Una millonaria investigación, en la que estarían comprometidos 5.436 millones de pesos, tendrán que enfrentar el ex gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) Édgar Ruiz y dos funcionarios más de la administración de Luis Eduardo Garzón.

Ayer, en los edictos de la Contraloría Distrital, EL TIEMPO encontró la notificación de la apertura del proceso de responsabilidad fiscal en contra de Ruiz, por presuntas irregularidades en la construcción de la presa de Cantarrana, ubicada en el suroriente de Bogotá.

Dicha megaobra fue entregada el 30 de abril del 2007 y beneficia a un millón de personas que viven en los barrios localizados a lo largo de la cuenca del río Tunjuelo, pues evita que las aguas de ese río se desborden y causen tragedias, como ocurrió durante décadas.

¿Obras sin soporte técnico? Además de Ruiz, el organismo de control investigará a Ulises Julio Ibarra Daza, ex director de Contratación y Compras del Eaab, y a Mónica Pérez Valcarcel, quien en la época de los hechos era la directora de Red Troncal de Alcantarillado de la empresa.

Según logró establecer este diario con fuentes enteradas del proceso, el organismo de control desempolvó una auditoría adelantada en su momento al Acueducto por el entonces contralor Óscar González Arana, al final de la alcaldía Garzón.

Allí surgieron inquietudes por obras que efectivamente se realizaron en Cantarrana, pero que hasta el momento no han sido justificadas, pese a la solicitud de la Contraloría al Acueducto para la entrega de los respectivos soportes.

Consultado por este diario, Ruiz explicó anoche que se trata de obras que se adelantaron en el año 2006.

“No es que las obras no se hayan hecho, porque sí se realizaron. Lo que sucede es que hay una justificación técnica de esas mayores cantidades de obra efectuadas y en este juicio las vamos a entregar”, dijo Ruiz. “Son unos documentos que el Acueducto no entregó en su momento”, añadió.

El ex funcionario también afirmó que “el pasado 30 de marzo, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía archivó un proceso, pues según su criterio no existen sobrecostos”, en esa obra, que terminó costando cerca de 62 mil millones de pesos, según cifras entregadas ayer por Ruiz.

En el 2007, los concejales Carlos Vicente de Roux (Polo), Fernando Rojas (Polo), y Jorge E. Salamanca (liberal) advirtieron de presuntas irregularidades en Cantarrana.

Los líos estallaron en diciembre del 2006, tras una demanda interpuesta ante la Fiscalía por la compañía Quality Couriers International.

Esta empresa cubano-española y la compañía colombiana Diconci conformaban el consorcio Obras Tunjuelo, que ganó la licitación para construir la presa.

Las obras iniciaron en febrero del 2005.

Pero casi un año después, el 31 de marzo del 2006, el Acueducto le puso fin al contrato, de manera unilateral y anticipada, según Ruiz, “por incumplimientos graves”.

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