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LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1991 II

La Constitución de 1991 puede ser buena o mala según sean sus desarrollos legislativos en el curso de los años. Tuvo un origen viciado y fue promulgada sin haber sido redactada en su totalidad. Lo que sí no se puede decir es que el Espíritu Santo descendió sobre las cabezas de los constituyentes para iluminar a Colombia. Todos los temas, empezando por la ecología, el respeto a los derechos humanos, la internacionalización, la Corte Constitucional, el sistema acusatorio, estaban en el ambiente desde hacía, por lo menos, veinte años. Atribuirle los reparos a la versión final a que quedaron reducidas ciertas inquietudes, no es regresar al pasado con la nostalgia de los tiempos idos, sino mirar hacia el futuro con la esperanza de devolverles su auténtico sentido a muchas de estas instituciones que se vieron desfiguradas en la versión final del articulado constitucional.

Así, por ejemplo, las llamadas consultas, plebiscitos y referendos, propios de la llamada democracia participativa, no son tan novedosos como se pretende, abusando de la amnesia nacional. El plebiscito de 1959 para adoptar la paridad en el Organo Legislativo, en los ministerios, en las gobernaciones y en las alcaldías, fue fruto de un plebiscito de este tipo. Y no deja de ser divertido que en el último artículo que se sometió a la consulta de los colombianos se afirmara que este sistema no se aplicaría sino por una sola vez, pensando probablemente los autores del texto que dejar abierta la puerta para toda clase de consultas se podía prestar a abusos. Fue lo que ocurrió cuando, a propósito del fallo de la Corte Constitucional sobre la dosis personal de alucinógenos, declarando inexequible la prohibición absoluta, el gobierno del presidente Gaviria anunció que contra tal sentencia de la máxima autoridad jurisdiccional se apelaría a un plebiscito. Era abrirle la puerta al desconocimiento de las sentencias. En buena hora se optó por enmendar la Constitución para autorizar la restricción y antes de un año el acto legislativo ya aprobado en primer debate consagrará el derecho del gobierno a limitar el uso de la dosis personal.

La circunscripción nacional para la elección de senadores fue tergiversada. La idea original, propuesta en 1982, fue la de establecer dicha circunscripción para que las minorías que no alcanzaran al cuociente en la respectiva votación departamental, pudieran lograrlo sumando sus residuos en diferentes departamentos. Consagrar la circunscripción nacional, no ya para las minorías sino para las mayorías, dio por resultado que se quedaran muchos departamentos sin representación en el Senado. Singular participación esta, que priva a los departamentos pequeños de su vocería en el Senado! Y para qué hablar, en materia del Organo Legislativo de la desaparición de los suplentes, ya resucitados mediante el sistema de la licencia para retirarse el principal de la respectiva lista. Algo semejante ocurre con las limitaciones impuestas a senadores y representantes para desempeñar cargos públicos tales como los ministerios y las embajadas de nombramiento del Ejecutivo. Reducido a la impotencia el Presidente, privado de otorgar tales canonjías, ha tenido que recurrir al incremento desbordado de las notarías y a los cargos en el exterior para los familiares de los congresistas exigentes.

Otras instituciones, que desafortunadamente surgieron de la iniciativa de algunos liberales en el seno de la Constituyente y no de la oposición, como yo lo creí en un momento dado, han servido para anarquizar al partido de gobierno, o sea el liberalismo, sin que el mal de la abstención electoral sea menor que en los malhadados tiempos del Congreso representativo. Son: la consulta para los candidatos presidenciales, la doble vuelta, la vicepresidencia, que se concibieron para despertar el fervor electoral y sólo han servido para un mayor grado de abstención. Aun en democracias tan respetables como la inglesa, los partidos tradicionales no se dejan atomizar por reformas destinadas a debilitarlos. Es el caso de las circunscripciones electorales anacrónicas, diseñadas para que partidos minoritarios como el liberal inglés, no tengan una representación proporcionada a su volumen electoral.

Un mal ejemplo desde el punto de vista de la Justicia, puesto que no se siguen estrictamente las reglas de la proporcionalidad, pero explicable en el orden político, en un país donde la mayor preocupación es la estabilidad. Dudo de que en Colombia se pueda considerar como un fruto de bendición la desarticulación de los partidos, gracias a mecanismos que hacen de cada candidato un elector individual sin acatamiento a las directivas nacionales. Y, como una observación marginal para quienes me atribuyen el invento de la operación avispa . Dicha operación se gestó en Palacio, cuando se estaba aprestando el partido liberal para concurrir a las elecciones de la Constituyente, antes de constitucionalizarse la circunscripción nacional y se pensó en una lista liberal. Distinguidos copartidarios me fueron a pedir que la encabezara. No se trataba, como lo afirma el doctor Pastrana, de una lista costeña.

Era nacional y en ella debían figurar, en primer término, el doctor Horacio Serpa Uribe y el doctor Alberto Montoya Puyana, quien había renunciado a la presidencia de Camacol para ocupar uno de los primeros renglones. Grande fue mi sorpresa cuando, quienes me habían pedido que encabezara, se dispersaron, haciendo individualmente de cabeza de lista. En una entrevista para el periódico EL TIEMPO, dije que me retiraba ante el invento de la operación avispa . De ahí en adelante el partido no ha tenido otra alternativa que prescindir del sistema de lista y apelar al de la operación avispa , cocinada en las retortas de Palacio con ocasión de la elección de constituyentes y a la que yo le puse el nombre cuando se utilizó en contra mía.

En momentos en que se debate el tema económico, quizás sea oportuno recordar cómo, para cerrar el debate electoral de 1991, y cuando todavía estaba funcionando la Asamblea Constituyente, un grupo de jóvenes, de Viva la ciudadanía , nos invitó a los directores de los distintos grupos políticos a hablar sobre el futuro. Mis temas fueron dos: el problema que se suscitaría con el tiempo entre la Junta Directiva del Banco de la República y el Ejecutivo ante la ausencia de una clara delimitación de funciones entre los dos, y la inminencia de una segunda reforma tributaria bajo el futuro gobierno. Es algo a lo que estamos asistiendo en la actualidad.

En lo económico cabe observar cómo el gobierno ha ido perdiendo el control monetario, no tanto a manos de la Junta Directiva del Banco de la República, sino de los municipios estimulados por un proceso descentralizador descontrolado, semejante al del Brasil, que ya ha llevado a ese país a una contrarreforma constitucional. En Colombia estamos asistiendo a un desbordamiento de los gastos departamentales y municipales que no concuerdan con la estrategia económica ni del Ejecutivo ni de la Banca Central.

En la disputa entre estos dos poderes bien vale la pena, para un observador imparcial, anotar que, contrariamente a la opinión difundida acerca de la intransigencia del Banco a bajar los intereses y la del gobierno a reducir el gasto público, en verdad es necesario tener en cuenta el desbordamiento del crédito al sector privado, y el otorgado a las entidades territoriales. Fernando Gaviria Cadavid, en estudio que dará a conocer dentro de pocos días la Universidad Sergio Arboleda, afirma con razón: ... aun careciendo de la información precisa que hubiese podido derivarse de las cifras del modelo reiteradamente citado, todo conduce a concluir de manera irrefutable, que el crédito al sector privado fue el que originó el desmesurado crecimiento del M2, muy en particular durante 1994. Se interrogará el lector a qué se debe esa extraordinaria expansión crediticia colombiana, de proporciones que no tienen antecedentes similares en su historia. Pues bien, el impulso original de este ascenso lo revelan las cifras del comercio exterior que señalan un claro recalentamiento de la economía, impulsado por el desbordamiento de las importaciones que pasaron de los US$ 3.754 millones en 1990 a los US$ 8.066 millones en 1994, un incremento del 215 por ciento en cuatro años. Ese aumento de la actividad importadora no hubiese tenido lugar sin la expansión incontrolada del crédito interno .

La Fiscalía General de la Nación y el sistema acusatorio ya se habían incorporado en el proyecto de reforma discutido bajo la administración Barco. Era, a su turno, una herencia del acto Legislativo No.1 de 1979, que había sido propuesto por el senador Alvaro Gómez Hurtado.

El sistema acusatorio provenía de la Comisión SER de la Universidad de los Andes, que se lo suministró al suscrito cuando ejercía la Presidencia de la República en 1975. Se estaba estudiando para la reforma constitucional de la pequeña Constituyente de 1978 sin mucha convicción acerca de su conveniencia en un país tan desequilibrado en materia de capacidad de investigación por parte de los fiscales de las zonas periféricas. Sin embargo, el gran reparo a la versión de 1991, reside en haber creado un híbrido que no corresponde ni al sistema norteamericano de la acusación ante el fallador, sino que los fiscales son, a la vez, investigadores y falladores como los antiguos jueces de instrucción.

Como puede comprobarse con estos ejemplos, las ideas centrales ya estaban en el ambiente; el gran error, fruto de la vanidad de los inspiradores de la reforma, fue no haber retocado la Constitución de 1886 con todos estos ajustes, como se hizo en 1936, sin haber echado al canasto de los papeles la más antigua Constitución del Hemisferio, después de la norteamericana de Filadelfia. Tanto la séptima papeleta como el decreto convocatorio, jamás hablaron de derogar la Constitución sino de reformarla, actualizándola, ya que, como se ha puesto de presente, todas estas inquietudes estaban en la conciencia pública.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Opinión
Fecha de publicación
25 de junio de 1995
Autor
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