El Ministerio de la Protección asegura que los decretos de la emergencia social permitirán que todos los colombianos puedan acceder de manera equitativa y suficiente a todos los servicios de salud que necesiten, al tiempo que racionalizarán el manejo de los recursos del sistema.

Pero las asociaciones de pacientes, algunos gremios médicos y hospitalarios advierten que las medidas, en aras de solucionar los problemas económicos del sistema, van a recortar sensiblemente los servicios médicos garantizados a la población, aumentarán las barreras para acceder a varios de ellos y transferirán buena parte de los costos a los usuarios.

La legalidad o no de los decretos –pendientes de reglamentación– será definida por la Corte Constitucional, que el viernes le envió un auto al Ministerio de la Protección para que explique las razones en las que se sustentan las medidas. .

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