CORRESPONSAL DE EL TIEMPO El presidente del Ecuador, Rafael Correa, está empecinado en librar una guerra abierta contra un sector de la prensa al que acusa de “corrupto” y “mentiroso” y al que amenazó con enjuiciar por “conspirador y desestabilizador”.

Alentado por sus homólogos de Venezuela y Bolivia, la confrontación no la quiere librar solamente con los medios y periodistas locales, que ya sufren los embates del cuestionamiento oficial. Su objetivo es llevar a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) una legislación más dura para “sanear” a los países miembros de “la prensa corrupta”. “Libertad sin responsabilidad es simplemente barbarie”, dijo el gobernante en un acto castrense.

Las palabras de Correa han pasado rápidamente del discurso a la realidad. El canal Teleamazonas, uno de los medios más importantes, de mayor sintonía y crítico del Gobierno, espera en el paredón luego que el Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel, véase entrevista) –un organismo colegiado en el que el Gobierno tiene mayoría–, le impuso una sanción y le abrió dos procesos administrativos que pueden provocar que el Estado le revoque la licencia.

El episodio recuerda la batalla emprendida por el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez contra el opositor y emblemático canal Radio Caracas Televisión, que se selló con la no renovación de su licencia. Batalla similar se está librando contra el también opositor Globovisión.

El canal fue multado con 20 dólares por haber transmitido en horario familiar, dentro de un reportaje, un minuto de imágenes taurinas. “Esto se veía venir desde que el Presidente comenzó a agredir e inició una campaña de desprestigio contra los medios”, dijo a El TIEMPO, el director de noticias de Teleamazonas, Carlos Jijón. “No es por los toros por lo que nos están juzgando o nos quieren cerrar. Lo que en verdad ha molestado son las informaciones que hemos dado sobre la vinculación de miembros del Gobierno con las Farc, de las reuniones del señor Gustavo Larrea (ex ministro del Interior) con las Farc y el hecho de que tenía dos cédulas de identidad; de las vinculaciones de Chauvín (ex subsecretario de Gobierno) con el narcotráfico, señaló.

Un segundo proceso enfrenta el canal, “acusado de difundir información sobre supuestos” por transmitir, en vivo, la irrupción de políticos de oposición a un centro de conteo de votos, paralelo al Consejo Nacional Electoral, al que los opositores calificaron de “clandestino”. La eventual sanción le representaría una suspensión de hasta de 90 días.

‘Información falsa’ Correa también responsabilizó a Teleamazonas de instigar a la población con una “información falsa”, que advertía sobre daños a la pesca en la isla Puná, por las exploraciones de gas que realiza la estatal venezolana Pdvsa.

Esto generó un tercer proceso que implicaría la reversión definitiva de la frecuencia.

Pero la televisora, de propiedad del banquero Fidel Egas, y con 35 años al aire, asegura que las advertencias las hicieron los pobladores y pescadores de la zona.

Egas, de todas maneras, deberá dejar de ser propietario del canal porque la nueva Constitución prohíbe que los banqueros sean dueños de medios de comunicación.

Mónica Chuji, ex secretaria de Prensa de Correa, señaló que “se vive una lucha de poderes (…), uno representado en los medios tradicionales que han monopolizado la información y la libertad de expresión, y otro en un Gobierno que pretende desarticular todo lo que sea crítica y discrepancia”.

Pero la pelea no es solo con Teleamazonas. El Conartel ha abierto alrededor de 25 procesos administrativos en contra de diferentes medios, con base en una Ley de Radio y Televisión expedida en 1975, durante la dictadura militar.

Por ejemplo, la transmisión, en horario familiar, de la serie de dibujos animados Dragon Ball Z o Los Simpsons también se ha restringido.

El experto en temas de comunicación social Rommel Jurado puntualizó que “hay una legislación de ancestro castrense y dictadura contrapuesta con una nueva Constitución, que garantiza y multiplica los derechos de comunicación”.

Hay más casos. En marzo del 2007, el Gobierno ya había enjuiciado por desacato al diario La Hora, que se negó a rectificar un editorial. El influyente periodista Carlos Vera dejó el espacio de noticias en la cadena Ecuavisa, “por presiones del régimen”, según explicó. Además, Correa ha llamado “pitufos” a los periodistas críticos, y ha utilizado epítetos como “mediocres”, “corruptos”, parte de la “miseria humana” y “perro guardián del statu quo”, para referirse a los medios. Y ahora, anunció recientemente, creará un espacio dentro de sus acostumbrados enlaces sabatinos para refutar las informaciones de los medios.

La confrontación ha llegado al punto que el ex ministro Larrea llegó a acusar a periodistas de recibir sueldos de la CIA, pero no dio ningún nombre.

Por eso, para Jijón, aún hay un gran sector de la sociedad que no es consciente del peligro que se cierne en el país contra las libertades ciudadanas. “Los signos están ahí, hay una campaña constante de desprestigio, de intimidación a la prensa y hemos pasado a una segunda etapa en la que se pretende cerrar un medio de comunicación”.

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LOS MEDIOS CONTROLADOS POR EL GOBIERNO De revertirse la frecuencia a ‘Teleamazonas’, el gobierno de Rafael Correa sumaría otro medio de comunicación a los 13 de radio, prensa y televisión que ya están bajo su control, la mayoría, incautados a ex banqueros.

‘EcuaTV’: canal creado en este Gobierno con el apoyo económico de Venezuela; ‘El Ciudadano’: diario digital e impreso creado por el actual régimen; ‘Radio Nacional’; las televisoras ‘GamaTV’, ‘Telecentro’, ‘Cablevisión’, ‘Cabledeportes’ y ‘América Visión’, y las radios ‘Super K’, ‘Carrusel’ y ‘Universal’: incautadas en el 2008 a los hermanos Isaías, ex propietarios del quebrado banco Filanbanco; diario ‘El Telégrafo’ y la radio del mismo nombre: incautados en el 2002, al ex propietario del quebrado banco El Progreso.

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