En cuestión de diez días, dos adolescentes murieron en Bogotá por balas perdidas. Las vidas de Laura Triana, de 14 años, y Aída Marcela Segura, de 17, ambas estudiantes de colegio, fueron estúpidamente segadas al quedar en medio del fuego en sendos actos delictivos. En el caso de Aída Marcela, un vecino perseguía a unos delincuentes, mientras que en el de Laura, esta falleció cuando la Policía se enfrentaba a unos ladrones.

Estos asesinatos resumen los elementos más peligrosos de la violencia urbana. Pandillas en los barrios, bandas de delincuentes, armas sin control, peleas de vecinos y, en el caso de Laura, la posibilidad de un error policial son hoy en día temores reales y tangibles para los ciudadanos en las calles. No causa sorpresa que, en una reciente cumbre de alcaldes sobre seguridad, el desarme se discutiera como una de las preocupaciones más sentidas de los centros urbanos.

Estas dos absurdas tragedias han vuelto a poner sobre el tapete ese difícil debate sobre la posesión de armas en las ciudades. Durante varios años, la administración capitalina, junto con otros gobiernos locales del país, ha impulsado infructuosamente una iniciativa legislativa para desarmar y sancionar el porte de armas blancas. No obstante, el tema no ha logrado avanzar en la agenda del Congreso.

Para los burgomaestres, la proliferación de armas de fuego, legales e ilegales, y de armas blancas en manos de los ciudadanos está vinculada directamente con los altos índices de criminalidad, de homicidios y de lesiones personales que aquejan a la mayoría de urbes.

Sin embargo, para muchos ciudadanos, tener armas no solo es un derecho, sino también la única protección posible frente a unas autoridades a las que perciben como ineficientes, en el mejor de los casos, y como corruptas y aliadas con los delincuentes, en el peor. Además, los problemas estructurales de la rama judicial llevan a muchos a justificar el hacer justicia por la propia mano.

Lo cierto es que el número de armas en manos de los ciudadanos está en el corazón del problema de seguridad urbana. Cualquier política que los alcaldes busquen implementar requiere, inevitablemente, enfrentar la discusión sobre el desarme y el endurecimiento de los castigos contra el porte ilegal de armas blancas y de fuego. Mientras tanto, las calles seguirán siendo espacios peligrosos, donde balas perdidas matan a niñas de colegio que apenas comienzan la vida.

editorial@eltiempo.com.co