En manos del presidente Álvaro Uribe se encuentra la ley contra la obesidad, aprobada por el Congreso la semana pasada. La iniciativa legislativa no solo declara esta grave condición como un problema de salud pública, sino que introduce novedosos elementos en materia de nutrición escolar, prevención, regulación de alimentos y estrategias de información y educación.

Más que una preocupación estética, la obesidad es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una de las problemáticas más serias del mundo, que afecta a todos los estratos sociales y a países de distintos niveles de desarrollo. Un alto índice de masa corporal está asociado con otro tipo de males, como la diabetes, las enfermedades cardiacas, el colesterol, la hipertensión y el cáncer. Todo esto incide directamente en el aumento de las tasas de mortalidad de los países y en los costos nacionales de salud. Por ejemplo, los tratamientos médicos relacionados con el sobrepeso de la población estadounidense cuestan alrededor de 100.000 millones de dólares anuales.

La obesidad en Colombia es una realidad inocultable. Según la Encuesta Nacional de Salud Nutricional del 2007, el 13,7 por ciento de los colombianos de entre 18 y 69 años de edad padecen esta enfermedad. Estos datos confirman lo encontrado por la Encuesta Nacional de Situación Nutricional: el 45 por ciento de los habitantes presentan tanto problemas de sobrepeso como obesidad. Las encuestas revelan, asimismo, que un 10,3 por ciento de niños padecen gordura. Ante estos guarismos, el país estaba en mora de reconocer esta situación como un desafío de salud pública.

No obstante, los problemas de sobrepeso han sido vistos tradicionalmente más como una falla de carácter de la persona gorda que como una enfermedad que requiere prevención y tratamiento. Y de ahí surgen las polémicas en el mundo sobre si la obesidad requiere regulaciones gubernamentales o será tan solo una cuestión de mejorar los hábitos alimentarios y hacer más ejercicio. Por qué diseñar una estrategia legal para combatir lo que es resultado de la falta de voluntad de miles de personas que comen en exceso, dirían algunos.

Otros se preguntarán por qué las empresas procesadoras de alimentos deben asumir costos adicionales en su etiquetado y en sus contenidos de grasas si la decisión de la compra de esos productos y de la frecuencia de su ingesta es de los consumidores.

Esta compleja problemática –generada tanto por predisposiciones genéticas como por factores del ambiente, como la mala nutrición y el sedentarismo– es un típico caso del debate entre la responsabilidad individual y los límites del Estado para proteger a las personas de sus decisiones. La iniciativa del Congreso opta, afortunadamente, por la regulación estatal de los menúes escolares, de los contenidos de los alimentos, de la atención médica a la obesidad incapacitante y de la promoción de la actividad física.

El espíritu del articulado está en la dirección correcta: las empresas de alimentos y bebidas deben informar claramente sus contenidos calóricos y nutricionales, y el Ministerio de la Protección Social quedará encargado de emitir una regulación sobre las grasas trans y saturadas de los productos.

Estas medidas deben ir acompañadas de intensas campañas informativas para que los colombianos aprendan a prevenir el sobrepeso, mejoren sus hábitos de alimentación y nutrición y hagan más ejercicio.

Un paquete de regulaciones gubernamentales no reducirá automáticamente los preocupantes niveles de obesidad de la población colombiana. Existen consideraciones, tanto médicas como de voluntad personal, imposibles de ignorar. Sin embargo, esta nueva ley ayuda directamente a que el Estado asuma mejor su indelegable papel en la promoción de información, prevención y educación sobre este problema de salud pública