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VENEZUELA ESTRENA LEY DE RÉGIMEN CAMBIARIO

El gobierno del presidente de Venezuela, Rafael Caldera, se anotó esta semana un triunfo al lograr que el Congreso de la República aprobara el proyecto de Ley de Régimen Cambiario, que da potestades al Ejecutivo para controlar las operaciones de divisas.

A duras penas y a pesar del incansable torpedeo de los partidos de oposición -el conservador Copei y el obrerista Causa R- en el parlamento por evitar la aprobación del ley cambiaria, el proyecto fue sancionado con los votos de Acción Democrática (AD), Convergencia del Gobierno y el Movimiento al Socialismo (MAS).

Las tres fracciones parlamentarias lograron, luego de tres intentos, alcanzar el quórum necesario para la aprobación de la nueva Ley de Régimen Cambiario, catalogada por el senador de AD, Leopoldo Sucre Figarella, como un texto contrario a la institución constitucional.

El parlamentario reclamó a viva voz al coordinador de Convergencia, Juan Miguel Uzcátegui, la intransigencia de este gobierno por supeditar la restitución de las garantías constitucionales a la aprobación de las leyes de emergencia.

En manos del Congreso está todavía el proyecto de ley que regulará la emergencia financiera, con cuya aprobación espera el gobierno de Caldera restablecer todos los derechos contemplados en la Carta Magna, que fueron suspendidos en junio de 1994, tras la radicalización de la crisis del sistema bancario venezolano, que provocó la intervención de 16 instituciones financieras, más del 60 por ciento de la banca local.

Desde ese momento, en Venezuela existe un tipo de cambio controlado a 170 bolívares por dólar.

Aguda oposición Causa R y Copei han manifestado su oposición a la Ley de Régimen Cambiario por considerar que la misma limita la autonomía del Banco Central de Venezuela (BCV), en materia cambiaria, cuestión que ha sido rechaza por el directorio del Emisor, en la voz de Domingo Maza Zavala.

La oposición a la Ley Cambiaria se remite fundamentalmente a su artículo dos, que deja fuera la opinión del BCV. La redacción definitiva de ese aparte establece que corresponderá al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, regular los actos, negocios, transacciones y operaciones con divisas.

Además, contempla que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá prohibir, someter a autorización previa, verificación o declaración y, en general, adoptar todo tipo de control administrativo sobre esas actividades .

Las fracciones parlamentarias contrarias a la Ley denunciaron su inconstitucionalidad, por la exclusión del BCV, al punto de que Causa R planteará la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia para solicitar la nulidad de lo aprobado en la sesión conjunta de diputados y senadores efectuada en el hemiciclo del Senado.

El presidente de la Comisión de Finanzas de Diputados, Gustavo Tarre Briceño, de la bancada de Copei, propuso a último momento que se incluyera una moción que estableciera la necesidad de conocer la opinión del emisor sobre el nuevo régimen cambiario.

Este planteamiento no encontró eco entre los 113 diputados y 26 senadores que asistieron a la sesión.

dudas sobre inflación El pacto antiinflacionario venezolano, aún no concretado tras largas discusiones entre el gobierno, trabajadores y empresarios, es demasiado optimista y carece de credibilidad, sostienen analistas.

Es absolutamente crítico controlar la inflación en Venezuela, pero no creo que este pacto vaya a resolver el problema , dijo a Reuters el economista Pedro Palma, vicepresidente de la firma Booz, Allen and Hamilton. Nadie está convencido que el gobierno sea serio acerca del pacto , agregó.

Por semanas, el gobierno tanto fuera como dentro del país, ha estado proclamando un esperado consenso antiinflacionario -similar a los planes aplicados en México y Colombia- como clave para solventar la larga crisis económica que atraviesa Venezuela.

La inflación, que cerró en 70,8 por ciento en 1994 y que ya alcanza nueve por ciento en los tres primeros meses de este año, es vista como uno de los peligros que acechan una economía también acosada por la recesión, una moneda sobrevaluada, un alto déficit fiscal y una crisis bancaria.

Teóricamente, bajo el pacto el gobierno se comprometería a reducir su déficit fiscal, al tiempo que los empresarios acordarían mantener estables los precios y los trabajadores limitarían sus demandas salariales.

El Banco Central de Venezuela, por su parte, aplicaría una ajustada política monetaria.

Una copia preliminar del pacto, publicada por el diario El Universal el jueves, dice que el propósito específico del acuerdo es reducir el índice inflacionario en un 20 por ciento cada trimestre por un año así como iniciar la recuperación de la producción y el crecimiento para lograr prontamente un mejoramiento real del bienestar de las familias venezolanas .

Publicación
eltiempo.com
Sección
Economía
Fecha de publicación
30 de abril de 1995
Autor
MARIA VICTORIA CRISTANCHO

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