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SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO CONDENAN A LA NACIÓN POR INUNDACIONES EN BOYACÁ

Las inundaciones ocasionadas por inviernos severos se han considerado hasta ahora desastres naturales imprevisibles. La razón de ello, observan los expertos, es que la intensidad de algunos cambios climáticos puede rebasar ostensiblemente las previsiones científicas. En términos estrictamente legales, la consecuencia de esa percepción es que la responsabilidad del desastre recae en su totalidad sobre la naturaleza.

Así, en el caso de una eventual demanda contra el Estado, la Nación pudo obtener hasta hace poco sentencias que eximían a las entidades de indeminizar a los afectados.

La tesis central en defensa de la Nación señaló hasta ahora que las inundaciones son consecuencia de inviernos cuya intensidad no es factible determinar. En consecuencia, el Estado se enfrenta a un hecho de fuerza mayor.

La última semana, sin embargo, el Consejo de Estado hizo una profunda revisión del tema y llegó a nuevas conclusiones. La responsabilidad no es absoluta de la naturaleza. También parte de la culpa del desastre puede caberle al Estado.

Es la primera vez que se produce un fallo en este sentido y, en consecuencia, el debate fue intenso , sostiene el consejero de Estado, Carlos Gustavo Arrieta Padilla, miembro de la Sección Tercera y conductor del proceso.

En síntesis, es evidente que existe responsabilidad del Estado cuando la inundación es razonablemente previsible , resume Arrieta.

El caso en estudio se originó en la inundación de dos predios, ubicados en la vereda Salitre, municipio de Santa Rosa de Viterbo, departamento de Boyacá.

Un invierno fuerte ocasionó la inundación de los terrenos en 1977. Un estudio realizado posteriormente por el Instituto Colombiano de Hidrología, Metereología y Adecuación de Tierras (Himat), evidenció que era factible una nueva inundación tres o cuatro años más tarde , si no se adoptaban correctivos.

Específicamente, la realización de obras en el Canal Cuche que permitieran aumentar la capacidad de evacuación de aguas en caso de invierno.

El Himat ordenó limpiar el punto de drenaje del agua pero se abstuvo de realizar la obras de ampliación y de adoptar otras recomendaciones.

Entre mayo y julio de 1981, ante una invierno mucho más intenso que el ocurrido en 1977, se registró una inundación de mayores proporciones.

Pedro Piedrahíta Echeverry, propietario de dos de los predios inundados decidió entablar una demanda contra la Nación por daños y perjuicios.

Durante el curso del proceso, los expertos del Himat demostraron científicamente que las precipitaciones sobre la zona de Santa Rosa de Viterbo, alcanzaron a elevar el nivel en 260 milímetros, intensidad que rebasó todas las proyecciones. Estas calculaban, emtre 53.3 y 70.9 milimetros.

Así, en concepto de los defensores de la Nación, la inundación de los predios se produjo como consecuencia de un hecho casual, originado en las fuertes lluvias y no en factores imputables al Himat.

En tales circunstancias --aún en el caso de que hubiese existido falla en el servicio--, dichas fuertes lluvias constituyeron un fuerza mayor, imprevista e imprevisible, que determinan una causal que exime de responsabilidad .

La ponencia final del Consejo de Estado, observa, sin embargo: Tal vez la ciencia de la metereología no permita predecir con exactitud la magnitud de futuras épocas de lluvia, y en ese sentido sería imposible pedirle al Himat que desde 1977 supiese que el invierno en 1981 iba a implicar una precipitación tan severa en 1982.

Pero si es claro que existían elementos para suponer razonablemente que en 1980 o 1981 podría presentarse un invierno de intensidad comparable a la de 1977, que podría acarrear consecuencias similares en cuanto a inundaciones se refiere, posibilidad frente a la cual debían haberse adoptado los correctivos planeados.

Si dichas medidas se hubiesen tomado, o el daño no habría ocurrido o éste habría sido menor. Y en tal evento, si esas medidas correctivas planteadas desde 1977, se hubiesen ejecutado, tal vez si podría configurarse la causal de fuerza mayor .

Ahora, el Himat deberá cancelar perjuicios y lucro cesante por el equivalente de un año. La razón: En el caso presente, al igual que en todos demás servicios a cargo del Estado, requería una actitud positiva, dinámica, eficaz y eficiente (...) Dicho cumplimiento no puede hacerse solo de forma nominal sino que exige la realización de todas las gestiones que sean necesarias para que se produzcan los mejores resultados para la comunidad .

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
14 de noviembre de 1990
Autor
Por EDGAR TORRES Redactor de EL TIEMPO

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