Es claro que si no existe un superávit primario en las cuentas del Gobierno, en el sentido en que logra excedentes después de pagar el servicio de la deuda, el saldo de la deuda continuará aumentando. Y eso es precisamente lo que muestra la curva del déficit primario que también es negativo, incluso entre 2003 y 2006, años en los que la economía colombiana entra una fase de prosperidad inusitada.

El gráfico sobre la deuda pública colombiana muestra que el país mantuvo unas políticas macroeconómicas conservadoras y relativamente sanas durante la mayor parte del siglo XX, pero que al final se descompone: gasta mucho más de lo que recauda y no tiene elementos de política que le permitan hacer un ajuste del gasto para lograr equilibrios que garanticen el crecimiento de largo plazo, como sí lo pudo hacer en las diferentes fases de crisis y desequilibrios del pasado.

Aunque la deuda como participación en el producto se contiene y algo se reduce entre el 2004 y 2006, ello obedece a razones un tanto perversas: una revaluación del peso -que perjudica a los exportadores y a las empresas que compiten con las importaciones- y que hace caer el numerador de la parte de la deuda en dólares y eleva el denominador en pesos del coeficiente, mientras que el recaudo tributario corresponde a uno de pleno empleo o máximo uso de la capacidad productiva de la economía.

LAS FINANZAS DE LOS NIVELES TERRITORIALES Resulta interesante ver en el muy largo plazo cómo el país pasa de un enorme centralismo en 1840, a un debilitamiento del Estado en general y del central en particular, en los años del radicalismo federal, cuando se reduce la participación del 90 al 50 y 60 por ciento.

El proceso de centralización iniciado por La Regeneración no se profundiza demasiado durante el siglo XIX. En el siglo XX las reformas a la Constitución introducidas en 1910 y la reactivación del municipio durante los años veinte permiten mantener niveles relativamente altos de recaudo tributario y de gasto consonante en esos niveles. El recaudo departamental mientras tanto roza el 35 por ciento de los recaudos totales del Estado y los municipios se acercan al 20 por ciento del mismo.

Pero posterior a 1936 y a la Segunda Guerra Mundial se acrecienta el centralismo: el Gobierno Nacional tiende a concentrar el recaudo que se aproxima a 75 por ciento del total hacia 1980, mientras se marchitan tanto los departamentos como los municipios, ambos con cerca del 12 por ciento.

Después del reordenamiento de 1991, la participación del Gobierno Central en el recaudo cae a 74 por ciento, continúa marchitándose el nivel departamental y ganan algún dinamismo los municipios.

Sin embargo, en cuanto al gasto, las transferencias acordadas milimétricamente en la Constitución de 1991 han modificado profundamente el panorama territorial, siendo contenidas por un acto legislativo de 2001 que las dejó plantadas en 9 por ciento del PIB.

No hay duda que se trata de una mejora sustancial para las disponibilidades, sobre todo de los municipios, porque los departamentos sólo lograron aumentar en un punto del PIB su gasto, del 3 al 4 por ciento del PIB, apalancado en transferencias.

Sin embargo, los municipios que partieron de un gasto de 1,6 por ciento del PIB en 1987 alcanzaron el 5,5 por ciento del mismo en 2005.

La descentralización ha permitido entonces un fortalecimiento de los municipios gracias a las transferencias y, en menor medida, a su propio esfuerzo fiscal, que ha estado concentrado en Bogotá, Medellín y en otros pocos municipios del país. El resto del sistema ha mostrado pereza fiscal.

Los recursos acopiados a nivel territorial se duplicaron como participación en el Producto Interno Bruto, pero los municipales se cuadriplicaron, lo cual les entregó importantes recursos públicos a unas administraciones municipales así fortalecidas.

La tributación municipal ha ascendido de 0,8 por ciento del PIB en 1987 a 2 por ciento del PIB en 2006, gracias en parte a nuevos tributos como la sobretasa a la gasolina, pero también a esfuerzos mayores en relación con el impuesto predial (actualización del catastro, autoavalúo y aumento del Censo de predios) y el de industria y comercio que es otro impuesto que recae sobre las ventas. Sin embargo, el esfuerzo municipal mayor lo hace Bogotá, seguido de Medellín, mientras el resto manifiesta evidente pereza fiscal.

Reciben casi 5 por ciento del PIB en transferencias del Gobierno Central en el año 2006.

Entre tanto, los departamentos muestran inercia con respecto a los tributos que recaudan (1 por ciento del PIB) y dependen mucho de las transferencias que ejecuta el Gobierno Nacional para ellos, que son del orden de otro 3 por ciento del PIB.

La escasa importancia de la tributación local resalta los incentivos que despiertan las transferencias en las regiones: demandar recursos del Gobierno central en vez de generarlos con esfuerzos propios. Parafraseando a Jean Paul Sartre se podría decir que “Los impuestos son los otros” que es el lema oportunista de los evasores. Es notable la casi nula tributación de los predios rurales en el sostenimiento de los municipios a que pertenecen.

El problema de fondo no es una alegada ‘ausencia de Estado’, sino la falta de ‘construcción de Estado’ desde la célula municipal, que bien podría fortalecer programas de educación, salud y seguridad con qué derrotar políticamente a la insurgencia.

Otro tema fiscal importante es el endeudamiento externo, que para el caso colombiano durante el siglo XX ha sido principalmente público y que pasamos a estudiar seguidamente.

A. LA DEUDA EXTERNA Comportamiento de la deuda en el siglo XX Colombia recibió el siglo XX con una deuda cercana a los 3 millones de libras esterlinas, algo mayor que la venezolana y ecuatoriana, pero considerablemente menor que el saldo de las deudas argentina y mexicana. Es decir, a pesar de las múltiples negociaciones y cese de pagos del siglo XIX, el nivel de endeudamiento externo del país era de los más bajos de la región.

El inicio del siglo también se vio marcado por la Guerra de los Mil Días (1899-1902), la cual fue financiada en parte con deuda externa. Sin embargo, la indemnización por el istmo de Panamá (1923-1926) y el auge del cultivo cafetero a partir de 1905, significaron una entrada de capitales al país que permitió reducir el monto de la deuda. Esto sumado al buen comportamiento de la balanza de pagos, al incremento de la capacidad financiera y a las reformas del Gobierno de Rafael Reyes, permitieron cumplir de manera estricta con los servicios de la deuda durante las primeras dos décadas del siglo. Esto le permitió al país comenzar a recuperar su credibilidad perdida.

Durante los años 20 hubo un creciente flujo de crédito externo que sirvió para financiar diversos programas de obras públicas, periodo que se conoce como de ‘la prosperidad al debe’. Hacia finales de 1928, el precio externo del café inició una fase de declinación lenta, producto del desajuste entre la capacidad productiva y la demanda del grano (Posada 1989, 78). Agregado a lo anterior, el exceso de deuda y de gasto provocó un aumento de la inflación, hecho que inquietó a los prestamistas estadounidenses en los mercados de deuda en Nueva York.

'' El proceso de cen- tralización iniciado por La Regenera- ción no se profun- diza demasiado du- rante el siglo XIX