El Ministerio del Interior le salió ayer al paso a los cuestionamientos y a la advertencia que le lanzó la Contraloría General por los sobrecostos en los que habría incurrido en la compra de un predio en Huila y por el riesgo ambiental que representa.

Antes que todo, la cartera de los asuntos políticos explicó, a través de un comunicado, que desde el 27 de mayo había enviado respuesta y toda la documentación a la Contraloría General de la República sobre la adquisición del predio, y que un día antes envió copia de la documentación a la Procuraduría General de la Nación.

“El predio fue revisado por la Lonja de Propiedad Raíz de Popayán, que tiene la autorización legal para hacer esta clase de avalúos. El Ministerio adquirió una póliza de seguro para el caso de que el avalúo no corresponda a la realidad”, señala una comunicación del Ministerio.

Igualmente, aclara que el predio ha tenido vocación agrícola y “ha sido utilizado para ganadería extensiva, según afirmó el propietario anterior, durante un debate en el Congreso”.

Agrega la cartera del Interior que si bien los procesos de pago y escrituración se realizaron en los meses de junio y diciembre del año pasado, solo en febrero de este año la Corporación Autónoma del Cauca aseguró que el predio era reserva forestal.

“Hasta la fecha (2 de junio) no consta ninguna anotación en el predio que señale esa condición. El Ministerio del Interior y de Justicia está listo a atender ante los organismos de control los requerimientos que se hagan para determinar los cumplimientos legales en la adquisición de este predio”, termina señalando la comunicación.

Tierras para reparación.

Según la viceministra del Interior, Viviana Manrique, el predio fue adquirido a raíz de una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para reparar a las víctimas de la masacre de la Hacienda el Nilo, ocurrida en 1991