Washington/EFE. El gobierno de Estados Unidos anunció ayer nuevas normas sobre los salarios máximos para ejecutivos, por las cuales los accionistas y la Comisión del Mercado de Valores desempeñarán un papel a la hora de decidir esos pagos.

Las normas se aplicarán a los principales ejecutivos de las más importantes empresas que han recibido miles de millones de dólares en ayuda del Estado para sobrevivir durante la crisis económica actual, indicó el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, en un comunicado.

El Gobierno propondrá que el Congreso apruebe una legislación que obligue a que los comités que determinan los salarios y bonificaciones de los directivos sean independientes de la administración de la empresa.

Asimismo, pedirá también legislación que conceda a la Comisión de Valores la autoridad para requerir que los accionistas puedan tener un voto no vinculante en sus asambleas anuales sobre los salarios de los ejecutivos.

Las nuevas medidas representan un abandono de los planes iniciales del Gobierno del presidente Barack Obama, quien a principios de este año anunció que limitaría a medio millón de dólares las compensaciones a los ejecutivos de empresas que reciben ayuda estatal.

Al parecer, la Casa Blanca ha concluido que esa medida sería demasiado difícil de imponer para las empresas financieras que intentaran competir con las compañías que no reciben esa ayuda estatal y que pueden ofrecer a sus ejecutivos salarios mucho más altos.

No obstante, al anunciar las medidas, Geithner insistió en que las remuneraciones a los ejecutivos fueron “una práctica que contribuyó” a la crisis financiera.

El abogado Kenneth Feinberg, quien desde el Departamento del Tesoro supervisó el fondo de compensación para las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, sería el encargado de supervisar el pago de los ejecutivos. Para este fin se crearía la figura de Director de compensaciones.

Feinberg podrá rechazar planes que incluyan, a su juicio, compensaciones excesivas a los directivos de empresas que hayan aceptado fondos dentro del plan de rescate financiero de 700.000 millones de dólares aprobado el año pasado