El Gobierno le ganó el pulso a la ONU. Al cabo de su visita a Colombia, John Holmes, subsecretario para Asuntos Humanitarios, ofreció una conferencia de prensa. Quizá por pragmatismo o hasta por supervivencia, Holmes se plegó a las demandas del Gobierno.

El alto funcionario dejó claro que el Gobierno logró imponer su lenguaje.

Los comunicados de prensa hacen referencia a “una situación humanitaria seria” y no a una “crisis humanitaria”. A la pregunta ¿cree usted que existe un conflicto armado?, Holmes afirmó que la respuesta no constituye un “tema crucial”. La directora de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia aseveró que los debates semánticos “matan la esencia”. Desatinada simplificación, pues el lenguaje expresa la interpretación de una realidad.

El viraje en el lenguaje se consagró en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un documento que presenta la visión de las agencias y programas para el periodo 2008-2012. Allí, por exigencia del Gobierno, no se encuentra la expresión “conflicto armado”. Holmes reconoció que la ONU abandonó la utilización de ciertas expresiones por las molestias que causan, pero no exhibió preocupación alguna por las consecuencias políticas de esta decisión.

En respuesta a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Gobierno ha adjudicado importantes recursos económicos para la atención de la población desplazada. Las donaciones internacionales ejecutadas por los humanitarios de la ONU palidecen frente a los montos gubernamentales. Por eso, el valor de la presencia de la ONU no se puede medir solo por el alcance de la ayuda humanitaria, sino también por su impacto político. La renuncia a la caracterización de una realidad conforme a la convicción –y no al simple pragmatismo– no debería ser minimizada, como lo fue por los funcionarios de la ONU. Valdría la pena recordar que, durante las audiencias públicas para el Estatuto de Víctimas que la misma ONU auspició, una buena mayoría de los participantes reclamó la declaración de la existencia del conflicto como parte del reconocimiento de su carácter de víctima y de la recuperación de su dignidad. En un conflicto tan degradado, lo único que le queda a la ONU son las palabras.

Pero la verdadera sorpresa –toda una chiva noticiosa– radicó en la renuncia a una eventual facilitación de la ONU en Colombia en un futuro, por lejano que esté. “La ONU no considera útil un diálogo político con las Farc”, aseguró Holmes. Si semejante afirmación respondiera a una visión estratégica de la ONU, el mensaje para las Farc sería contundente. Implicaría que la ONU no reconoce a las Farc como un interlocutor político y significaría un alineamiento de peso con la posición gubernamental. Pondría a pensar a quienes quieren lanzarse a una apresurada negociación de paz sin exigirles a las Farc unos mínimos éticos que puedan hacer viable la legitimación del diálogo.

No obstante, lo más probable es que Holmes, en su afán por congraciarse con el Gobierno, no se haya dado cuenta siquiera de lo que dijo. Prosiguió destacando que podrían existir diálogos para la creación de espacio humanitario –la capacidad de los actores humanitarios de efectuar su trabajo conforme a los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad–, pero señaló que incluso ellos provocan incomodidad.

A todas luces es notorio que la Secretaría General no tiene nada pensado para Colombia, probablemente por el poco interés que Ban Ki-moon muestra en América Latina. Es una lástima: a excepción de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, que sí se atreve a hablar de conflicto armado, la ONU se está desdibujando. Si realmente cree que las Farc no ameritan la interlocución política, eso debería ser una bandera de convicción y no solo un gesto hipócrita hacia el Gobierno