Un juez le dio al Gobierno un plazo perentorio de apenas días para instalar las comisiones regionales para la restitución de tierras y bienes que ordena la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz en varias ciudades del país, cuya demora, según algunos, ha contribuido para que los paramilitares escondan lo que les quitaron a sus víctimas.

Otra consecuencia de la tardanza habrían sido algunas explosiones de violencia, pues a partir de la promesa de que pueden recuperar sus fincas, muchos desplazados han vuelto a sus lugares de origen y al ver que sus predios continúan ocupados han hecho tomas a la fuerza. Posteriormente, han sido amenazados por grupos armados. Ahora, al fallar una acción de cumplimiento interpuesta por la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes en Urabá, el Juzgado Administrativo del Circuito de Turbo (Antioquia) le ordena al ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, que en diez días instale las comisiones.

Teniendo en cuenta que son diez días hábiles y el fallo de primera instancia tiene fecha del 11 de junio, el plazo habría vencido ayer; sin embargo, fuentes del Ministerio indicaron que no sería así, pues solo ayer recibió el documento. Además, la directora de Justicia Transicional del Mininterior, Heidi Abuchaibe, anunció que apelarán la decisión. Explicó que se han presentado inconvenientes como la caída del Estatuto de Desarrollo Rural y la Ley de Víctimas en el Congreso, que tenía un capítulo dedicado al tema.

Por otra parte, como condición previa, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación debe tener un plan de restitución de bienes. En este momento solo hay un plan piloto para aplicarlo en Turbo (Antioquia).

En Antioquia, la primera “El Ministerio en ningún momento se ha negado a esto, simplemente que “hay unos requisitos”, dijo.

Abuchaibe anunció que, independiente del mandato judicial, el próximo 10 de julio instalarán la Comisión de Restitución en Antioquia, el 17 de agosto en Cartagena, y el 19 de octubre en Bogotá. En el resto del país estarían listas al finalizar el 2009.

Para el coordinador de la Comisión de Reparación en Antioquia, Gerardo Vega, los cuatro años de demora en la devolución de predios y bienes a las víctimas es un tiempo que se les ha regalado a los paramilitares, que han usurpado bienes para transferir propiedades a testaferros y esconderlas.

En todo el país se calcula que el despojo de estos grupos armados superó los 5,5 millones de hectáreas.

Solo en Antioquia, en este momento hay 852 reclamaciones de personas que buscan volver a cultivar en lo que fue suyo y que otros tomaron por la fuerza.