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GOBIERNO INVESTIGARÁ A MILITARES

Barrancabermeja necesita soluciones para la violencia, principalmente de la guerrilla y los paramilitares, y la impunidad que hay, en general, en el Magdalena Medio. Por ello, ayer representantes del Gobierno que hacen parte del Comité Nacional Antisicarial se reunieron en la mañana en esa ciudad. Asistieron, entre otros, el ministro de Gobierno, Humberto de la Calle Lombana; de Defensa, Rafael Pardo Rueda; el consejero presidencial para la Paz, Horacio Serpa Uribe; el procurador general de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta; el jefe del DAS, Fernando Britto, y Gilberto Echeverri, consejero presidencial para la Política Social.

Sin duda la situación en la zona es compleja como lo señaló Serpa al indicar los factores de violencia: la delincuencia común, el robo de gasolina a Ecopetrol y la acción guerrillera urbana.

Tras oír a algunos representantes de organizaciones cívicas y populares de la zona, se tomaron algunas medidas que, por ahora, tocan a algunos militares. Se busca que no se excedan en el cumplimiento de sus funciones.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Eduardo Roca Maichel ordenó de inmediato abrir investigación contra los mandos del Ejército y la Policía en Barrancabermeja, sindicados por algunos pobladores de promover grupos paramilitares. El procurador regional, Jaime Troconis Santodomingo, indicó cómo la Policía Técnica Judicial dispone solo de cuatro agentes para atender a los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres. Esto determina un represamiento de 1.767 expedientes, de los cuales solo 84 se han trabajado y cinco han sido resueltos.

Para evitar excesos en su labor de vigilancia, el Gobierno anunció aquí que estará pendiente de la actuación de cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Este es uno de las principales compromisos adquiridos por los representantes del Gobierno entre otros el ministro de Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, de Defensa, Rafael Pardo Rueda; y el consejero presidencial para la Paz, Horacio Serpa Uribe en el Comité Nacional Antisicarial que sesionó ayer.

El Gobierno nacional analizó, con representantes de la ardiente región, la confrontación bélica que se libra en el puerto petrolero y las zonas aledañas.

Para buscar la paz, se coordinarán las acciones de todos los organismos del Estado, de tal manera que puedan fortificarse los elementos de investigación y de protección ciudadanos y devolverle la credibilidad a las instituciones.

Aunque se trata de un proceso que no es posible cumplir de la noche a la mañana, existe un compromiso formal con la comunidad para bajarle la presión a la violencia y contrarrestar por lo menos una ola de asesinatos que, en solo un mes, supera el medio centenar en Barrancabermeja.

El Comité Antisicarial escuchó las quejas de distintos organismos, entre ellos el sector campesino, el Comité Cívico de Convivencia Ciudadana, la Cámara de Comercio, el Comité Regional de los Derechos Humanos, la Iglesia y sectores políticos de izquierda.

Es la tercera vez que se realiza, en un año, una reunión para analizar la situación del Magdalena Medio y convenir acciones para enfrentar la crimininalidad.

Ayer, fueron hechas todo tipo de denuncias, especialmente sobre la actividad de grupos paramilitares a los que se les atribuye según el Comité de Derechos Humanos buena parte de las muertes violentas ocurridas en el último año.

El procurador regional, Jaime Troconis Santodomingo, dijo que hay un alto índice de impunidad en el puerto, debido a la carencia de elementos y recursos para cumplir una labor eficiente.

Asimismo, indicó cómo la Policía Técnica Judicial dispone solo de cuatro agentes para atender a los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres. Esto determina un represamiento de 1.767 expedientes, de los cuales solo 84 se han trabajado y cinco han sido resueltos.

Tampoco hay juzgados permanentes suficientes para garantizar una pronta y cumplida justicia.

Otras denuncias formuladas ayer se refieren al índice de desempleados, que alcanza la cifra de treinta mil, frente a una población económicamente activa de unos 180 mil habitantes, y a las acusaciones contra los comandantes de la Policía, mayor Jaime Orozco Gómez, y el Batallón Nueva Granada, coronel Carlos Alberto Arango Díaz, sobre supuesta coparticipación en conformación de grupos paramilitares. Acciones concretas El Ministro de Gobierno anunció que no serán suspendidos los diálogos de paz en Caracas, los cuales se reanudarán una vez se normalice la situación en el vecino país.

El Gobierno asume la responsabilidad de la preocupante situación en Barrancabermeja y tramitará de inmediato cada uno de los compromisos contraídos en la reunión , afirmó el Ministro.

Según el consejero para la Paz, en Barrancabermeja hay tres factores generadores de la violencia: la delincuencia común, el robo de gasolina a Ecopetrol y la acción guerrillera urbana.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Eduardo Roca Maichel, ordenó de inmediato abrir investigación contra los mandos del Ejército y la Policía en Barrancabermeja sindicados de promover grupos paramilitares; y, de acuerdo con sus resultados, se determinarán las acciones a seguir.

El director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Fernando Britto, anunció que ayer mismo se ordenó cambiar al jefe de ese cuerpo investigativo en el puerto, Daniel Fructuoso Martín Martín, para investigarlo. Pero, desvirtuó que haya participación de la institución en actividades delictivas.

Por su parte, el director nacional de Instrucción Criminal, Carlos Eduardo Mejía, aseguró que serán investigados todos los crímenes y la presencia de grupos paramilitares. Se descartó que haya modificaciones en la jurisdicción de Orden Público en Santander, pero serán creadas antes de 15 días la Unidad Investigativa de Orden Público y una regional de la Procuraduría en Yondó (Antioquia).

Finalmente, se indicó que por ahora no habrá una oficina de Medicina Legal en Barrancabermeja. Víspera violenta Los violentos no cesaron sus acciones en esta región en vísperas de la reunión de Comité Nacional Antisicarial. Javier Ernesto Torres Gutiérrez, precandidato liberal a la alcaldía de El Zulia (Norte de Santander) fue asesinado el jueves por presuntos miembros de la Coordinadora Guerrillera.

Los pistoleros, que atacaron a Torres cuando salía de su casa, hirieron también a Gloria Valencia, cuñada de la víctima, y a un niño de 4 años.

Mientras tanto, en Barrancabermeja sicarios hirieron al concejal de la Unión Patriótica Luis Zárate.

Los dos atentados causaron conmoción en el nororiente colombiano. Las autoridades atribuyeron el asesinato de Torres a un comando de la Coordinadora Guerrillera y dijeron que los asesinos huyeron en dos autos de colores azul y blanco.

En El Zulia fue asesinado el pasado 20 de diciembre el primer alcalde popular, Dubian Peñaranda. El secretario de Gobierno de Norte de Santander, Ciro Alfonso Caicedo, condenó el atentado y pidió la solidaridad de la ciudadanía para combatir el delito.

En El Zulia, una población de 15.000 habitantes, solo hay veinte agentes de policía. Zárate, el concejal herido en Barrancabermeja, es uno de los dirigentes del Frente Amplio del Magdalena Medio.

Por otra parte, el jueves, en la comuna nororiental del puerto petrolero, fue incendiado un bus de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol).

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
9 de febrero de 1992
Autor
JOSE ANTONIO MANTILLA Y EDGAR MURCIA GOMEZ

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