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INSPECCIONES DE POLICÍA SE RAJAN ANTE MINJUSTICIA

Las inspecciones de policía que funcionan en Bogotá salieron mal libradas en un estudio realizado por el Ministerio de Justicia, en el que los ciudadanos dicen percibirlas como instituciones politizadas y corruptas que no atienden apropiadamente sus funciones y que no resuelven los asuntos y conflictos que se les presentan. (VER GRAFICAS: FALLOS DE INSPECCION DE POLICIA y CASOS MS FRECUENTES DE CONDENA)

El mismo estudio señala que la demora en los procesos hace que con frecuencia los querellantes los abandonen por los costos o porque consideran que están perdiendo el tiempo.

Los procesos policivos duran un mínimo de 2 a 5 meses cuando hay conciliación, y de 23 a 26 meses cuando, sin haber conciliación, se produce fallo. Algunos casos fueron reportados por el Consejo de Justicia de procesos que han durando entre 7 y 8 años. Para las características de los conflictos que son del conocimiento de las inspecciones de policía esos plazos son excesivos y equivalen a una reiterada denegación de justicia en pequeños asuntos , dice uno de los apartes del informe.

Los fallos son 63 por ciento condenatorios y 37 por ciento absolutorios, inhibitorios, etc. Los casos más frecuentes de condena ocurren en amparos posesorios (26 por ciento), arresto (25 por ciento) y lanzamiento por ocupación de hecho (18 por ciento).

El diagnóstico fue realizado por un grupo de expertos contratado por el Ministerio de Justicia con el fin de saber qué papel cumplen las autoridades frente a los conflictos de la comunidad, así como sus condiciones, eficacia y gestión en las labores que les corresponden.

Las preguntas se formularon a tres grupos de población, cada uno de ellos de 12 personas, así: jueces, personas que han tenido relación con los inspectores de policía (querellantes), y personas que no han tenido relación con ellos.

Su diagnóstico determinó que salvo los magistrados, jueces o abogados que conocen plenamente las funciones de estas dependencias, la ciudadanía ignora el papel que desempeñan y las confunde con la institución policial o las vinculan a ella.

Así mismo, señaló que la función que más perturba el normal funcionamiento de las inspecciones de policía son los despachos comisorios que les remiten las distintas autoridades judiciales de Bogotá, pues han originado la pérdida o el descuido de sus funciones primordiales.

A este respecto, precisó que según diversas informaciones, la fijación de fecha para una diligencia debe ser pagada al inspector o al secretario, los secuestres nombrados por los inspectores comparten sus honorario con ellos. No obstante que desde el mes de julio de 1994, por decisión del alcalde Mayor, se estableció que solamente una inspección por localidad puede atender despachos comisorios, esta medida ha incrementado la corrupción, creando además una grave congestión y generando el consiguiente atraso en la práctica de las diligencias comisionadas .

De igual manera, dice que no existen mecanismos de control o supervisión de las actividades de los inspectores, quienes no tienen obligación de reportar su desempeño o los resultados de sus labores.

Además, afirma que la Secretaría de Gobierno no ha implementado un sistema estadístico, ni recoge sistemática o esporádicamente información pertinente que permita hacer evaluación y seguimiento.

Por su parte, el alcalde mayor de Bogotá, Antanas Mockus, dijo ayer que las afirmaciones del estudio contratado por el Ministerio de Justicia parecen ser tomadas de un diagnóstico previo que hizo el Instituto Ser en 1993 y que se tomó como base para introducir algunas modificaciones dentro del funcionamiento de las inspecciones como la división de funciones y la sistematización.

Agregó que durante su mandato ha destituido entre 10 y 15 funcionarios de inspecciones y que no comparte la orden del Gobierno Nacional de hacer que las inspecciones se ocupen de los despachos comisorios porque eso demanda mucho tiempo y es factor de corrupción.

Las funciones En Bogotá hay 106 inspecciones de policía, lo que da un promedio de 5,3 en cada una de las 20 localidades de la ciudad y un inspector por cada 60.000 habitantes. Los funcionarios dependen de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor y son de libre nombramiento y remoción.

Las funciones de los inspectores de Policía son, básicamente, conocer de las contravenciones al Decreto 522 de 1971 relacionadas con la preservación del orden público, que incluye aspectos como seguridad, salubridad, tranquilidad y medio ambiente.

También se ocupan de las querellas por conflictos entre particulares relacionados con el dominio, como el lanzamiento por ocupación de hecho y de otras perturbaciones a la propiedad o la posesión, o la protección de la industria hotelera.\ Las recomendaciones del estudio\ El estudio contratado por el Ministerio de Justicia hace, entre otras, las siguientes recomendaciones:\ -Se requiere una reforma del Código Nacional de Policía, de manera que el nuevo estatuto de convivencia ciudadana y libertades públicas permita un tratamiento preventivo y conciliatorio de las pequeñas causas o conflictos entre ciudadanos. Un nuevo Código de alcance nacional que actualice las multas y reoriente todo lo relacionado con la naturaleza de las contravenciones y la imposición de sanciones.\ -Los investigadores sugieren convertir las inspecciones de policía en juzgados de paz, o juzgados de asuntos ciudadanos. En tal caso sería necesario distinguir los jueces encargados de la justicia contravencional no conciliable y los que se encargarían de otros asuntos o pequeñas causas generadoras de conflictos entre particulares.\ -Hay que desjudicializar y verbalizar el procedimiento de manera que los asuntos se fallen en una audiencia pública de única instancia, de la cual se deje constancia en un acta; al igual que suprimir totalmente el requerimiento de abogado en cualquier causa que se tramite ante la justicia contravencional.\ -Se requiere que el Distrito construya un nuevo centro carcelario y centros satélites de detención de infractores arrestados por violación de normas policivas. De igual forma, es preciso contar con la colaboración de la Policía nacional para que preste apoyo permanente a los inspectores.\ A este respecto, el alcalde Mockus dijo que la construcción debería darse después de que el Inpec cumpla con la ley en lo que se refiere a la Cárcel Distrital y saque de allí a los condenados y a quienes no deben estar en ese sitio.\ -Es necesario reformar la justicia contravencional porque es la más cercana a la comunidad y la que resuelve los casos de mayor ocurrencia de conflictos ciudadanos. Se calcula que el 80 por ciento de los problemas y controversias entre ciudadanos no llega nunca al conocimiento de la justicia formal, lo que ocasiona impunidad y acciones individuales encaminadas a hacer justicia por mano propia, redundando en un mayor estímulo a la generación de situaciones de violencia.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Bogotá
Fecha de publicación
5 de enero de 1996
Autor
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