Cada uno de los casos de muertos reportados en combate por la Fuerza Pública desde el 2006, por los que se pagaron recompensa a informantes a través de gastos reservados son revisados con lupa por las Fuerzas Militares y con apoyo de la Contraloría General de la República.

La decisión hace parte del paquete de 15 medidas adoptadas por el Ministerio de Defensa, para evitar que se repitan casos como los ‘falsos positivos’ de los jóvenes desaparecidos de Soacha, a principios del año pasado.

La auditoría se realiza a las Fuerzas Militares y a la Policía, a los directores de Inteligencia, a Directores de los Gaula, a Comandantes de los Gaulas a nivel regional, a los Jefes de Estado Mayor de Divisiones y a las Brigadas del Ejército, y al Director de la Dijín. “En estas revistas, la Contraloría ha tenido acceso al proceso de ejecución presupuestal así como a la gestión de los mismos”, dice el informe del Ministerio de Defensa.

Según el documento del Ministerio de Defensa, que el 17 de noviembre del 2005 estableció recompensas a informantes, el pago va desde 10 salarios mínimos mensuales, es decir, 4,5 millones de pesos por “miembros de guerrillas, escuadras o rasos”, hasta 5.000 millones de pesos por jefes guerrilleros o de organizaciones armadas al margen de la ley.

Según el paquete de 15 medidas del Ministerio, ningún integrante de la Fuerza Pública o servidor del Estado podrá cobrar recompensas por bajas en combate y “todo pago de una recompensa debe ser aprobado por acta del Comité Técnico de Seguimiento”, integrado para tal fin.

Las nuevas disposiciones, para evitar ‘falsos positivos’ hacen especial énfasis en la capacitación de militares y policías en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario