La crisis financiera, definitivamente le pasará cuenta de cobro al país, no sólo por el lado de los ingresos, sino también por el de la deuda, y lo peor es que las medidas del Gobierno (fundamentalmente, créditos para prefinanciar los faltantes del 2009 y 2010 y asegurar líneas de contingencia) no han sido muy efectivas para reducir el impacto.

A esta conclusión llegó el estudio ‘Caracterización de la política fiscal en Colombia y análisis de su postura frente a la crisis internacional’ realizado por el investigador del Banco de la República Ignacio Lozano, en el que se cuestiona el llamado “plan de choque” del Gobierno y en el que se advierte que para el 2010, basado en el anteproyecto de presupuesto, no se ven recursos para compensar la crisis.

“La autoridad fiscal no ha formulado realmente un programa contracíclico, como una respuesta explícita para afrontar la caída de la actividad económica, como sí lo hacen otros países de la región, como Chile, Perú y la mayor parte de los países industrializados”, señala el estudio.

En el documento se establece que los ingresos del Gobierno podrían caer, en términos reales, entre 3 y 4,5 por ciento el año entrante. Esto depende de qué tan fuerte sea la desaceleración. En un escenario moderado, se estima que el crecimiento este año será del 0 por ciento y la recuperación tardará tres años, y en uno pesimista se proyecta una caída de la economía este año del uno por ciento y una recuperación más lenta.

Los estimativos también dicen que, al final de este año, la deuda alcanzará el 39 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y “seguirá ascendiendo hasta llegar a 41,6 por ciento en el 2011. Si la caída del crecimiento es más severa y la economía se recupera más lentamente, la deuda aumentaría 10 puntos del PIB”.

Ante ese panorama fiscal, y asumiendo que sólo en el 2012 ó 2013 se podrán volver a ver tasas de crecimiento como las registradas antes de la crisis, a las autoridades económicas no les quedará más remedio que plantear otra reforma tributaria, pues por el lado del gasto está maniatado y con nuevos compromisos que tienen relación con programas de infraestructura, seguridad y protección social, como Familias en Acción. En este frente se encontrará con las limitaciones que imponen los beneficios tributarios que ha entregado en otras reformas