorando materia prima, producto agropecuario o industrial, así como la maquinaria para su producción o distribución.

Bolsa de valores.

El artículo 314 del nuevo Código penaliza a los administradores o representantes legales de entidades sometidas a la vigilancia de la Supervalores, Superbancaria o Supersolidaria que utilizando fondos captados del público los utilice para operaciones dirigidas a adquirir el control de compañías vigiladas por estas mismas entidades.

El artículo 317 contempla las mismas penas que las anteriores para quien realice transacciones con la intención de producir una apariencia de mayor liquidez respecto de determinada acción u otro título registrado ante el Registro Nacional de Valores e Intermediarios o quien efectúe maniobras fraudulentas con la intención de alterar la cotización de dichos títulos.

Industria.

La usurpación de marcas y patentes industriales fue uno de los delitos a los que se le amplió el concepto pues aparte de su uso fraudulento se castiga los que se hagan con el fin de confundir. Así, la prisión puede ascender a los cuatro años y la multa a 570 millones de pesos.

Con igual pena se castigará a quien financie estas actividades o los adquiera en el mercado.

Similar castigo recibirá quien fabrique un producto sin autorización de quien tiene el derecho a su explotación.

La revelación de secretos o descubrimientos de invenciones científicas o procesos de aplicación industrial y que deban ser guardados bajo reserva, tendrá cárcel de hasta cinco años y 570 millones de multa.

Las exportaciones o importaciones ficticias total o parcialmente y que busquen obtener un provecho ilícito de origen oficial se pena con prisión hasta de ocho años y 143 millones de pesos de multa.

Servicios públicos.

A partir del 24 de julio quienes realicen o tengan conexiones fraudulentas de agua, luz, gas o teléfonos enfrentarán penas de prisión que van de uno a cuatro años.

Así lo establece el nuevo Código Penal en el artículo 256 sobre defraudación de fluidos, que además contempla cárcel o multas hasta los 286 millones de pesos.

La norma busca disminuir las pérdidas por conexiones fraudulentas. En la actualidad se estima que en Colombia existen ocho millones de hogares con conexiones de servicios públicos, de ellos 1,2 millones de hogares tienen conexiones que no son legales.

Evasión fiscal.

El Código Penal en el artículo 313 dice que el concesionario, representante legal, administrador o empresario autorizado para la explotación de un monopolio rentístico y que incumpla con la entrega de rentas que correspondan a los servicios de salud y educación puede ir a la cárcel hasta seis años y recibir una sanción en efectivo hasta de 14.300 millones de pesos.

El contrabando, penalizado desde 1997 tiene en el nuevo Código un capítulo para la penalización de esta actividad ilícita y la evasión.

De acuerdo con la Dian, es una importante ventaja que en un solo Código estén agrupadas las normas para penalizar este tipo de delitos.

El capítulo cuarto del Título X de la Ley 599 del 24 de julio de 2000 ratifica las normas, ahora con mayor relevancia, sobre penalización del contrabando con multas hasta de 14.000 millones de pesos y penas hasta de 8 años.

Construcción.

La urbanización ilegal tanto en materia de su promoción, patrocinio o colaboración podría dar cárcel hasta siete años y multa hasta de 14.300 millones de pesos.

La pena privativa de la libertad se aumentará si la parcelación o construcción se efectúe en terrenos de preservación ambiental, de alto riesgo o en zonas rurales.

Información privilegiada.

Los servidores públicos que den a conocer documentos o noticias que deban mantener en secreto o reserva incurrirán en la pérdida del empleo y multa hasta de 60 salarios mínimos y en algunos casos prisión de tres años.

Un delito nuevo que no estaba en la reglamentación que rige hasta el 23 de julio es la revelación o uso indebido de información por parte de servidor público que no sea objeto de conocimiento público con el fin de obtener provecho para sí o un tercero.

Así mismo, el que habiéndose desempeñado como funcionario público el año inmediatamente anterior utilice en beneficio propio o de terceros información obtenida en su trabajo incurrirá en multa.

Medio ambiente.

El manejo ilícito de microorganismos, el extranjero que explote sin autorización recursos naturales. Igualmente se consagran conceptos nuevos que hace 20 años no se manejaban como la biodiversidad.

Igualmente la contaminación ambiental culposa será castigada en este caso con penas de prisión hasta de seis años y multa de 14.000 millones de pesos para las empresas.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
16 de julio de 2001
Autor
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