Un informe de la Contraloría General de la República señala que las transferencias del Gobierno a las universidades públicas llegaban en el 2000 a 1,73 billones de pesos y una década después apenas suman, a precios de 2009, unos 1,6 billones. (VER GRÁFICO: TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS)

Y mientras se les reduce el presupuesto, según ese organismo, las instituciones de educación superior han tenido que mejorar sus niveles de eficiencia e indicadores, en cuanto a más cupos, profesionalización de docentes, grupos de investigación y aumento de la inversión en infraestructura física y tecnológica.

Estas exigencias, de acuerdo con la Contraloría, han llevado a que el país “esté asistiendo a un desfinanciamiento progresivo” de la educación superior pública.

“El dilema es claro: se desfinancian progresivamente las universidades públicas, pero la mismo tiempo se les exige cada vez más, y las ganancias en eficiencia tienen un límite”, afirma el contralor general, Julio César Turbay.

De este modo, la Contraloría respalda el clamor de los rectores, que en los últimos días han señalado que estos centros pasan por una difícil situación financiera.

Y aunque las cifras del ente de control se apoyan en informes de ejecución presupuestal del Ministerio de Educación (Ver gráfico), el viceministro de Educación Superior, Gabriel Burgos, dice que las partidas han tenido un aumento cercano al 17 por ciento entre el 2003 y el 2009.

Mientras la Contraloría suma transferencias por 1,83 billones de pesos en el 2003 y 1,67 billones en el 2009, Burgos habla de 2,11 billones y 2,36, respectivamente.

Para el año entrante, según cálculos de la Contraloría, el Gobierno apropiará recursos por cerca de 1,9 billones de pesos para la educación superior pública. Pero esta cifra, agrega, incluye un aporte adicional por 57 mil millones, que se contabiliza dentro del total del presupuesto, pero no se tiene en cuenta para proyectar la asignación del año siguiente.

Sin embargo, el viceministro Burgos afirma que el presupuesto de 2010 tendrá el incremento del IPC (se estima en 4 por ciento) y varias partidas adicionales, entre ellas, la que menciona la Contraloría. No obstante, esos recursos no serán manejados por las universidades, sino por el Icetex, para “equidad y cobertura”.

Igualmente, añade Burgos, la Nación les entregará 40 mil millones, que corresponden al 2 por ciento del total de los recursos y que antes manejaba el Icfes, mas 18 mil millones para cubrir el descuento del 10 por ciento que se les hace a los estudiantes con el certificado electoral (las universidades dicen que por ese concepto les deben 55 mil millones).

En todo caso, la Contraloría señala que mientras en Colombia las transferencias a la educación superior pública no representa el 0,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), países como México dedican el 1 por ciento y Argentina y Brasil, el 0,8 por ciento.

Para la Contraloría, la educación superior pública necesita más recursos si se quiere que sea competitiva en formación y en investigación, y que realmente brinde mayores opciones de acceso a la población más vulnerable, como son los estratos 1, 2 y 3.

Para los rectores hay un desfase Desde 1992 el presupuesto de las universidades se ajusta de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se les ha empezado a exigir mejoras en cobertura, investigación y formación de docentes, pero no se les asignaron más recursos.

Eso, según Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, “descompensó el presupuesto” y es el motivo por el cual estos centros exigieron un aumento adicional para 2010 del 9 por ciento sobre la inflación.

La propuesta incluía un 5,5 para los gastos generados por las exigencias de ley y un 3,5 para mejoramiento de infraestructura. Sin embargo, los rectores desistieron de esta última solicitud.

Ahora, esperan que el próximo martes el Gobierno y el Congreso les aprueben 150 mil millones adicionales.

RECTORES HACEN UN LLAMADO AL GOBIERNO Y AL CONGRESO.

Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional.

“El problema del financiamiento es estructural, y llamamos la atención para el próximo año, antes de llegar a una situación crítica, porque nos estamos acercando al límite. Esperamos que el Gobierno y el Congreso se den cuenta de que nuestra reclamación es justa, aunque a veces eso es difícil y más aún en situaciones de crisis económica. Debe darse un debate sobre la función social de la universidad”.

Édgar Varela, vicerrector financiero de la U. del Valle.

“Esperamos que al votar el texto final del presupuesto general de la Nación el Congreso y el Gobierno tomen en consideración ajustar el presupuesto de las universidades públicas. Como estamos no podemos ni siquiera invertir en infraestructura. Y algunos recursos adicionales, como los de estampilla, no podemos usarlos en salarios, pensiones o gastos administrativos”.

Alberto Uribe, rector de la Universidad de Antioquia.

“Las universidades deberían tener garantizado su financiamiento a través del Gobierno, pero al no ser este suficiente nos hemos ayudado con asesorías e interventorías, aunque se desvía el objetivo primario: educar. Los ingresos extras, como los fondos especiales para investigación y extensión, tienen una destinación específica, que impide que los usemos en salarios o prestaciones”.

88% de los nuevos cupos creados entre 2000 y 2008 fueron a través de las universidades públicas. El 12% en la privada.

820.411 estudiantes se matricularon en el 2008 en la universidad pública, para un 55,3%. En la privada lo hicieron 663.220