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DEFENSA GRATUITA PARA LOS POBRES

Hace veinte años nació en Bogotá la Fundación Servicio Jurídico Popular con el fin de prestar asesoría legal a personas de escasos recursos que no tuvieran dinero para pagar un abogado. Desde entonces, y gracias a un acuerdo a que llegaron el entonces Presidente, Misael Pastrana Borrero y el Presidente del Banco Popular, Eduardo Nieto Calderón, esa entidad ha sido el soporte económico de la Fundación.

El Servicio Jurídico Popular fue la primera institución de asistencia gratuita que hubo en el país para suministrar abogados a los pobres y tal vez la única a nivel de profesionales graduados que existe en Colombia.

El primer director fue José Vicente Piñeres Torres, a quien han sucedido Manuel Arbeláez Pava y Carlos Germán Navas Talero, quien labora en la entidad desde su fundación, primero como penalista y luego como Director.

La primera labor que se propuso el Servicio Jurídico Popular fue la organización y ayuda a los consultorios jurídicos de las Facultades de Derecho, instituciones nacientes que debían funcionar conforme al decreto 196 de 1971. Así, hoy existen consultorios jurídicos en todas las facultades de Derecho.

Precísamente fueron abogados de la Fundación quienes en un comienzo dirigieron los consultorios jurídicos en varias universidades, buscando promocionar la idea y la unidad en cuanto a la forma de prestar el servicio.

Desde su fundación, el Servicio atiende unas 2.800 consultas por año. Pese a que sus diez abogados son especializados en todas las ramas del Derecho, el 70 por ciento de los casos se dirige a solucionar conflictos de Derecho de Familia, lo cual indica el grave deterioro en ese núcleo social.

La entidad funciona en una casa de la calle 36 # 13-31 que fue adquirida gracias al empeño de Cecilia Robledo de Eastman, quien siendo representante del Presidente Julio César Turbay Ayala, consiguió los dineros, con los buenos oficios de Diana Turbay de Uribe.

Quienes requieran asistencia jurídica deben asistir a una entrevista en la Fundación y si se considera que su caso es justo se les asigna un abogado para que le tramite el proceso hasta culminar. El interesado solo debe pagar los gastos propios de un proceso, como peritos y curador. El único requisito que se exige es que la persona sea pobre.

Su actual director Navas Talero dice que en la Fundación no han tenido cabida las recomendaciones políticas y que siempre se le presta atención al necesitado, viniere de donde viniere.

La institución tiene como objetivo primordial la divulgación de las normas jurídicas a través de los medios de comunicación. Durante muchos años ha tenido espacios radiales de difusión. Desde hace 11 años, Navas dirige en televisión el programa Consultorio Jurídico con la colaboración del Fondo de Capacitación Popular de Inravisión y de la División de Televisión Educativa.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
5 de marzo de 1991
Autor
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