Se cumplen, en diciembre y enero, cincuenta años de la aprobación y promulgación, respectivamente, de la Ley 2a. de 1959, mediante la cual se establecieron las grandes Zonas de Reserva Forestal (ZRF) de Colombia y se sentaron las bases para la declaratoria de los Parques Nacionales Naturales. Constituye, sin duda, esta norma el primer instrumento de ordenamiento ambiental del territorio en el país.

Las ZRF declaradas (Amazonia, Pacífico, Central, Río Magdalena, Serranía de los Motilones, Cocuy y Sierra Nevada de Santa Marta) comprendieron originalmente una extensión de algo más de 65 millones de hectáreas. Casi el 60 por ciento de nuestra superficie continental. En el transcurso de los años se han sustraído legalmente del régimen de reserva forestal más de 13 millones de hectáreas, cuyos bosques desaparecieron casi en su totalidad y fueron sustituidos por cultivos agrícolas y, mayormente, por pastos para ganadería. Es decir, ya se redujo en un 20 por ciento el área inicial.

Pero eso no es todo. Aunque, en general, en las ZRF que se superponen con áreas de parques nacionales, resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades afrocolombianas, la cobertura boscosa se mantiene en aceptable estado de conservación, es evidente que, dentro de estas y en sus contornos, los procesos de deforestación y cambio de uso de la tierra, tala ilegal, explotaciones mineras, etc., vienen ocasionando considerable deterioro ambiental y pérdida de la biodiversidad, y son, además, causa de muchos otros impactos negativos, entre ellos, derrumbes, inundaciones y daños a la infraestructura vial, que afectan a poblaciones enteras.

Las ZRF constituyen el patrimonio forestal de la nación. Que debe ser permanente y no puede, por tanto, permitirse que se reduzca más. Lo cual no significa que no pueda ser manejado en forma sostenible. Estas reservas fueron establecidas con una doble finalidad: la protección de aguas, suelos y vida silvestre (aquellas clasificadas como zonas forestales protectoras) y el desarrollo de la economía forestal (aquellas destinadas a la producción forestal). Así, pues, los bosques de las ZRF, además de prestar insustituibles servicios ambientales, también pueden contribuir significativamente a la generación de empleo e ingresos, a la erradicación de la pobreza y, más ampliamente, al desarrollo de las comunidades locales y la construcción de paz, siempre y cuando sean manejados con criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental.

Sin embargo, grande es el saldo de deuda que tiene el Estado colombiano con los postulados y mandatos de la Ley 2a. Sobresale el incumplimiento de la disposición que establece la obligación de elaborar y aplicar en los bosques de las ZRF Planes de Ordenación Forestal. Ello es causa principal de la anarquía que reina en el aprovechamiento de maderas, extraídas de cualquier parte; de la ilegalidad en su transporte y comercialización; del poco o nulo beneficio que tal actividad deja a los pobladores que dependen del uso de los recursos forestales para apenas subsistir, y, en general, de la poca gobernabilidad forestal.

Naturalmente, no pueden achacarse a la actual administración todos los males que trae consigo medio siglo de omisiones y desentendimientos. Pero sí es menester que revise a fondo cuál ha sido su papel en la gestión forestal durante los últimos seis años. Difícilmente puede hablarse de políticas exitosas en este campo, con un Plan Nacional de Desarrollo Forestal en el limbo y una respuesta elusiva frente al vacío generado por la declaratoria de inexequibilidad de la Ley Forestal. Convendría, con ocasión de esta efeméride, que el Gobierno Nacional propiciara, durante el año 2009, espacios de diálogo y reflexión entre los actores forestales, orientados a la búsqueda de acuerdos mínimos para lograr que el legado que hasta hoy nos deja la Ley 2a. contribuya efectivamente al desarrollo sostenible, al bienestar y a la paz de Colombia.

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