A estas alturas del fin de semana, el procurador general, Alejandro Ordóñez, le debe estar dando los últimos retoques al documento con el que –de buena fe– intentará ponerles fin a los roces entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno Uribe.

Paradójicamente, la Corte está resolviendo en este momento una queja en contra de Ordóñez, por supuestas inconsistencias en el fallo que absolvió disciplinariamente al hoy embajador en Italia, Sabas Pretelt de la Vega, y al ministro de la Protección, Diego Palacio, por la yidispolítica, un expediente en el que la Corte ya tiene tres condenados.

El autor de la queja contra Ordóñez es el representante a la Cámara Germán Navas Talero.

Se trata del mismo congresista que impulsó la investigación en contra de 86 de sus compañeros por votar de manera presuntamente irregular el referendo reeleccionista, un tema que terminó por agravar la situación. Ya hay al menos ocho representantes que se abstendrán de votar el referendo para no poner en riesgo sus investiduras.

En la Corte insisten en que la investigación obedece a una dinámica estrictamente judicial.

Pero también admiten que la decisión de la Unidad de Análisis Financiero (Uiaf) de divulgar un informe confidencial en el que le notifica a la Fiscalía presuntos movimientos sospechosos de magistrados no cayó nada bien en el Palacio de Justicia.

Primero –dicen–, porque desde diciembre del 2006 los magistrados de la Corte Suprema se pusieron a disposición de la Comisión de Acusaciones para que esculcara sus cuentas y vidas; y segundo, porque el mismo jefe de la Uiaf que reveló el informe envió una circular hace menos de dos meses en donde exige que se respete el carácter reservado de los informes de esa entidad.

“Si están investigando a unos magistrados por sus relaciones con el señor Ascencio Reyes, por qué no investigan a generales, ministros, embajadores y ex gobernadores que también guardan nexos con él”, pregunta un magistrado del Consejo de Estado.

Por eso, en cambio de árbitro, las cortes prefieren esperar a que los cuatro relatores de la ONU que visitarán el país –especialmente el de la independecia judicial, Leandro Despouy– hagan una radiografía de lo que está sucediendo en el país, incluyendo la idea de la Asamblea Nacional Constituyente.

“La camorra no está acá”, le dijo el viernes a EL TIEMPO el presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez.

En el Gobierno, mientras tanto, recuerdan que la invitación a los relatores la extendió el propio Canciller y están a la espera del documento del Procurador –a quien ya habían buscado para un primer acercamiento con las Cortes– para pronunciarse.

Sin embargo, voces cercanas a Casa de Nariño, como Rodrigo Rivera, aseguran que la Corte tiene amedrentado al Congreso y en riesgo la inviolabilidad de las opiniones y votos de los congresistas.

Y otros añaden que no puede haber espíritu de cuerpo para defender la vida subterránea de magistrados indelicados: “Se está sacrificando la majestad de la justicia y pierde nivel la rama en general”.

Además, aseguran que la Corte Suprema no le abona un solo gesto al ejecutivo, como el hecho de haber tomado la iniciativa y financiado la comisión de apoyo a la investigación de la parapolítica.

A este anális le cuelgan la hipótesis de que el alto tribunal pareciera no tener el mismo interés por desenmascarar la ‘farcpolítica’, “creando un desbalance en la justicia que genera sospechas sobre su imparcialidad”.

Y se lamentan de haber suprimido el Ministerio de Justicia, el puente natural entre el ejecutivo y las Cortes, que habría facilitado las cosas en episodios como los que se viven.

Con ese telón de fondo y con el hecho de que el presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez, no reconoce contendiente y por ende, tampoco árbitro, comienza una nueva semana de tensiones