Con un promedio de 600 asistentes y 8 horas de trabajo en cada jornada, los 250 consejos comunales del presidente Álvaro Uribe –que se cumplieron el pasado sábado– suman unas 2.000 horas de reuniones entre el mandatario y cerca de 150.000 personas.

Y a menos de un año de que Uribe finalice su segundo gobierno, se mantiene vivo el debate entre quienes exaltan el diálogo semanal y directo del mandatario con los ciudadanos y quienes lo critican por ‘saltarse’ la descentralización y desgastar la figura presidencial en la discusión de lo micro.

El ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, ha sido uno de los más fuertes contradictores de esta metodología: “Lo que veo en los consejos comunales es a cada uno pidiendo sus cosas..., una especie de piñata un poco ‘infantilizante’ de los líderes locales”.

En defensa del tema, Miguel Peñaloza, alto consejero presidencial para la competitividad y las regiones, destaca “el acercamiento entre las administraciones municipales y departamentales con el Gobierno, porque se sientan en un mismo escenario a los protagonistas para agilizar trámites”.

Según él, “hay rigor en el seguimiento de las tareas, que hoy son aproximadamente 6.500, de las cuales el 40 por ciento están ejecutadas y el 60 por ciento en proceso de ejecución”.

Peñaloza desmiente que la entrega de créditos cada sábado, en vivo por TV, sea un show de campaña con fines electorales, como lo han calificado algunos: “El Presidente hace mucho tiempo no está en esa fase de entrega, para evitar esas críticas”. Explicó que se sigue transmitiendo esta parte del consejo (antes de que llegue Uribe) porque “se pretende mandarle a la gente el mensaje de que existe un mecanismo de crédito más barato que el gota a gota”.

Los candidatos de oposición definidos en las recientes consultas internas son críticos de los consejos, pero al tiempo proponen sus propias fórmulas de diálogo con la ciudadanía.

Gustavo Petro, candidato único del Polo, cuestiona que son una “copia del ‘Alo, Presidente’” del jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez.

Al tiempo, plantea que, de ser Presidente, haría “acuerdos comunitarios locales”, enfocados en la reconciliación entre los actores del conflicto y los afectados por este.

“Serían acuerdos a partir de una transacción judicial para el victimario, que incluye la no extradición, y una transacción política y económica de cesión de tierras y de poder local a favor de la ciudadanía”, explicó Petro.

Rafael Pardo, la carta del Partido Liberal, dice que cambiaría los consejos comunales por “un sistema amplio de democracia para decidir la inversión pública”. Explicó que se trata de que el gobierno “a todo nivel busque que las decisiones sean producto de una discusión participativa con representantes significativos de la comunidad (...) con Presidente o sin él, con cámaras de televisión o sin ellas”