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Las claves de la ‘bendición’ de la Procuraduría al Referendo

En las 53 páginas del concepto en el que le da su bendición al referendo reeleccionista, el procurador Alejandro Ordóñez le dice a la Corte Constitucional que esa iniciativa es “una realidad democrática en marcha” que debe ser sometida a la consideración de los colombianos.

El pronunciamiento, que no obliga al alto tribunal, armó polémica. Rafael Pardo, candidato liberal, aseguró que fue no fue un concepto jurídico sino “de un aliado político”, mientras que Andrés Felipe Arias, ex ministro de Uribe y precandidato conservador, calificó el documento como “una clara señal a la Corte Constitucional” sobre la legalidad de la iniciativa. El Gobierno, mientras tanto, dijo que “valora la importancia del concepto rendido por el Procurador”.

Ordóñez dice que una segunda reelección no afecta la esencia de la Constitución del 91 y que los eventuales vicios en el trámite del referendo, incluso desde la convocatoria de las firmas, no pueden impedir la declaración de exequibilidad de la convocatoria. Según el jefe del Ministerio Público, “cuando el pueblo promueve una reforma constitucional a través del referendo, éste tiene la misma fuerza que cuando actúa mediante la asamblea constituyente, pues en ambos mecanismos es la expresión del constituyente primario la que resulta determinante en la sustitución del contenido de la Carta”.

En ese sentido, asegura que si hubo irregularidades en la financiación de la campaña por el Referendo –asunto investigado por el Consejo Electoral y la Fiscalía– las responsabilidades son individuales.

La Procuraduría considera también que el Congreso sí podía cambiar el texto avalado por las firmas, que hablaba de reelección en el 2014 y no en el 2010, y que los supuestos vicios de trámite denunciados ante la Corte Constitucional no son de fondo.

Desde este miércoles, empiezan a correr 30 días hábiles para que el magistrado Humberto Sierra haga su ponencia. La Corte tiene otros 90 días hábiles para dar su fallo, una vez tenga el informe de Sierra. Se trata de tiempos máximos que, como sucedió en el caso del concepto Ordóñez, podrían reducirse.

Juristas critican el concepto .

El ex ministro Jaime Castro, uno de los autores de la Constitución del 91, y los ex magistrados Alfredo Beltrán y Jaime Córdoba Triviño, ex presidentes de la Corte Constitucional, consideran que el procurador Alejandro Ordóñez “se quedó corto” en el concepto sobre la ley que convoca el referendo reeleccionista.

“No se puede decir que hay vicios en el trámite del proyecto y no sacar las consecuencias de esas irregularidades. Ni la Constitución ni la ley distinguen entre vicios graves, menos graves y leves. Si los hay, todo el trámite es inexistente, es nulo”, dijo el ex ministro Castro.

Por su parte, el ex magistrado Beltrán consideró que el concepto del Procurador es contradictorio. “No se puede afirmar que es ilegal la financiación del referendo, pero que eso no importa y que solo sirve para imponer sanciones individuales y que no se afecta la ley que lo convoca”, aseguró.

A su vez, el ex magistrado Córdoba Triviño opinó que el concepto del jefe del Ministerio Público no se ocupa a fondo de un tema clave: la eventual sustitución de la Constitución de 91 con una nueva reelección. “El reparo más serio que se ha formulado es la sustitución del equilibrio de poderes y el tema de pesos y contrapesos de la Constitución –cuestionó el ex magistrado y ex vicefiscal general–. De aprobarse la segunda reelección, se afectaría seriamente la independencia de los órganos de control”.

‘Congreso sí podía cambiar texto del Referendo’.

Estos son los puntos básicos del concepto de Ordóñez.

1. Una segunda reelección no afecta el espíritu de la Carta del 91: “Cuando el pueblo actúa activamente en los mecanismos de reforma que prevé la Carta Política, siempre lo hace en su condición de soberano y, por tanto, como poder constituyente primario y originario, capaz de sustituir o reemplazar los contenidos superiores que guían el ordenamiento jurídico (...) El Alto Tribunal no puede perder de vista que para el caso que nos ocupa, la iniciativa de reforma que propone el pueblo no pretende la sustitución de la Constitución Política, pues su materia recae sobre un elemento ya previsto y permitido por la propia Carta”.

2. Las posibles irregularidades en la recolección de firmas no anulan la convocatoria: “La investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral sobre las presuntas irregularidades en el contenido de dicho balance (de la campaña por el Referendo) en nada afecta la validez de la certificación dada por el Registrador y el trámite de la iniciativa popular (...) El posible incumplimiento de las normas sobre financiación y montos máximos de contribuciones privadas sólo tiene incidencia de orden personal y administrativo (...) Si en gracia de discusión, se aceptara que el Consejo Nacional Electoral encuentre irregularidades en la financiación de la iniciativa, sus efectos no tienen el alcance de enervar la intención popular de reformar la Constitución Política.

3. Avala el cambio en la fecha.

Es uno de los temas más discutidos, pues la iniciativa firmada por los ciudadanos hablaba de una reelección en el 2014 y el Congreso la modificó para el 2010. Ordóñez dice que el Congreso sí puede cambiar los referendos y que, incluso si la Corte dijera que no lo puede hacer, la modificación de fechas no es un cambio de fondo: “Resulta clara la identidad o unidad en la materia entre lo presentado por la ciudadanía y lo aprobado”.

4. Errores en trámite en el Congreso no son de fondo: En las demandas ante la Corte, se ha mencionado que la citación a extras no fue publicada en el Diario Oficial y sin embargo esas sesiones se cumplieron para que la plenaria de la Cámara aprobara el Referendo. Ordóñez asegura no es un vicio insalvable: “El Decreto 4742 de 2008 (que convocó a extras) sí resultó eficaz, porque cumplió con su finalidad de convocar a quienes tenían la obligación de asistir a sesiones extras para debatir y aprobar el Proyecto de ley 138 de 2008, Cámara. Esto es, a los miembros de la Cámara, quienes así lo hicieron de manera eficiente y sin haber sido asaltados en su buena fe”.

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‘Presidente-Candidato’ con límites legales.

El Procurador pidió que la Corte elimine el voto en blanco del texto del referendo porque, legalmente, esa opción no existe en lo que se refiere a los mecanismos de participación ciudadana. También, que el Gobierno fije fecha para el referendo máximo 8 días después de que la Corte anuncie su decisión a través de un comunicado de prensa y no cuando la sentencia sea publicada, proceso que suele tardar semanas.

Como considera que el referendo es ya una realidad política que pondría en escena a un Presidente-candidato, el Ministerio Público exige que Uribe se acoja a la Ley de Garantías Electorales que se aprobó en el 2005, para la pasada reelección.

“Esta jefatura cree necesario para el interés general que el actual Presidente, a partir de la fecha, acoja las restricciones y limitaciones de la Ley de Garantías”. Entre esas limitaciones están: “Regular las transmisiones en el canal institucional sobre la gestión de Gobierno, inclusive los ‘consejos comunitarios’; la asistencia a actos de inauguración de obras públicas, entregar personalmente recursos o bienes estatales o cualquier otra suma de dinero proveniente del erario público o producto de donaciones de terceros al Gobierno Nacional; referirse a los demás candidatos o movimientos políticos en sus disertaciones o presentaciones públicas, como Jefe de Estado o de Gobierno; y utilizar o incluir la imagen, símbolos o consignas de su campaña”.

CANDIDATOS OPINAN .

Andrés Felipe Arias Ex ministro y precandidato conservador “Es una señal muy importante y muy clara a la Corte Constitucio- nal para que falle a favor del refe- rendo y para que el pueblo pueda definir que Uribe vaya a otro periodo”.

Noemí Sanín Precandidata del Partido Conservador “El pronuncia- miento era la cró- nica de un con- cepto anunciado. Se perfilan 3 pos- turas: la de la opo- sición, la de la reelección y la nuestra: reelegir la seguridad democrática con mejoras”.

Sergio Fajardo Candidato independiente “El presidente Uribe no se va a lanzar por un tercer periodo, y si se presenta, igual haremos nuestra campaña. Respeto para todas las personas y seguimos avanzando”.

Rafael Pardo Candidato del Partido Liberal “Lo que hubiera sido sorpresa es que el Procurador Alejandro Ordóñez hubiera emitido un concepto de jurista y no de un aliado político del Gobierno”

Publicación
eltiempo.com
Sección
Colombia
Fecha de publicación
13 de enero de 2010
Autor
REDACCIÓN JUSTICIA

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