De acuerdo con las autoridades varios funcionarios del Instituto de Seguros Sociales, con ayuda de abogados, estarían comprometidos en un fraude que supera los 8.000 millones de pesos en el pago de pensiones.

Al parecer estos trabajadores actuaban a través de empresas que ya no existían e historias laborales falsas, al igual que la alteración de los salarios y las semanas cotizadas.

La investigación, que se inició por un informe presentado por la Contraloría en el 2000, cuando se dieron a conocer posibles irregularidades en esta entidad del Estado, llevó a que fueron ordenadas 63 órdenes de captura.

Ayer, desde las primeras horas, en Cali y el norte del Valle del Cauca, se iniciaron las diligencias del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y por un Juez de Control de Garantías.

Yaneth Lucía Rosero, directora seccional encargada del CTI, explicó que en este caso se están aplicando los sistemas Penal Mixto y Penal Acusatorio, por los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento público y privado.

Hasta el momento se han capturado 19 personas, cinco de ellas funcionarios del antiguo ISS, dos abogados y 12 particulares que se habrían visto beneficiados con los fraudes. Estos últimos tienen entre los 50 y 80 años de edad.

Tres de las personas a las que se les hizo diligencias de registro, allanamiento y captura residen en Zarzal, un abogado y dos beneficiados.

“Hay pensiones que fueron concedidas a personas que no presentaban ninguna semana de cotización, o con salarios superiores a los que debían percibir”, señaló el subdirector del DAS en el Valle, Jorge Armando Rubiano.

Los detenidos aguardaban las audiencias para saber su situación judicial.

63 órdenes de capturas han sido emitidas en desarrollo de esta investigación por irregularidades en pensiones